La prensa catalana se ha hecho eco de una noticia que ha pasado desapercibida en la prensa vasca. "Repsol se suma al concurso para construir instalaciones eólicas en el mar", reza el titular. La noticia relata la actividad del Ministerio de Transición Ecológica al aprobar el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), donde se fijarán aquellos puntos del litoral en los que será posible instalar parques eólicos. Elaborado ese plan, las empresas podrán participar en los concursos que se planteen para obtener la autorización de construcción de estos parques eólicos. Las empresas que van a presentarse al concurso lo harán con solicitudes de muy diverso calado, así la empresa Catwind pretende construir una instalación de 1.200 MW y la vasca Saytec, de 50 MW, por ejemplo.

Esta noticia se mezcla con otra que acaba de aparecer en la prensa relativa a las instalaciones de producción de energías alternativas en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Según los datos recogidos en la prensa, están en tramitación 111 instalaciones de producción de energía fotovoltaica y eólica. De ellas, 83 en Araba, 18 en Bizkaia y 10 en Gipuzkoa. La autorización para construir estas instalaciones la podrán obtener los solicitantes, que serán uno por cada instalación. Es decir, que las empresas han presentado solicitudes para construir 111 instalaciones de producción de energía sin que haya habido participación de los poderes públicos, sin que haya existido una determinación previa de cuántas instalaciones se necesitan, dónde se pueden instalar y quiénes lo van a poder hacer.

La ciudadanía no ha tenido información previa sobre esta cuestión, tampoco el Parlamento Vasco. El Gobierno Vasco no ha informado previamente sobre estas cuestiones y la oposición tampoco le ha pedido información. Mucho menos cuentas por no intervenir en una materia de esta importancia. Es más, cabría recordar que, ya en la lejana fecha del año 2009, el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad pedir al Gobierno Vasco que elabore un nuevo Plan Sectorial de Energía Eólica porque el anterior había caducado. Desde al año 2009, el Gobierno Vasco ha desconocido este mandato.

En contraposición, se permite la tramitación de 111 instalaciones de producción de energía eléctrica que son claramente ilegales, salvo quizá alguna excepción. La respuesta ciudadana a estos hechos está siendo importante y no es aventurado afirmar que adquirirá una importancia cada vez mayor que, sin duda, llegará a tener reflejo electoral. Frente a ello, la respuesta de los poderes públicos está siendo totalmente insuficiente, cuando no inadecuada, como la protagonizada por el diputado general de Álava, que ha pasado de ser crítico con las instalaciones a afirmar que la contestación de la ciudadanía a su construcción está dirigida por radicales y otra gente de mal vivir.

Pero este artículo no pretende profundizar en esta muy cuestionable forma en que los poderes públicos vascos entienden la participación; habrá ocasión de volver sobre ello. Ahora interesa plantear la siguiente cuestión: al igual que en el mar, la posible construcción de instalaciones de producción de energía fotovoltaica y eólica debería responder al mismo esquema. Teniendo en cuenta los bienes comunes de los que se benefician las instalaciones al construir en el mar o en tierra, ¿no se debería determinar aquellos lugares más adecuados para construir los parques fotovoltaicos y los eólicos? ¿Por qué se hace así en el mar y no en tierra? En el mar se adjudicará la construcción por concurso, en Euskadi parece que una empresa pretende ser la prácticamente única beneficiaria. Los lugares habría que identificarlos por su importancia desde la perspectiva de la afección al territorio y también desde la perspectiva de las necesidades de consumo a que debe responder cada una de las instalaciones. No parece tener mucho sentido que la energía a producir en Araba se transporte luego hasta Zierbena y que la consumida en Araba se genere y transporte desde Aragón. No debiera ser necesario resaltar la importancia de estas cuestiones y la necesidad de que los poderes públicos vascos den las explicaciones debidas en esta cuestión. Entre estas explicaciones, urge la siguiente: ¿por qué no se sigue el mismo modelo de construcción de instalaciones que el seguido en Cataluña para elegir y adjudicar las localizaciones para la construcción de instalaciones eólicas en el mar?