Colombia: nuevo escenario para las empresas vascas”. Bajo este sugerente título dio comienzo el pasado 30 de mayo una visita oficial del Gobierno Vasco al país sudamericano, en base a una delegación del más alto nivel. La misma, además de contar con Arantxa Tapia –consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras–, con Marian Elorza –secretaria general de Acción Exterior– y con más de 25 representantes de empresas vascas, ha estado encabezada por el lehendakari Urkullu, lo que da buena muestra de la relevancia concedida a este viaje, en el marco de la apuesta institucional por la colaboración público-privada en favor del despliegue exterior de las empresas vascas.

¿Se abordará la situación de conculcación sistemática de los derechos humanos en el país? ¿Se pondrán sobre el tapete las muertes de líderes comunitarios y sindicales que aún se siguen produciendo a diario? ¿Se abundará en la relación entre las empresas extranjeras que operan en el país y el sostenimiento del conflicto? ¿O se entiende el proceso de paz colombiano únicamente como una oportunidad para la captura de mercados por parte de las empresas vascas?

Lamentablemente, atendiendo a la composición de la delegación y a la agenda prevista, así como la apuesta firme del Gobierno Vasco por capturar nuevos mercados atendiendo exclusivamente al criterio de la competitividad, creemos que únicamente parece primar una mirada sobre Colombia como mercado de oportunidades.

Gobierno Vasco y el mantra de la seguridad jurídica: tanto la Estrategia Basque Country 2020 como el Plan de Internacionalización Empresarial identifican Colombia como un país de intervención prioritaria, y por ello uno de los 14 países que cuenta con una oficina de representación del SPRI. Esta se encarga de asesorar a empresas vascas con interés en posicionarse en el mercado colombiano, así como de desarrollar tareas de diplomacia corporativa en favor de sus intereses ante interlocutores públicos y privados locales.

No es el único país latinoamericano al que se concede esta relevancia, compartiendo esta posición con Chile o México, por poner dos ejemplos. Precisamente México, que también vive una gravísima situación de violencia generalizada, es incluso objeto de un plan específico de internacionalización de las empresas vascas, y el Lehendakari también lo visitó en 2014.

Podemos concluir por tanto que parece haber un perfil privilegiado para ahondar en la internacionalización empresarial vasca: amplios mercados con proyección; gobiernos que ofrecen las máximas facilidades para la inversión extranjera; bajos niveles de protección social, sindical y política. En definitiva, mercados con oportunidades bajo el mantra de la seguridad jurídica, independientemente de la situación de las mayorías populares del país y de la situación de los derechos humanos.

Así, el reverso de la alfombra roja que estos Estados receptores de inversión disponen para los empresarios extranjeros no obtiene tanta difusión en los medios de comunicación hegemónicos, pero no por ello deja de responder a una realidad de plena actualidad. Se trata de las gravísimas violaciones de derechos humanos que se producen en estos países, muchas de ellas vinculadas a la combinación cómplice de poder económico y político, y que no parecen ser objeto de mayor atención por parte del Gobierno Vasco, más allá de una serie de fondos de cooperación internacional.

En este sentido el Gobierno Vasco, pese a comprometerse públicamente a situar el desarrollo humano y la sostenibilidad como marco de referencia del conjunto de su acción política –y de manera especial las actuaciones en el exterior–, no vincula esta al respeto del marco internacional de derechos humanos, ni da seguimiento a las actuaciones de las empresas vascas para evitar cualquier posible conculcación. Únicamente asume el mantra de la captura de nuevos mercados como salida a la crisis, sin ningún otro tipo de consideraciones.

Inversión extranjera y DDHH en Colombia: la captura de mercados en base a la competitividad como valor único se traslada en toda su plenitud al caso colombiano y a la misión exterior que esta semana viaja al país. Así, el Gobierno Vasco ha organizado una agenda de marcado cariz empresarial, en la que destacan: un encuentro con responsables de instituciones y entidades colombianas dedicadas a la innovación, el transporte, la energía y el desarrollo empresarial; una reunión con el gobernador del Departamento de Cundinamarca (en el que se concentra un importante volumen de empresas vascas afincadas en Colombia); y una serie de reuniones bilaterales con diversos ministros del ejecutivo colombiano, representantes de empresas vascas instaladas en Colombia, etc. Parecen claros por tanto los objetivos de la visita oficial: diplomacia económica en favor de las empresas vascas.

Esta afirmación se sustenta también en la composición de la delegación: 25 representantes de empresas vascas con la meta de realizar contactos sobre el terreno, valorar potenciales operaciones en el país, y sobre todo, aprovechar el empujón que supone el aval de una delegación de alto nivel del Gobierno Vasco.

Pero si este enfoque sonaría extraño para una institución comprometida con la coherencia de políticas para el desarrollo humano y sostenible, más lo es cuando hablamos del que fue calificado en su día como «el país más peligroso para ser sindicalista», dada la política sistemática de asesinato y persecución de la actividad sindical. Esta circunstancia, avivada por la impunidad de la que han venido disfrutando los grupos paramilitares responsables de gran parte de este tipo de crímenes, se ha desarrollado en muchas ocasiones en connivencia con empresas extranjeras que operan en el país, como vía para pacificar a su propia masa laboral, o para desactivar la oposición popular a determinados proyectos de infraestructuras o similares. Así, entre enero de 2016 y marzo de 2017 se ha reportado el asesinato de 156 líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia.

Dada esta situación, cabe preguntarse si resulta lícito impulsar la inversión de origen vasco en Colombia sin establecer ningún control o supervisión de las condiciones laborales que tales empresas promueven, de los impactos sociales, ambientales o sobre los derechos humanos que pudieran derivar de esta presencia vasca en Colombia; si resulta de recibo no incluir en la agenda de la misión ninguna reunión o interlocución que permita visibilizar a aquellos colectivos políticos, sociales y sindicales que, aún hoy, están siendo agredidos y asesinados.

Empresa vasca y post-acuerdo: responsabilidades ineludibles: en la era del post-acuerdo, las élites colombianas preparan un nuevo desembarco de inversión extranjera en el país, que operaría ya sin los inconvenientes derivados de la actividad insurgente. Resulta evidente también que el Gobierno Vasco quiere impulsar la participación de la empresa vasca en esa nueva oleada para aprovechar las oportunidades de negocio que se generen.

No obstante, y en coherencia con sus compromisos públicamente explicitados, es preciso que el Gobierno vasco enfoque la internacionalización empresarial bajo fórmulas de otro tipo de comercio e inversión, que prime el control democrático de estas sobre los beneficios; que permita que las instituciones públicas puedan controlar las exportaciones, importaciones e inversiones en función de sus propias estrategias, nunca poniendo en riesgo el acceso a servicios públicos y a sistemas de protección social, laboral y ambiental; que desarrolle un tipo de comercio internacional compatible con políticas industriales y en favor de la soberanía alimentaria propias; que garantice las dinámicas locales y estatales de comercio por encima de las lógicas globales; y que asuma que los bienes comunes queden fuera del comercio global.

Además, es fundamental que las delegaciones oficiales incluyan a agentes diversos (sindicales, ONGD, etc.), y que las agendas previstas incluyan análisis de derechos humanos. Por último, es fundamental crear un Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos, que haga seguimiento de la actuación de las empresas vascas en el exterior.

En definitiva, para que el marco internacional de derechos humanos prime frente al poder corporativo, son fundamentales instituciones comprometidas en este sentido. El viaje del lehendakari parece, lamentablemente, marchar en el sentido opuesto.