La Gestión Clínica se vende como una forma de gestionar de manera descentralizada y autónoma los diferentes servicios y plantas hospitalarias, así como la atención primaria, salud mental, laboratorios,… Lo que las UGC hacen es transferir el poder y la responsabilidad a los profesionales facultativos y de enfermería sobre la utilización y consumo de recursos materiales y de personal en las respectivas unidades.

En realidad, el modelo se basa en un reparto de “incentivos económicos” y en el cumplimiento de unos objetivos que los profesionales deben realizar para recibirlos. Se primará gastar poco, derivar poco a la especializada, mantener poco tiempo a los pacientes ingresados, ahorrar en farmacia, en prescripción de aparatos,… Se podrá elegir un perfil concreto de profesional en función de los objetivos que quieran alcanzarse. Si el profesional los cumple se le retribuirá convenientemente.

Las UGC alardean de que entre sus beneficios está la disminución de costes, al gestionar los presupuestos los propios profesionales en base a disminuir las plantillas, penalizar el absentismo y las incapacidades temporales y no sustituir al personal en licencias, vacaciones, etc. Así mismo los profesionales podrán decidir sobre el consumo de material sanitario y fármacos y podrán decidir solicitar o no pruebas diagnóstica e interconsultas. El Director de la UGC se convierte así en un gerente de empresa que mira sólo por el dinero. Señalan que “el abuso de los pacientes y el impacto de la crisis económica hacen insostenible el sistema sanitario” y que es necesario introducir reformas importantes.

Durante décadas se ha estado allanando el terreno hábilmente tanto en Nafarroa como en Vascongadas mediante normativas que modifican las estructuras orgánicas y las competencias de los órganos de gestión y servicios asistenciales de los servicios de salud.

En la segunda mitad de los años 90 comenzó en ambas Comunidades la aplicación del denominado “Contrato Programa”, mediante el cual los centros de salud de Atención Primaria (AP) se convertían en unidades autónomas de gestión. Ello implicaba trabajar sobre una previsión de presupuesto anual, el cual si no se sobrepasaba y quedaba remanente era factible de reparto como “beneficios” entre el personal asistencial. Este intento fracasó como tal pero sí se ha mantenido en AP la fórmula de trabajo mediante “objetivos” que permite el reparto de lo ahorrado respecto al presupuesto asignado entre personal de plantilla. Otra fórmula que en Osasunbidea facilita el camino a la privatización, es la implantación de la estructura de las especialidades médicas hospitalarias dividida en “áreas”, compartimentándolas así diferenciadas unas de otras respecto a una posible (y deseable) estructura organizativa más coordinada e integrada de las especialidades médicas hospitalarias.

Tampoco podemos olvidar los opacos “pactos de gestión” implantados por Vera y su equipo para la negociación de actividad, objetivos, y retribuciones entre la gerencia y los servicios médicos.

En Osakidetza el PNV se ha adelantado al Real Decreto de Madrid y lo que empezó el PSE hace 3 años ahora lo está continuando él, implantando silenciosa, progresivamente y sin la consulta ni aprobación de los sindicatos de la Mesa Sectorial, ni de ningún otro sector de la sociedad, una gestión empresarial tan peligrosa como lo son las UGC. Veremos qué camino toman sus acólitos de Geroa Bai al frente del ejecutivo de Nafarroa.

A LAB le parece inaceptable que se introduzcan estos criterios en la atención sanitaria pública. Preocupante es también que se presten a colaborar las direcciones de los sindicatos médicos, de enfermería y las sociedades científicas, que firmando el “Pacto por la sostenibilidad y la calidad del sistema nacional de salud” están posibilitando a través de las UGC este ataque brutal a la sanidad pública.

Experiencias piloto de otras comunidades como Andalucía, Asturias, Catalunya y Castilla León nos hacen estar alerta. Las UGC deterioraran de manera progresiva y meditada la sanidad pública de nuestro pueblo. En este sentido los grupos políticos de izquierda de Euskal Herria, a través del trabajo institucional y del trabajo con los agentes sociales y con los profesionales de la salud, deben frenar las herramientas de gestión mercantil como las UGC que permiten la perversión del sistema sanitario público.