Según explica la concejala Ainhoa Domaica «el fin es, en última instancia, mejorar la eficacia de las ayudas sociales mediante un mayor control de las mismas, es decir, que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan y cubrir las verdaderas necesidades». Argumentos que dejan al descubierto una nueva operación propagandística de demagogia barata a la que tan acostumbradas y acostumbrados nos tiene el ejecutivo Maroto y en especial la Sra. Domaica.

Lo que realmente deja entrever esta decisión es que las prestaciones no se gestionan de una manera eficaz, que hay fraude, que las están cobrando quien no las necesitan y para lo que no corresponde, que están sobredimensionadas y que los perceptores se están aprovechando del sistema de protección social. Conclusiones, que aprovechando el contexto de crisis actual, se intenta lleguen a la sociedad gasteiztarra y que tienen como fin último concienciar progresivamente de la necesidad de reducción de los mecanismos de protección social y «justificar» un recorte brutal que tendrá unas consecuencias que ya están llegando.

Si el argumento del fraude fuera verdad, lo lógico y exigible a cualquier administración, sería dar a conocer los datos de esos supuestos fraudes. Pero como es costumbre en Ainhoa Domaica, se tira la piedra y se esconde la mano. Se lanza la piedra de la «ineficacia» en la gestión de las prestaciones, dando a entender que el fraude es una práctica extendida y general, pero no se hace público ningún dato que lo corrobore.

Si de verdad cree que sus decisiones son las acertadas, cuando menos se tendría que dejar de demagogias y explicar realmente el funcionamiento y la dimensión de las prestaciones actuales y los cambios que quiere imponer.

Lo primero que tendría que dar a conocer el funcionamiento actual. La valoración de la necesidad de la prestación y la cuantía que se da a cada persona, las evalúa y las propone una trabajadora social dependiente del Departamento, en base a unos requisitos que ha marcado el propio Ayuntamiento y el Gobierno Vasco, para luego tener que ser aprobada por el responsable de estas «ayudas municipales». ¿Qué insinúa Ainhoa Domaica, que hasta ahora ha sido ineficaz el trabajo de estas profesionales?

Segundo, la intención de la concejala es crear una tarjeta en la que se cargaría el dinero estipulado para que estas personas compren alimentos en una cadena de establecimientos. ¿Por qué se quiere obligar a todo perceptor, y no solo a quien evalúa necesario la trabajadora social, a tener que comprar sus alimentos en un establecimiento concreto?, ¿por qué la Sra. Domaica estigmatiza a estas personas con mecanismos más acordes a otros tiempos pasados como esta nueva la «tarjeta de racionamiento»?

Y lo tercero que tendría que explicar es la función de estas prestaciones y sus cuantías. Las cuantías que se marcan como sobredimensionadas (1 miembro: 612,13€; 2 miembros: 791,17€ y 3 miembros: 875,19€) son las cuantías «máximas» que se dan por normativa (iguales a la RGI). La cuantía la propone la trabajadora social y cuando coincide con el valor máximo es porque viene a sustituir a la RGI, es decir, se da para cubrir una necesidad de alimentación, higiene, alquiler de vivienda,.... Las personas que solo tienen una necesidad alimentaria recibían hasta ahora 270€ para un miembro (cuando se valoraba no direccionarla al comedor social), 420€ para dos miembros y 570€ para tres miembros, es decir, las mismas cuantías que se dice se van a abonar ahora.

El cambio que ha impuesto Domaica ha sido otro; A partir de ahora las únicas prestaciones que se van a cubrir son las alimentarias. ¿Qué va a pasar entonces con los demás derechos de las personas? Queremos recordar que el funcionamiento de Lanbide respecto a la RGI es nefasto, llegando incluso a una espera de 8 meses para resolver las peticiones. Hasta ahora era el Ayuntamiento, por medio de estas prestaciones, quien adelantaba estas cantidades (siempre que así lo vieran necesario las trabajadoras sociales) y que luego eran devueltas por los perceptores de la RGI. Ahora, únicamente van a tener acceso a prestaciones para alimentación, ¿pero cómo van a pagar el alquiler de la vivienda, la calefacción,...?

Ya es escandalosamente injusto un sistema que aboca a esta situación como para que encima se vierta continuamente la sombra del fraude. ¿Por qué Ainhoa Domaica se empeña en crear una falsa alarma, basada en sospechas infundadas y falsos datos? ¿Por qué dificulta hasta el límite la situación de sus vecinos y vecinas que ya están pasando una situación tan extrema?

Los principios básicos de las políticas de intervención social son la confidencialidad, la integración social y el empoderamiento de las personas usuarias. La persona que se encuentra en esta situación debe ser la protagonista de tomar sus decisiones en la intervención. De esta forma se cumpliría el verdadero objetivo de los servicios y prestaciones sociales, que no es otro sino el de apoyar a las personas en riesgo de exclusión para que puedan desarrollar una vida digna.

Por todo ello exigimos a Ainhoa Domaica un cambio drástico tanto en sus políticas como en sus actitudes. Que deje de crear falsas alarmas sociales que no tienen otro fin que la estigmatización y la discriminación, así como justificar unos recortes que no van a suponer sino unas dramáticas situaciones de exclusión y pobreza. Y como máxima responsable del Departamento de Asuntos Sociales centre su preocupación en el aumento de las tasas de pobreza en Gasteiz y en buscar los mecanismos y recursos necesarios para garantizar los derechos de las personas.