Las empresas transnacionales, de facto, son quienes nos gobiernan. Su poder no se circunscribe únicamente al ámbito económico, donde se sitúan en el centro del conjunto de cadenas productivas, financieras, tecnológicas y comerciales globales. Tampoco se limita a la dimensión cultural, bombardeándonos sistemáticamente con relatos en su favor a través de su creciente control de la comunicación, la información y la creación de conocimiento. «Economía colaborativa» y «persona emprendedora» son, de este modo, el nuevo imaginario que disfraza la dominación, la explotación y la precariedad de las mayorías populares. El poder de las multinacionales es integral, y se proyecta también hasta lo político y lo jurídico, cerrando el círculo.

De esta manera se normalizan figuras como los lobbies empresariales, las puertas giratorias y las alianzas público-privadas. A su vez, se desmantelan los mínimos democráticos vigentes, imponiendo de este modo una constitución corporativa global que, vía tratados comerciales, se impone al mandato popular, a las legislaciones estatales y al derecho internacional. Lo político, lo jurídico, lo legal en definitiva, responde ya estricta y explícitamente a los intereses de las multinacionales, amputando en sentido contrario las capacidades públicas.

De este modo cada tratado comercial que se aprueba apuntala esta ofensiva, instaurando una amplísima definición de comercio (servicios, compra pública, comercio digital, innovación, competencia, etc.) que blinda todos estos ámbitos al marco de los tratados, arrebatándoselos así al debate democrático; posiciona valores de gran peso político (acceso al mercado, seguridad de las inversiones, expectativas legítimas de las empresas, etc.), que se sitúan por encima de los derechos colectivos; altera los procedimientos legislativos para forzar la armonización normativa, o dicho de otro modo, la equiparación a la baja en condiciones laborales, ecológicas, sociales, etc., independientemente de la voluntad popular; y, finalmente, impone una justicia privatizada en base a tribunales de arbitraje, en el que solo las grandes empresas pueden denunciar a estados, haciendo saltar por los aires la igualdad ante la ley.

Blindaje corporativo, democracia de saldo. La cumbre del G7 que se celebrará en Miarritze entre el 24 y 26 de agosto pretende apuntalar este proceso. Así Trump, Macron, Merkel y compañía, a pesar del relato oficial, se reunirán en Euskal Herria para afinar sus estrategias: recuperar el TTIP, profundizar la guerra económica digital, mercantilizar los bienes naturales, esa es su verdadera agenda, no la lucha contra las desigualdades como cínicamente afirman.

Por ello, debemos mostrar nuestro rechazo al G7. Euskal Herria es un pueblo de alternativas, de apuesta por la soberanía alimentaria y la economía solidaria frente a las grandes empresas. Y contamos con una sólida articulación de movimientos sociales, «Euskal Herriak kapitalari planto!», para hacer frente a esta ofensiva virulenta que el capital nos plantea. Movilicémonos, explicitemos que sí tenemos alternativas, participemos así en la Contracumbre que se desarrollará en Irún del 21 al 23 de agosto, así como en la manifestación del 24. En defensa de la vida, G7 ez!