La reforma de las pensiones que acaba de ser aprobada en Francia, tras recibir el visto bueno del Tribunal Constitucional y ser promulgada por el presidente de la República, ha puesto de manifiesto la triple crisis que atraviesa el modelo francés, a la vez, democrática, social y de seguridad. En efecto, con el transcurso del tiempo, el Hexágono ha dejado de ser una democracia plena, caracterizada por una cultura democrática consolidada, un equilibrio de los poderes, unas instituciones representativas y una confianza entre la clase política y los electores. Asimismo, la democracia social, basada en el reconocimiento de los sindicatos representativos, la fluidez del diálogo social y fortaleza de la negociación colectiva, parece pertenecer a un pasado lejano. Por último, la doctrina del mantenimiento del orden público, elaborada y practicada por el prefecto Maurice Grimaud en 1968 y fundamentada en la elusión del enfrentamiento directo, el distanciamiento, el uso proporcional de la fuerza y la utilización de unidades profesionales, ha sido abandonada paulatinamente. Por lo cual, conviene detenerse en esta triple crisis.

En primer lugar, la democracia representativa muestra claros signos de agotamiento. Además de enfrentarse a un declive constante y pronunciado de la participación electoral en todos los escrutinios, tanto locales, regionales, estatales como europeos, lo que reduce el apoyo electoral de los cargos electos y su legitimidad política, las instituciones de la Quinta República, que fueron elaboradas, tras el intento fallido de golpe de Estado, a medida para el General de Gaulle y para favorecer la constitución de mayorías claras, muestra sus límites. Conviene recordar que, tanto en 2017 como en 2022, Emmanuel Macron fue elegido presidente con el voto prestado de numerosos electores de izquierdas que votaron a su favor, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, para evitar la llegada al poder de la extrema derecha, de modo que su elección no significa un apoyo explícito ni a su programa electoral ni a su figura. Además, en las últimas elecciones legislativas, Macron no gozó de una mayoría parlamentaria. En lugar de asumir esta realidad política, lo que hubiese supuesto cambiar su manera vertical de gobernar y buscar mayorías parlamentarias, ha querido gobernar como si gozara de la mayoría absoluta y de la adhesión de la ciudadanía a su programa. Esto lo ha llevado a utilizar todas las disposiciones contempladas en la Constitución gala, entre las cuales se encuentra el artículo 49.3, para reducir la duración del debate parlamentario y, sobre todo, aprobar el proyecto de ley sin votación, lo que supone un menosprecio del parlamento.
 
En segundo lugar, desde el inicio, el gobierno de Elisabeth Borne ha rechazado negociar la reforma de las pensiones con los agentes sociales, conformándose con informarles sobre sus intenciones y escuchar las peticiones de las centrales sindicales sin tenerlas en cuenta y sin iniciar un proceso negociador. La consecuencia de todo ello ha sido que, tras la presentación del proyecto de ley el 10 de enero, todas las centrales sindicales representativas se han unido en una inter-sindical para oponerse de la manera conjunta a la voluntad del gobierno de retrasar la edad legal de jubilación y de poner fin a los regímenes especiales. A pesar de hacer llamamientos reiterados al diálogo, realizar propuestas alternativas y oponerse a esta reforma, convocando numerosas huelgas, manifestaciones multitudinarias y bloqueos de sedes estratégicas, el gobierno no ha modificado su actitud. Más aun, ha intentado deslegitimar la acción sindical, infravalorando la magnitud de las movilizaciones, asociando a los sindicatos con actos violentos acontecidos al margen de las manifestaciones y estigmatizando a ciertos líderes sindicales. Tampoco ha tenido en cuenta los diferentes sondeos de opinión que indican que 9 de cada 10 trabajadores y dos tercios de la ciudadanía se oponen a esta reforma que perjudica especialmente a las mujeres, a los trabajadores menos cualificados que han iniciado su actividad laboral precozmente y a los trabajadores precarios.

En tercer lugar, en materia de mantenimiento del orden público, la doctrina Grimaud es progresivamente abandonada. En 1986, el ministro Pasqua crea las unidades móviles, que estarán en el origen de la muerte de Malik Oussekine; en 2005, durante las violencias urbanas acontecidas en ciudades situadas en la periferia de las principales metrópolis galas, las fuerzas de seguridad recurren a nuevas armas, como los flashballs; en 2016, ante la aparición del fenómeno de los black blocs, la policía utiliza la técnica del acorralamiento y se dota de unidades de acción rápida y de brigadas de intervención que hacen un uso creciente de la violencia, lo que incrementa notablemente el número de detenidos y de heridos; en 2019, se crean las brigadas de represión de la acción violenta motorizadas; y, durante el movimiento de los Chalecos Amarillos, las fuerzas del orden utilizan nuevas armas, algunas de ellas consideradas como armas de guerra, que provocarán 1.700 heridos entre los manifestantes. Semejante uso de la violencia conducirá al relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación, Clément Voule, a denunciar el «uso excesivo de la fuerza» por las autoridades galas. A su vez, el comisario a los derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, estima que las libertades de expresión y de reunión se ejercen en Francia en unas condiciones «preocupantes». De la misma forma, la Defensora del Pueblo, Claire Hédon, denuncia «unas situaciones inaceptables».

En definitiva, la reforma de las pensiones es un revelador de la profunda crisis del modelo francés en los ámbitos democrático, social y de seguridad, y de las mutaciones que ha conocido a lo largo de las últimas décadas.