Estupor, incredulidad, rabia… es lo que sentimos los mutualistas que, tras unas largas carreras de trabajo y cotización a la Seguridad Social, fuimos expulsados del mercado de trabajo por inequívocas causas ajenas a nuestra voluntad, ante la noticia aparecida en el periódico “El Correo” del día 25 de febrero, sobre el abono de bonificaciones a funcionarios que, por voluntad propia, se jubilan anticipadamente, a pesar de que ya tienen derecho a percibir la totalidad de su pensión, y que en titulares decía así: «El interventor censura que el Ayuntamiento bonifique a los prejubilados que cobran el 100%.» El documento del interventor critica que se sigan abonando indemnizaciones por jubilación anticipada en supuestos en los que la jubilación antes de los 65 años no genera pérdida alguna en el derecho a la pensión.

Sres. Concejales, desconocemos si tienen Uds. información de la situación en la que se encuentran muchos ciudadanos vitorianos, alaveses y del Estado, que fueron expulsados del mercado de trabajo y que, por su avanzada edad, (entre 50 y 59 años), por su condición de mutualistas y por causas ajenas a su voluntad, se vieron, forzosamente, abocados  a acogerse a la jubilación anticipada, y que al acceder a la condición de pensionistas vieron reducidas sus pensiones en un 40%, 35% ó 30%, en función de la fecha en la que accedieron a ese estado, lo que supone pérdida en sus ingresos muy importantes que hacen que su poder adquisitivo se vea seriamente afectado después de haber cotizado, no solo 35 años sino, la mayoría 40 y más.

Son Uds. conscientes de que esa denuncia del interventor hace que esos jubilados anticipados forzosos, que no dependen del dinero público, y que llevamos años luchando porque se haga justicia con su situación, nos sintamos ciudadanos de segunda y que, además, nos indignemos sabiendo que esas indemnizaciones se abonan con nuestros propios impuestos. Una vez más se hace patente que lo que es de todos no es de nadie y se puede disponer de ello de forma arbitraria, en beneficio de los de dentro.

No nos digan que nuestras pensiones de jubilación son competencia del Gobierno Central, pretendiendo con ello esquivar el problema, puesto que la mayoría de los partidos políticos con representación en ese Ayuntamiento, han formado y forman parte de dicho Gobierno Central, y hasta la fecha no han dado respuesta a nuestras reivindicaciones.

Sería bueno que, aprovechando esta actuación, poco afortunada, por su parte, se dirigiesen a las ejecutivas de sus respectivos partidos e hiciesen la mayor fuerza posible para forzar la justa solución a este problema que afecta a un importante número de ciudadanos de Vitoria-Gasteiz y de Álava.

Quiero darles algunos datos que pueden ofrecerles una visión más exacta del problema. Al día de hoy, mutualistas afectados por jubilaciones anticipadas forzosas, con aplicación del coeficiente corrector correspondiente, podemos ser unos 370.000 en todo el Estado, alrededor de 5.900 en Álava, siendo el coste anual para la Seguridad Social de alrededor de 1.600 millones de euros. Hay que aclarar que puesto que la edad media del colectivo rondará los 77 años, hay que deducir que cada año, dado el indice de mortalidad, esa cifra se verá reducida considerablemente y, en pocos años, será testimonial o dejará de existir.

Desde todos los partidos políticos se han hecho manifestaciones que, de haberse cumplido, hoy no estaríamos hablando del tema, pero han quedado en eso, manifestaciones para quedar bien no para solucionar una situación injusta. En la U.E. se han calificado nuestros coeficientes reductores de arbitrarios y desproporcionados. El Consejo Económico y Social, en el informe 2/2000 aprobado en el Pleno de 21 de Junio de 2000 dice: «Los actuales coeficientes penalizan de forma excesiva la anticipación de la edad de Jubilación. Esta penalización es mucho más injusta cuando la penalización no es imputable a la propia voluntad del trabajador.»

El 4 de abril del 2007, en respuesta del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, a pregunta de Begoña Lasagabaster, dice: «Ahora bien, estos coeficientes correctores no se concibieron con el objetivo de penalizar o generar un quebranto económico al trabajador afectado, sino con el de repartir entre el mayor número de años durante los cuales el beneficiario va a percibir la pensión de Jubilación, la cantidad total, (calculada actuarialmente), que habría percibido de jubilarse a la edad de 65 años.»

Sería bueno recordar lo que, la representante socialista en la comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo, Sra. Isabel Lopez i Chamosa dijo: «los coeficientes reductores deberían ser para aquellos que voluntariamente quieran jubilarse, pero se los estamos aplicando a aquellos que, forzosamente, obligamos a jubilarse.» O lo que manifestaba D. Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social: «la contributibidad significa que la pensión debe reflejar, en la mayor medida posible, cual ha sido el esfuerzo de cotización…»

La Ley 27/2011 de 1 de Agosto, en su disposición adicional vigésimo cuarta, dice, literalmente: «El Gobierno realizará un estudio actuarial, en el plazo de un año, relacionado con los coeficientes reductores de la pensión utilizados en la Jubilación anticipada.» En dicho estudio, se contemplará específicamente la situación de los trabajadores que tuvieran la condición de Mutualistas el 1 de Enero de 1967, y se hubieran jubilado anticipadamente.»

Y en su disposición adicional duodécima, dice: «La presente Ley entrará en vigor el 1 de Enero de 2013.»

Estamos en marzo de 2016 y sabemos que el estudio actuarial sobre los mutualistas está realizado, y que obra en poder del Gobierno desde hace mucho tiempo. Desde altos cargos se nos ha comentado que:

- El estudio está hecho.
- Está cuantificado.
- La cifra que se va a destinar es importante.
- Es un gesto de reconocimiento a los mutualistas.
- Informarán, en primer lugar, al Pacto de Toledo.
- El momento es complicado.
- Este tema está en la agenda de urgencias

Estas noticias dieron un poco de moral a nuestro, bastante desmoralizado, colectivo. Cuando nosotros lo comentamos con miembros del Gobierno nos dicen que el informador que nos ha dado las noticias no ha entendido bien el asunto y que todo eso no es cierto. Aquí alguien no dice la verdad, porque, y de esto estamos seguros, si el estudio está hecho, ¿porque no se ha hecho llegar a los partidos con representación en el Congreso? Sabemos, también, que por parte de algunos partidos se ha solicitado, mediante pregunta escrita, el mencionado estudio, no habiéndolo recibido aún.

¿Por qué se juega con los prejubilados forzosos? ¿Interesa a alguien castigar a este colectivo? ¿Es esta manera de tratar a este colectivo que ha contribuido tanto y durante tantos años a que nuestro sistema de Seguridad Social funcione perfectamente en su economía? ¿Hay voluntad política de solucionar esta injusticia? Nuestras asociaciones, federación y confederación han ajustado sus peticiones al momento y modulado su demanda, dando, incluso, ideas para responder más fácilmente al problema. ¿Quién o por qué ese empeño en castigar a este colectivo que se vio forzado a abandonar forzosamente el mercado de trabajo sustituyendo, en casi todos los casos a otros trabajadores más jóvenes y que, a futuro, tendrían problemas de recolocación?

Alguien debería pensar y responder a estas preguntas.

Sr. Alcalde, Sres. Concejales, por cuanto antecede, creemos muy justificado el estupor, la incredulidad y la rabia, expresadas al inicio del presente artículo.