La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha invalidado la Ley de Amnistía de El Salvador, promulgada en 1993 para ocultar los crímenes del Estado salvadoreño en los 12 años de guerra. La CIDH es un órgano jurídico surgido de la OEA con el objetivo de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No hay relación, incluso la comparación no es acertada, pero por entendernos la CIDH sería, saltando el océano Atlántico, algo así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el que conocemos coloquialmente como Tribunal de Estrasburgo, máxima autoridad judicial en Europa en relación al respeto de los derechos humanos.

Sobre el TEDH no hay mucho que decir. Se compone de la suma de legislaciones estatales de la UE. Por tanto algunas de cal y otras de arena. Este fue el tribunal, precisamente, que en julio de 2012, declaró, en relación a la demanda de la presa vasca Inés del Río, que la 197/2006 («doctrina Parot») violaba los derechos humanos. Inés del Río debía ser excarcelada pero el Gobierno español se negó a ello, presentando el recurso que se resolverá en unos días.

Imaginen, en la misma medida que lo hizo el CIDH, que el Tribunal de Estrasburgo hubiera condenando y pedido la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, la que exoneraba a los canallas Fraga, Suárez, Oreja, Martín Villa, Barrionuevo... de su adhesión al fascismo, por no hablar de los patanegras Muñoz Grandes, Cassinello, Sáenz de Santa María o el propio Carrero Blanco, hoy por mor de los revisionistas, un predemócrata.

Los aliados de Franco en su época, Mussolini, el duce, y Pierre Laval, presidente del Consejo de Ministros francés, fueron ejecutados. El primero por los resistentes, el segundo por decisión de un jurado. Hitler se suicidó en la derrota. Franco, en cambio, coqueteó con Europa, la Iglesia y EEUU, sus principales valedores, que le mantuvieron hasta su muerte. El cambio en otros territorios europeos, la democracia, fue evitado en la España de Manolo Caracol.

Nos movemos a salto de impresiones que, en muchos casos, no se corresponden con la realidad. Y entre ellas se encuentra la de que Europa es la cuna de la democracia y, como tal, fuente de enseñanzas en los principios revolucionarios burgueses surgidos de la guillotina parisina: libertad, igualdad, fraternidad. Pura ficción. La política son intereses creados en un porcentaje muy elevado, casi todos económicos.

El continente tiene muchos patios traseros. Me referiré a uno de ellos.

Europa es menos demócrata gracias a España. Si España se encontrara en África, el índice democrático europeo cotizaría al alza y, por contra, el africano descendería. No quiero decir con la afirmación anterior que los niveles de libertad y justicia estén expandidos de manera racional por el Viejo Continente, simplemente que en un índice ya bajo sospecha, la presencia hispana lo rebaja.

España está a la cabeza del desempleo en Europa, con cifras de escándalo y su índice de pobreza es el más alto del continente, por encima de Grecia o Letonia. Su índice de igualdad de género ha caído doce puestos en apenas un año. Si nos introducimos en cuestiones tan radicales, pero a pesar tan cercanas, como la corrupción, el cohecho, el nepotismo... la imagen es la de un Estado marcado por un escaparate democrático y un interior fuertemente autoritario, con tintes de verbena a lo Lina Morgan.

Desde la muerte de Franco hasta hoy, el apoyo europeo a la política española, tal y como a la turca, ha sido interesado. España hizo una transición a la democracia que dejó intactos todos los aparatos franquistas, en especial el militar y el policial, lo que provocó que la represión al margen de la justicia se mantuviera durante décadas: cientos de víctimas mortales por escuadrones tanto uniformados como de paisano.

La tortura, cuyos maestros llegaban de aquella Gestapo desaparecida ya hace tiempo, subsistió en España con una frialdad y complicidad como no ha existido en otro territorio europeo. Europa fue encubridora de las muertes por torturas de ciudadanos vascos y los malos tratos a miles y miles. La tortura es tan española como las corridas de toros.

España tiene el mayor índice per cápita de presos en Europa, no digamos ya de presos políticos. Condenó a periodistas a prisión por ejercer su profesión (Sánchez Erauskin, Vinader, Pepe Rey, Javier Salutregi, Teresa Toda...), cerró medios de comunicación, radios, revistas y diarios. Mantiene un tribunal de excepción franquista, llamado Audiencia Nacional, que debería acondicionar la sala central de un museo de los horrores.

España vota a políticos corruptos sabiendo que lo son, apoya a condenados por acoso sexual, besa la mano de sacerdotes que poco antes la han usado para cometer tropelías con menores de edad. España es la fuente de Jaime de Andrade, pero también la de Pedro Almodóvar, la de Pío Moa y también la de la Pantoja.

La aportación española a Europa ha consistido en la esquilmación de sus fondos. La mayor inversión del BEI en la última década se llama España. Los rescates a la banca, los trapicheos y desviaciones de los fondos europeos... a cambio de entregar toda su costa mediterránea a los fondos de pensiones alemanes y a los lobbies del petróleo árabe para organizar el reposo de su tercera edad, la prostitución a gran escala, o el juego. Todo ello con la complicidad de pillos locales que han ido acopiando de nombres el eterno libro de la putrefacción hispana.

Esta misma semana EEUU ha afirmado que España es el centro neurálgico europeo en la lavado del dinero del narcotráfico. La banca implicada, sin duda. Nadie que pone en juego su dinero o busca alianzas políticas, como lo han hecho en España banqueros y gobiernos europeos, desconoce el escenario español. ¿Por qué semejante apoyo?, nos hemos preguntado repetidamente desde nuestra candidez.

España es el tonto útil de Europa en su andanada por los recortes democráticos. España enseña el camino de una manera nítida. Es el modelo y la fuerza que tienen París y Berlín, sobre todo, para estrujar más a su disidencia y hacer valer el poder de una elite, para ir desinflando la política de derechos humanos que dicen comenzó su declive en 2001, pero que viene de mucho antes. Hasta qué punto el Primer Mundo ha dejado a España hacer que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas creyó a pies juntillas la mentira de Aznar sobre los atentados del 11-M.

Europa ha satisfecho la mayoría de las exigencias españolas. La Europol, con dirección de policías españoles, la aberrante Euroorden, a instancias y presiones de España... fueron secuencias de una película antidemocrática que, a sabiendas, Berlín y París apoyaron.

Por eso, Jorge Fernández Díaz se ha dirigido de nuevo a Europa, con su habitual elocuencia: «somos los polis malos. Debemos seguir siéndolo para el bien de todos». Fernández es un homófobo declarado. Pertenece a la Sacra Orden Militar Constantiniana, una secta católica a la que el saliente Benedicto XVI no reconoce siquiera legitimidad, al margen de ser supernumerario de otra secta ultra, el Opus Dei. Y es ministro del Interior del Gobierno más a la derecha de Europa en estos instantes.

Fernández ha ido a Europa a presionar al viejo estilo. Al margen de presentarse como la Reserva Espiritual de Occidente, habrá prometido lo habitual: cama, masaje y el frigorífico lleno. Las hipótesis, conociendo la historia española, pasan por los fondos reservados. Hipocresía democrática.

El ministro está pidiendo al Tribunal de Estrasburgo la retroactividad de una ley para que España siga teniendo, como dijo Rubalcaba, el sistema penitenciario más duro de Europa. Fernández demanda a Europa esa retroactividad que ya existe en España, donde su Policía y Ejército saludan con fervor al dictador que murió hace casi 40 años, donde la modernidad está matizada por una serie de valores medievales en la centralidad política (monarquía e iglesia) que produce estupor.

El tonto útil español aspira a mantener su estatus de perro de presa para Europa. Fernández lo ha transmitido: el muro europeo del sur se puede relajar ante la inmigración africana si Estrasburgo condena la 197/2006. ¿Chantaje? Nada extraño en la diplomacia española. Ahora corresponde al Tribunal de Derechos Humanos decidir si prefiere seguir la estela del CIDH americano o, por el contrario, que el índice de desarrollo democrático de los estados que la componen continúe cotizando a la baja por el peso específico de España.