A pesar de presentar únicamente 597 listas, sobre un total de 36.681 municipios, ha conseguido 15 alcaldías y más de 1.200 concejales. Entre las razones explicativas de este éxito, se halla el desempleo ya que existe una correlación directa entre el nivel de paro y el voto a favor de la extrema derecha. Así lo demuestra un estudio realizado por la consultoría Taddeo dedicado a la relación que mantienen empleo y dinámicas electorales. Para llevar a cabo ese estudio, ha cruzado los resultados de las elecciones municipales de 2008 y 2014 en 9.000 municipios de más de 10.000 habitantes con las tasas de desempleo registradas en estos municipios en el primer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2013.

Los resultados no dejan lugar a dudas dado que el voto a favor del FN es elevado en las zonas afectadas por un elevado nivel de desempleo y viceversa. Así, como lo subraya Thomas Wieder, en los municipios de más de 10.000 habitantes donde la tasa de paro era inferior al 8%, el FN obtuvo de media el 13,5% de los sufragios; en los Ayuntamientos en los cuales el desempleo se situaba entre el 10 y el 12%, el partido de extrema derecha consiguió el 16,8% de los votos de media; y en los municipios en los cuales el paro era superior al 14%, la formación de Marine Le Pen cosechó el 22,6% de los votos escrutados. Esta correlación se confirma si observamos los datos en una óptica longitudinal ya que, allá donde el desempleo ha aumentado menos del 3% entre el primer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2013, el FN ha obtenido de media el 14,9% de los votos en las últimas elecciones municipales. En cambio, en los municipios en los cuales el paro se ha incrementado en más de un 5%, el partido de extrema derecha ha conocido una progresión más nítida puesto que ha cosechado el 20,4% de media.

Una de las razones de esta fuerte correlación entre tasa de desempleo y voto frentista estriba en el desacredito de los partidos de gobierno, tanto el PS y la UMP, y su incapacidad a resolver el problema del desempleo y de la precariedad laboral. Esa incapacidad resulta, en gran medida, de la pérdida de capacidad de acción de los gobiernos estatales en particular y de las administraciones públicas en general, puesto que no controlan la política monetaria, que se encuentra entre las manos del Banco Central Europeo, y disponen de escasos márgenes de maniobra en materia de política presupuestaria. En efecto, el Tratado de Maastricht (1992) fijaba unos criterios restrictivos (déficit no superior al 3% del PIB) que han sido reforzados por el Pacto de Estabilidad (1997) y endurecidos en diciembre de 2011 ya que, desde entonces, el déficit estructural no puede superar el 1%. Esta situación conduce, a su vez, a una similitud creciente de las políticas socioeconómicas implementadas por los partidos de gobierno, de modo que los electores se encuentren ante una escasa oferta política.

Simultáneamente, bajo la presión de los mercados financieros y la supervisión de las instituciones europeas e instituciones internacionales, tales como la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, los gobiernos estatales, entre los cuales se encuentra el gobierno francés, se han visto obligados a aplicar políticas de austeridad que, además de no resolver los problemas del déficit y de la deuda pública, han obstaculizado el crecimiento económico provocando un retroceso del poder adquisitivo y un incremento del desempleo, de la precariedad laboral y de la pobreza. Las primeras y principales víctimas de estas políticas han sido las clases populares y las clases medias vulnerables.

Consciente de esta evolución, el Frente Nacional de Marine Le Pen ha adecuado su discurso y posicionamiento político. Por una parte, ha insistido sobre la similitud de las políticas implementadas por el PS y la UMP, recurriendo a la expresión ‘UMPS’, para presentarse a sí mismo como la única alternativa creíble ante los partidos de gobierno. Por otra parte, se ha apropiado temáticas sociales para aparecer como el defensor de las clases desfavorecidas que padecen los efectos de las políticas neoliberales impulsadas por la Troika. Así, su crítica del «capitalismo salvaje» y de los «burócratas de Bruselas» y su defensa de la salida del Euro y de un mayor proteccionismo han tenido cierto eco en una parte de las categorías fragilizadas que sufren los efectos de la crisis, desean expresar su descontento y no encuentran una respuesta satisfactoria en los partidos de gobierno.

En definitiva, si la Unión Europea no cambia de rumbo a favor de políticas de reactivación económica y bienestar social, que permitan un crecimiento económico sostenible y un retroceso duradero del desempleo, y si los gobiernos no recuperan cierta autonomía a la hora de diseñar las políticas monetarias y presupuestarias que les permitan ser eficaces y ampliar la oferta política, es poco probable que el voto a favor de la extrema derecha retroceda tanto en Francia como en otros países europeos.