En la Administración General de la CAV, por ejemplo, más del 35% de la plantilla es temporal (datos del «plan de empleo» del propio Gobierno vasco), es decir: más de 2.000 trabajadores pueden acabar en la calle cuando el Gobierno vasco lo decida. La mayoría de ellos llevan largos años en situación de «interinidad».

Hay trabajadores que después de 5, 15 e incluso 25 años de servicio, han ido a la calle, con una mano delante y otra detrás, sin derecho a ninguna indemnización además. Pero hay quien opina que «bastante suerte han tenido de trabajar tantos años»...

11 años después de que se aprobase la Ley de Igualdad de la CAV, el Gobierno vasco ha aprobado –por fin– su primer “Plan de Igualdad” (todavía sin efectos prácticos). En él se reconoce que también la interinidad laboral afecta más a las mujeres...

Pero eso no es todo. En nuestras «modélicas» instituciones trabajan cientos de trabajadores subcontratados, muchos de ellos en pésimas condiciones laborales, sin estabilidad y frecuentemente con sueldos paupérrimos.

Tan escandoloso es el uso (y abuso) que también nuestras instituciones han hecho de los trabajadores interinos, que consecuencia de una demanda de ELA entre otras, los tribunales europeos han denunciado el uso abusivo y fraudulento de la contratación temporal para cubrir necesidades estructurales, por parte de las instituciones vascas y españolas. Dichos tribunales han denunciado también la no indemnización de los trabajadores interinos a la conclusión del contrato.

A consecuencia del rapapolvo de los tribunales europeos, el Gobierno Español, CCOO, UGT y CSIF han acordado recientemente el llamado «acuerdo para la mejora del empleo público», incluido en el Proyecto de Presupuestos del Estado, y es ciertamente deficiente:
Sigue limitando los puestos de trabajo que se pueden ofertar en las OPEs.

No garantiza la estabilidad de los trabajadores temporales y en determinados ámbitos perpetua la interinidad y es un ataque frontal a la competencia de organización del empleo público de las instituciones vascas, como denunció Andrés Zearreta, viceconsejero de Función Pública, que además reclamó al Gobierno español que «retire inmediatamente los límites impuestos a Euskadi» y que «las distintas administraciones vascas, desde aquí y en función de nuestras necesidades específicas, podamos establecer las plantillas que necesitemos, para dar un servicio público adecuado y eficaz a la ciudadanía vasca».

Compartimos la denuncia del viceconsejero. Especialmente la referida a la necesidad de decidir aquí y la reclamación de herramientas que permitan ofrecer un servicio público adecuado.

Sin embargo, señor Zearreta, la temporalidad del 35%, los habituales largos años de interinidad, o la ausencia de oportunidades de promoción laboral de los trabajadores fijos no son fruto de la crisis sino sobre todo, de las decisiones políticas que, también en este campo, el Gobierno vasco comparte con el español.

El 68% de la plantilla, unos 3.000 trabajadores, se jubilará en los próximos 15 años en la Administración General vasca. ¿Cómo repondrá esas vacantes el Gobierno vasco?

¿Por medio de Bolsas de Trabajo, condenando a cientos de jóvenes a la temporalidad, como lleva haciendo años?

¿Repondrá por lo menos todos esos puestos de trabajo, o tiene intención de destruir empleo?

¿Que va a hacer con las trabajadoras/es que entraron, muy jóvenes entonces, al servicio de esta Administración, y que continúan en situación de temporalidad?

¿Que va a hacer el Gobierno vasco con los más de 2.000 trabajadores que ha condenado a vivir en la «interinidad»?

¿Continuará el gobierno subcontratando empresas que explotan a sus trabajadores?