Los actos terroristas ocurridos en Cataluña han vuelto a poner de actualidad el pacto antiterrorista que suscribieron el PSOE y el PP en febrero de 2015 y que después se amplió a otras formaciones políticas.

Hay una invitación de los partidos que son parte del pacto antiyihadista hacia los partidos que actualmente son observadores para que lo suscriban y se conviertan en socios plenos. Eso, prometen, facilitaría una información más fluida a todos los socios por parte de los servicios de inteligencia y el conjunto de las fuerzas de seguridad. Cuestión que en la Comisión de Secretos Oficiales, con pacto o sin pacto debiera darse exhaustivamente. Incluso se transmite la duda de modificar el contenido del pacto para que otras fuerzas políticas estén cómodas en su firma, como podría ser la referencia a la pena perpetua revisable o afinar el artículo 573 del Código Penal actual para delimitar y separar los actos considerados terroristas de otros delitos actualmente agrupados en ese mismo artículo como los que hacen referencia a la alteración constitucional.

El pacto antiyihadista pretende ser lo suficientemente políticamente correcto como parecer inocua su firma. Pero eso sería no mirar el contexto y la voluntad de los firmantes de abstraer ese acuerdo del resto de las políticas que realizan.

España pertenece a la OTAN, organización militar agresiva.

Además, coadyuva a operaciones militares de otros estados en bases militares sitas en nuestro país, fuera de las acordadas por las Naciones Unidas.

Está fuera de discusión que España tiene negocios armamentísticos con diversos estados que ocupan territorios además de los que se les reconocen internacionalmente. De hecho, en una anterior legislatura, fue rechazado incorporar a la legislación española restricciones en este sentido.

Por último, en contra de sus propias normas, tiene negocios armamentísticos con países con situaciones de conflictos violentos internos o que están agrediendo a otros estados, sin conformidad de las Naciones Unidas.

Las poblaciones de los estados agredidos o de los territorios ocupados militarmente por estados agresores no pueden ver a nuestro país como defensor de los derechos humanos y del derecho internacional.

Por lo tanto, hay una coincidencia entre los firmantes del pacto antiyihadista y el apoyar una política exterior y armamentística española claramente agresiva, por acción y permisividad, una política que aprueba tener negocios armamentísticos con estados ocupantes y beligerantes, que afectan negativamente a millones de personas, de todas las ideologías y religiones.

Este pacto antiyihadista parece más un intento de querer ocultar las graves contradicciones de la política exterior con el buenismo de luchar contra el yihadismo.

Ante eso, se debiera pedir coherencia a los signatarios del pacto antiyihadista entre objetivos dispares. No se puede querer tener una política agresiva y cómplice contra los derechos humanos y el derecho internacional y rechazar crímenes de lesa humanidad.