Como cada 28 de agosto, recordamos a Jorge Adolfo Freytter Romero (1945 – 2001), profesor, abogado y sindicalista de la Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia), que sufrió los delitos de detención ilegal, desaparición, tortura y ejecución extrajudicial por agentes del Estado organizados, así mismo, en el «Bloque Norte» de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una víctima más de la «arremetida paramilitar de la Región Caribe» (1996-2006), década de terrorismo de Estado en la que se aniquiló a la oposición de izquierdas en las universidades de la Costa Caribe «a sangre y fuego».

La lucha llevada a cabo durante 23 años por el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los autores materiales e intelectuales de aquellos acontecimientos ha dado algunos resultados, algunas valiosas victorias parciales, en un contexto de impunidad generalizada de los victimarios paramilitares y agentes del Estado pertenecientes al cuerpo del Gaula. Se ha conseguido identificar, ubicar y judicializar a los miembros del «Frente José Pablo Díaz» de las AUC que participaron en los acontecimientos; a pesar de los pactos de silencio en el contexto del pseudoproceso de paz conocido con el eufemismo de «Justicia y Paz» durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que permitió una desmovilización farsa de miles de mercenarios de las AUC a cambio de la impunidad de sus miembros y la extradición a EEUU de algunos de sus comandantes, como Salvatore Mancuso del Bloque Norte.

Esta lucha por la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de la familia y Asociación Freytter continuó durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), apoyando el proceso de paz de La Habana que fructificó en la firma el Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Estado colombiano, pero que finalmente se caracterizó por la perfidia y el incumplimiento por parte del establecimiento. Sin embargo, el acuerdo logró avances importantes en la visibilización y dignificación de las víctimas del Estado y el paramilitarismo, aunque persisten serias dificultades en su implementación.

La ejecución compleja y difícil de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) ha comenzado a paliar esta situación, como parte del Acuerdo de Paz. Las luchas colectivas de largo recorrido contra la impunidad de los responsables de crímenes lesa humanidad, como el caso Freytter, encontraron el reconocimiento parcial de sus derechos en instancias judiciales internacionales como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante sentencias que obligaron al Estado colombiano a implementar medidas de reparación para las víctimas de gravísimas violaciones de los derechos humanos.

Otro de los espacios de lucha de la Asociación Freytter que permite extraer experiencias interesantes para el conjunto de víctimas de crímenes de Estado ha sido la intervención desde el exilio político colombiano en Europa, apoyando las reivindicaciones de las víctimas del conflicto armado colombiano en el exterior. A este respecto, es necesario recordar cómo el Estado colombiano, durante los gobiernos de Uribe, continuó la persecución a los sectores de izquierda más allá de sus fronteras, a través del criminal Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en la conocida «Operación Europa», llegando a realizar espionaje ilegal a activistas, organizaciones sociales y europarlamentarios. A pesar de la incesante represión, la articulación de las víctimas en el exterior y las manifestaciones del exilio político jugaron un relevante papel en las históricas movilizaciones contra el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), durante el «estallido social» de 2021, facilitando la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez.

En el contexto actual, la apuesta por parte del Gobierno nacional por la «paz total» debe integrar las reivindicaciones y los derechos de las víctimas históricamente olvidadas en la centralidad de la agenda política del país, considerando a las víctimas como un verdadero sujeto de transformación social para el progreso del conjunto del país.

En este sentido, la experiencia de lucha social, judicial y política llevada a cabo durante estos años por parte de la Asociación J. A. Freytter, tanto en Colombia como en Euskal Herria, continuará siendo una referencia válida para todas las víctimas, porque seguir confrontando a las oligarquías narco-paramilitares es una necesidad de supervivencia para los sectores de izquierda organizados dentro y fuera del país. Como constatamos, las estructuras narco-paramilitares continúan interviniendo y no han sido efectivamente desmanteladas en Colombia.

Después de 23 años de lucha, el caso Freytter fue reconocido como un crimen de lesa humanidad en 2020, logrando la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por mandos policiales, militares y paramilitares. A pesar de las dificultades, se ha creado un espacio internacional desde el exilio para fortalecer otras luchas, apoyar a organizaciones académicas y víctimas exiliadas, y avanzar en la construcción de una «paz con justicia social» para los sectores más desfavorecidos de Colombia.