La negativa del Gobierno Vasco (2021-6-15) a tramitar para su discusión una Ley del Consejo Vasco del Audiovisual, propuesta por EH Bildu, es una decisión irresponsable en términos culturales, lingüísticos, de construcción de país y de gobernanza democrática. Tiene un punto de suicidio al negarse a fortalecer el sistema vasco de comunicación en tiempos de imperio creciente de las plataformas tecnológicas –GAFAM–, audiovisuales –Netflix, Disney, Spotify– y de intercambio de videos–Youtube, etc.– también en Euskal Herria; y en tiempos de consolidación de los triopolios de RTV de ámbito estatal, acompañados de plataformas de pago –Movistar, Más Móvil– Euskaltel... Una nación sin estado, con una cultura integral, debería encender todas las alarmas y emprender acciones urgentes en lugar de renunciar a ellas y bloquear iniciativas ajenas. Da la espalda a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre los Consejos (2010), y solo es explicable desde una idea conformista y de control político de EITB.

Con una argumentación de medias verdades, el Gobierno Vasco no ve necesario ningún cambio legal porque ya se tendrían «cauces eficaces».

Por recordar. En la década de los 2000 hubo un borrador de Ley Vasca de Comunicación Audiovisual, incluido un Consejo Audiovisual, que estaba en el programa de Gobierno Vasco (Ibarretxe); o sea, sin tanta amenaza, ya hace casi veinte años se veía necesaria. Si no se aprobó fue porque el aparato del partido (Imaz-Ortuzar) lo bloqueó pensando que podía suponer un mayor control social sobre EITB.

La estructura de EITB al nacer tuvo que asumir la exigida por la Ley Orgánica del Estatuto de RTV de 1980 (de UCD), pero ésta fue derogada por leyes de 2006 y 2010, modificando la estructura de gobernanza de todos los servicios públicos. En nuestro caso sigue vigente aquel modelo de derechas de 1980 (Director factótum, Consejo de Administración que no administra, y su gemela, la comisión de control parlamentario que apenas controla) y se le añade una comisión de seguimiento del Contrato Programa en la que EITB y Gobierno, sin evaluador independiente, charlan un rato.

Se ha vuelto a aplazar escandalosamente la reforma de EITB. Al parecer porque la ley de creación ya es un gran reserva de cuarenta años. No ha tenido más cambios que la compactación administrativa de las sociedades públicas de EITB en una sola (EITB SAU); la presencia añadida de cuatro consejeros sociales a los quince de cargos de partidos –en lugar de un consejo de administración real y solo de profesionales cualificados electos–; la incorrecta supresión de la figura del Consejo Asesor y el cambio del modo de elección de director(a) general mediante mayoría parlamentaria simple –ni siquiera de 3/5– lo que no ha supuesto nada para el partido hegemónico y sigue siendo un cargo plenipotenciario y no dependiente de un Consejo de Administración sin competencias decisorias ni ejecutivas.

El Gobierno Vasco ve suficiente que el Servicio de Medios de Comunicación Social (o sea, el Departamento de Cultura del Gobierno) gestione «la tramitación y adjudicación de licencias de radio y televisión, los procedimientos sancionadores o el registro de prestadores de comunicación audiovisual». Lo que no dice es que se trata de un servicio unipersonal que no puede hacer seguimiento real del cumplimiento de las obligaciones de los agentes comunicativos. Y, para redundar en la desfachatez, señala tres asesoramientos externos (sin ejecutividad) en temas de xenofobia y sexismo, como si fueran parte de la estructura de gobernanza a la europea.

Sin inmutarse, el Consejo de Gobierno cita como parte del régimen jurídico suficiente, junto al obsoleto Estatuto de Autonomía (art. 19 nunca aplicado en todas sus potencialidades) y la Ley de EITB, dos normas más. Por un lado, el Decreto de 2007, sobre las obligaciones de las operadoras televisivas de emisión e inversión para la financiación de largos, cortos y películas para televisión –cuyas bases las redacté yo mismo en aplicación de la Directiva europea de 1994–. Lo que no dice es que se ha quedado obsoleta y deberían haberse traspuesto otras dos nuevas directivas europeas importantísimas sobre servicios audiovisuales (de 2007/2010 y 2018) con nuevas obligaciones de cuotas y financiaciones, por lo que el Gobierno de España ya anda elaborando otra Ley General (para 2022) de trasposición que sustituirá a la vigente de 2010. Por otro lado, cita el Decreto 231/2011, sobre la Comunicación Audiovisual, de la etapa López. Lo que no dice es que solo es un régimen de licencias para asignar la tanda entonces pendiente de frecuencias de FM y sin obligaciones para los operadores privados de RTV, lo que es una vergüenza que siga vigente.

Ahora mismo, siendo competentes, están fuera de control por no haber legislado: las programaciones de radio FM (sin cuotas lingüísticas ni horas obligatorias de desenganche de las cadenas para programas cercanos y promoción de música propia); la televisión digital terrestre local (decreto derogado); los programas en desconexión de las RTV de ámbito estatal; y las programaciones de televisión de pago dirigidas preferentemente a la Comunidad Autónoma Vasca. O sea, casi todo. Tampoco lo estarían hipotéticos catálogos de plataformas a la demanda, de intercambio de videos y de agregadores de contenidos que se dirigieran preferentemente a la comunidad vasca.

Termina el Consejo de Gobierno con un dibujo propio de «los mundos de yupi» cuando dice que «se ha desarrollado en Euskadi un ecosistema propio de medios de comunicación social, tanto públicos como privados y sin ánimo de lucro, diverso, plural y bilingüe, compuesto por medios de comunicación vascos y por medios de ámbito estatal con presencia en esta Comunidad Autónoma». Una foto más fidedigna del sistema audiovisual –y soy de los de «botella medio llena»– diría que no tenemos un ecosistema comunicativo propio sino dependiente, siendo los medios privados de ámbito estatal muy, muy hegemónicos, con lo que la diversidad y pluralidad se nos cae y, ya no digamos, un euskara marginado en un sistema mediático hiperdiglósico, con un ente público encapsulado, sin que el Gobierno Vasco asuma ninguna responsabilidad de lo que circula por Euskal Herria y ya no digamos por las televisiones de pago, streaming o en la red. Es la «orquesta del Titanic», con vendaje en los ojos y como yepero contratado el «perro del hortelano».