En los últimos años, especialmente en la Comunidad Autónoma Vasca, estamos asistiendo a una inversión progresiva del discurso sobre la discriminación lingüística donde los hispanohablantes pretenden estar discriminados por no dominar el euskara, lo que les impediría acceder a ciertas plazas de la función pública o les penalizaría en su carrera profesional, dado que el conocimiento de la lengua propia del territorio es reconocido como mérito en las ofertas públicas de empleo. Lejos de limitarse a una mera percepción social o a una opinión individual, se traduce en la presentación de recursos ante los tribunales, a veces apoyados por sindicatos de ámbito estatal. Varios de estos recursos han dado lugar a sentencias favorables a los demandantes, poniendo en cuestión la exigencia del conocimiento de la lengua de Etxepare e incluso el sistema de perfiles lingüísticos en vigor en la administración vasca. En efecto, desde el año 2020, varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han anulado cláusulas, condiciones o requisitos sobre el euskara.

Una de las últimas sentencias resulta del recurso presentado por un particular ante la Sala de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Donostia contra las bases generales del proceso selectivo de la Oferta Pública de Empleo del personal administrativo para la estabilización del empleo aprobado por la Diputación Foral de Gipuzkoa el 29 de diciembre de 2022. Presentado en la fase final del proceso de adjudicación de las plazas, tras la publicación de la lista de las 119 personas seleccionadas, provoca la suspensión cautelar del proceso en cuestión a la espera de una sentencia firme. Dichas bases pretenden garantizar, a través de un concurso de méritos, que los empleados públicos de la entidad foral estén en condiciones de atender al público y de responder a las solicitudes de los usuarios en la lengua oficial elegida por estos últimos. En ese sentido, la propia Diputación Foral estima que «pedir como requisito a una persona empleada pública que sepa euskara, que es una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, no puede considerarse una discriminación».

La normativa en vigor ampara dicha institución. De hecho, no solamente el artículo 3 de la Constitución española reconoce el euskara como la lengua oficial de esa Comunidad Autónoma y considera que esta lengua «es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección», sino que el artículo 6 del Estatuto de Gernika establece que el euskara, como «lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi, y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas». Y añade que «nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua». Además, la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskara se refiere al uso del euskara en la administración pública, reconociendo el derecho al uso ciudadano de las dos lenguas oficiales del territorio en sus relaciones con la administración autonómica, lo que implica un conocimiento de estas lenguas por parte de los funcionarios y empleados públicos.

A todo ello conviene añadir que tanto los informes anuales tanto de Elebide, el Servicio para la Garantía de los Derechos Lingüísticos del Gobierno Vasco, como de Hizkuntz Eskubideen Behatokia, que recogen las quejas presentadas por los locutores víctimas de discriminaciones lingüísticas, indican claramente que son los vascohablantes, y no los hispanohablantes, los que padecen dichas discriminaciones. Así, los datos del informe anual de Elebide del año 2021 muestran que el 97,3% de las quejas admitidas a trámite conciernen aquellas presentadas por los vascohablantes, cuando las quejas presentadas por los hispanohablantes representan tan solo el 2,7%. En realidad, este último porcentaje es inferior aún, dado que, sobre las 7 incidencias presentadas, tan solo 4 son quejas. Asimismo, el informe de Hizkuntz Eskubideen Behatokia relativo al año 2021 indica que este observatorio ha recibido 1.199 quejas de vascohablantes cuyos derechos lingüísticos han sido vulnerados.

No en vano, a pesar de un marco jurídico protector de la lengua minoritaria y de los informes anuales de los servicios o de las entidades que velan por el respeto de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, se está desarrollando un discurso público, fomentado por ciertas formaciones políticas y difundido por algunos medios de comunicación que gozan de una amplia audiencia, no solamente contrario a los datos estadísticos, sino alejado de la legislación en vigor, tanto en su literalidad como en su espíritu. Ese discurso es reforzado por las sentencias judiciales que fundamentan sus decisiones en estereotipos, como por ejemplo, la supuesta dificultad intrínseca de la lengua vasca, o en la afirmación de la primacía del castellano como lengua del Estado cuyo conocimiento es obligatorio.

Esta situación traduce una inversión de la posición respectiva de los vascohablantes e hispanohablantes. De hecho, desde la aprobación del Estatuto de Autonomía y de la Ley del Euskara, las instituciones de la CAV han elaborado y posteriormente implementado una política lingüística cuyo objetivo era propiciar el conocimiento y, en menor medida, el uso del euskara en todas las esferas de la vida social. Ese esfuerzo ha sido apoyado por una sociedad civil organizada, representada por las asociaciones que promueven la normalización del euskara que, además de fomentar la lengua propia del territorio a través de sus propias organizaciones e iniciativas, ha presionado a las instituciones para que sean más ambiciosas en esta materia, llevando a cabo numerosas y multitudinarias movilizaciones. La institucionalización de la política lingüística y la desmovilización relativa de la sociedad civil han propiciado un debilitamiento paulatino de la presión social y cierta relajación de los comportamientos, permitiendo un cambio de actitud hacia la lengua vasca y su fomento. Conscientes de ese riesgo, los actores concernidos se han movilizado de nuevo.