«Te aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro» (Safo).

Fue un domingo de enero de 1980 a la una de la madrugada en Alonsotegi. Fueron cinco kilos de goma-2 en una caja de cartón a las puertas del bar Aldana. Los muertos se llamaban Manuel Santacoloma, Pacífico Fica, Mª Paz Armiño y Liborio Arana. Hubo también nueve personas heridas y un edificio de tres plantas descabalado y condenado al derribo. Después, las banderas a media asta, los balcones con ikurriñas y crespones negros, los pésames institucionales y la muchedumbre de los funerales en Alonsotegi y en Sodupe.

En una llamada telefónica a la redacción de "El Diario Vasco", los Grupos Armados Españoles se habían atribuido el mérito de la explosión. Más tarde dijeron que su objetivo eran los «componentes de la izquierda abertzale». Pero aquel ataque no fue otra cosa que una voladura indiscriminada en un bar frecuentado por parroquianos sin distinción ideológica y regentado por un matrimonio adscrito al Partido Nacionalista Vasco. La puerta del establecimiento daba a la carretera Bilbao-Balmaseda y pudo haber muerto cualquiera.

Partidos políticos y sindicatos vascos convocaron una jornada de huelga general para el martes con un comunicado que exigía el fin de las bandas fascistas, la disolución de las Fuerzas de Orden Público y la ilegalización de Fuerza Nueva. El PNV pidió a sus afiliados y simpatizantes que no secundaran las movilizaciones. Entre otras cosas, porque las movilizaciones no llevaban tan solo la rabia de Alonsotegi sino también la de otros episodios cercanos de guerra sucia y grupos irregulares.

Cinco días antes de la masacre del bar Aldana, Carlos Saldise se encontró con dos balazos a quemarropa en el portal de su domicilio de Lezo. Era miembro de las Gestoras Pro Amnistía y por eso le remitían sobres amenazantes y por fin le dieron muerte. También en esta ocasión los GAE llamaron a “El Diario Vasco” para colgarse la medalla. Fue después, en Alonsotegi, cuando remataron la promesa formulada tras el crimen de Lezo: seguir «ajusticiando a militantes o simpatizantes de la extrema izquierda».

Aquel mes de enero tenía otro gran precedente de delincuencia ultraderechista. La noche del día 9, unos hombres raptaron, violaron y asesinaron a Ana Teresa Barrueta en un camino sin alumbrado de Loiu. Fueron los vecinos quienes encontraron en un hoyo el cuerpo semidesnudo, estrangulado, con cinco costillas rotas y el hígado reventado. Ana Teresa tenía diecinueve años, era miembro de Euskal Herriko Eskautak y acudía los martes y los viernes a la ikastola de Sondika. Sus verdugos conocían sus costumbres y por eso la estaban esperando.

Se formó una comisión popular de investigación. La comarca del Txorierri se echó a las calles con manifestaciones y pancartas que, a petición de la Asamblea de Mujeres, habían de ser blancas o lilas. Lo contaba Ana Ereño en un artículo de la revista Punto y Hora titulado “Ana Tere, ni una violación sin respuesta”. Días después, unos desconocidos irrumpieron en su domicilio, revolvieron sus pertenencias y dejaron un mensaje escrito en la pared junto al anagrama de Fuerza Nueva: «Marxista, cerda: te vamos a violar».

El crimen de Loiu nunca tuvo el aspecto de un asalto espontáneo sino que parecía formar parte de una estrategia de terror sexual. El 4 de enero, raptaron a una joven de 19 años en Irun, la violaron y la abandonaron en el depósito viejo. El 13 de enero, dos hombres armados secuestraron a una joven de 18 años en Errenteria y la violaron en Oiartzun. Ese mismo día, dos hombres violaron a otra joven de 18 años en Pasaia. El 21 de enero, dos hombres armados raptaron a una joven de 18 años en Galdakao y la violaron en Elexalde. El 23 de enero, dos hombres armados trataron de violar a dos menores en Irun.

Esta campaña de pánico sexual había comenzado a finales de 1979 con dos violaciones en Errenteria. Primero fueron a por una joven de 16 años que se encontraba con su pareja en el barrio de Sorginzulo. Después fueron a por una joven de 14 años a la que llevaron por la fuerza a un descampado. El Ayuntamiento y el Grupo de Mujeres de Rentería se encontraron con el gobernador para expresarle la sospecha de que los violadores debían de ser policías o comandos parapoliciales. Los testimonios de las víctimas solo hacían pensar en un móvil ideológico.

Las sospechas se confirmaron en abril de 1980 en Mundaka. Un hombre recogió en su coche a dos jóvenes de Bermeo, las llevó hasta Matxitxako y allí violó a una de ellas. Cuando la víctima se disponía a presentar la denuncia, reconoció el vehículo en el cuartel de la Guardia Civil de su pueblo. El agente, que se llamaba Pedro García, se negó a declarar ante el Juzgado de Instrucción de Gernika y aprovechó un permiso para suicidarse en Guadalcanal, Sevilla, después de haber matado a su novia con el arma reglamentaria.

El viernes volvió a llenarse de flores la acera de Alonsotegi donde estuvo el bar Aldana. Ahora, como entonces, el rechazo a la matanza ha sido unánime. Las discrepancias solo empiezan cuando se reclaman responsabilidades. ¿Por qué no se siguieron las pistas que apuntaban a la Policía Nacional de Barakaldo? ¿Por qué todos los crímenes de aquel enero se investigaron con ninguna diligencia? ¿Por qué aún siguen impunes? ¿Dónde están las peticiones de perdón? ¿Dónde el reconocimiento?

El 7 de mayo de 1980, en las campas donostiarras de Zorroaga, unos ultraderechistas secuestraron a María José Bravo, la violaron y la golpearon hasta la muerte con un bate de béisbol. Tenía 16 años y le esperaban cuatro décadas de silencio administrativo. Su familia se ha pelado los nudillos llamando a la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo. El crimen no se ha investigado. El crimen no se ha reconocido. Qué cara nos sale la memoria y qué barato les sale el olvido.