La última sentencia del Tribunal Europeo sobre los acuerdos económicos entre la Unión Europea y Marruecos, más allá de los aspectos estrictamente jurídicos que ya están siendo analizados por juristas especializados e interesados en la cuestión, plantea una serie de cuestiones de orden político de cierta envergadura.

En primer lugar, la sentencia viene a reiterar que los temas referentes al Sahara Occidental se deben plantear en el marco del derecho a la autodeterminación de los pueblos sometidos a colonización y que los estados e instituciones (europeas, en este caso) no pueden aducir elementos de interés económico o diplomático a la hora de plantear sus relaciones con el pueblo, los bienes o el territorio saharaui.

Es exactamente lo contrario de lo que han hecho todos los gobiernos españoles desde 1975 y lo que, de forma más o menos encubierta, también la Unión Europea. No vale, por tanto expresar el deseo de que se llegue a un acuerdo entre las partes en conflicto y, mientras tanto, negociar la compra-venta de armas y de todo tipo de bienes expoliados al pueblo saharaui a través de Marruecos.

Tampoco cabe utilizar la excusa del supuesto beneficio que una determinada intervención extranjera en el Sahara Occidental podría dejar a la población saharaui, como argumentan tantas empresas vascas, españolas y europeas para apoyar sus negocios en la ocupación del territorio por parte de Marruecos. Apoyar con incentivos fiscales y económicos a esas empresas por parte de gobiernos autonómicos y estatales es, simplemente, un delito.

El tribunal reitera que la acción comercial en el territorio (tierra, mar y aire) saharaui es plenamente legítima, siempre que se tenga el consentimiento del pueblo saharaui. Y añade que el Frente Polisario es el representante legítimo de ese pueblo y, por tanto, es con él con quien se debe negociar, no con Marruecos.

Todo lo anterior era ya doctrina del Tribunal Europeo, pero la sentencia del 29/09/21, lo concreta de forma que no deja lugar a ningún posible arreglo como el que el Consejo y la Comisión Europea formularon en 2019, cediendo a las presiones de Marruecos y España.

Es, precisamente la actitud de España, que junto con Francia y las cámaras marroquíes de pesca han pleiteado (y perdido) en este litigio contra el Frente Polisario, la que preocupa ahora. Diversas fuentes oficiosas y la prensa más oficialista ya han avanzado que el gobierno español recurrirá la sentencia con la única intención de ganar tiempo y contener la temida reacción del majzén marroquí, ya que las probabilidades de obtener una sentencia favorable son más que remotas. Las declaraciones de Josep Borrell, aunque actuando como representante de la UE en política exterior, no como miembro del PSOE, también abona esa hipótesis.

Marruecos, por su parte, ya ha pedido explícitamente que se recurra la sentencia y, al contrario que en la crisis que provocó la sentencia anterior, se ha limitado a insistir en que los acuerdos con la UE son legítimos y deben mantenerse «por encima de todo». Todo indica que el reino alauí atraviesa un momento de debilidad cara a imponer sus deseos, a pesar de seguir ostentando, junto con la Turquía de Erdogan, el dudoso título de aliado preferente de la UE.

Así las cosas, parecería que es el momento adecuado para que el gobierno español –«el más progresista de la historia»– y los partidos que lo sostienen se rindan de una vez por todas a la evidencia y dejen de luchar contra la historia, reconduzcan su discurso y, sobre todo, su política en relación con el Sahara Occidental.

Sin embargo, a pesar de esta histórica y rotunda victoria judicial, la vergonzosa inacción de Unidas Podemos en el seno del Gobierno y la vacilante postura de socios como el PNV no animan al pueblo saharaui, ni al movimiento de solidaridad a confiar en que el Gobierno español cambie radicalmente su postura y pase a apoyar, aunque sea formalmente, como lo hizo durante años Portugal con su colonia de Timor Leste, el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Pero tanto el Frente Polisario, como el movimiento de solidaridad han demostrado que están dispuestos a continuar la lucha, bajo todas sus formas legítimas, hasta asegurar el derecho del pueblo saharaui a la libertad y la independencia. Esta victoria es un impulso importante en esa lucha.