El proyecto de Ley de Memoria Democrática debe incluir explícitamente la condena del franquismo y del golpe de Estado militar contra la II República.

Asimismo, debe establecer la nulidad de pleno derecho del régimen franquista y reconocer a las víctimas de la Transición, incluyendo a los que fueron perseguidos entre los años 1978 hasta 1982 por funcionados del Estado y organizaciones paramilitares.

La norma debería reconocer cualquier perjuicio económico o patrimonial sufrido por personas físicas o jurídicas víctimas del franquismo (incluyendo a los maquis) y establecer mecanismos para restituir los bienes inmuebles, dinero y otros valores y archivos documentales requisados a las personas físicas o jurídicas, entidades o instituciones a cuyo favor se reconozca la reparación, ya sea mediante la valoración del bien o compensando su valor económico en la actualidad.

La derogación de la Ley de Amnistía del año 1977 es fundamental para hacer justicia a las víctimas de la dictadura franquista y juzgar los crímenes del franquismo y la represión criminal. Es necesario condenar el régimen militar de corte fascista como lo que realmente fue y reconocer las consecuencias que tuvo sobre la vida de miles de personas normales, militantes anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos y de otras tendencias que lucharon en defensa de la «República Socialista» y fueron condenados al exilio, a la represión, a la miseria y a la muerte. Es urgente y necesario juzgar a los verdugos que estén vivos en la actualidad a que paguen con cárcel hasta el final de sus días.

Está claro que este proyecto de ley llega tarde, han pasado más de cuatro décadas. En otros países como Portugal o Argentina ya lo hicieron hace bastantes años. En cualquier caso, no podemos permitir que la dictadura franquista sea considerada un régimen político sin más. Hay que declarar sus juicios ilegales y permitir que se juzguen los crímenes del franquismo.

Por otra parte, los planes de estudio debería incluir lecciones de los hechos que sucedieron en los 40 años que duró el régimen militar franquista. En este sentido son necesarios grupos de investigación sobre la dictadura, y no solo con historiadores, sino ampliarlos al conjunto de la sociedad.

Las fosas comunes deben ser abiertas y judicializadas con el concurso de las instituciones públicas junto con las organizaciones memorialistas constituidas que llevan años luchando por la verdad, justicia y reparación. Y en esos puntos de represión franquista se deberían crear lugares de memoria, museos, señalizados y reinterpretados. Pero si se mantiene la impunidad de los franquistas esto no se va a lograr.

Defender que se derogue la Ley de Amnistía no es reubicar la Historia. Es poner la Historia en el lugar donde debió de estar siempre, con los verdugos franquistas condenados y sus víctimas reconocidas, al igual que los luchadores antifranquistas que dieron su vida por el socialismo y la libertad.