Cuando el ciudadano-ecologista pretende plantear la cuestión más molesta preguntando: ‘¿Qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos?’, evita plantear esta otra pregunta, realmente inquietante: ‘¿A qué hijos vamos a dejar el mundo?’»; Jaime Semprún, “El abismo se repuebla” (1997).

El pasado 25 de julio, un conocido ecologista madrileño compartió en sus redes sociales un «hilo» publicado en Twitter por un padre del Ampa de un colegio público de Móstoles. Este último, apoyándose en una modelización matemática de andar por casa, vaticinaba que con una ratio de veinticinco alumnos por aula y sin mascarillas, solo en Móstoles, podrían llegar a morir 49 niños por covid-19. El pronóstico iba en contra de toda la literatura científica publicada hasta el momento (en ella se recogía la poca incidencia de contagios de menores, mayoría de asintomáticos o casos con síntomas leves y un mínimo número de contagios producidos por estos), y aunque las premisas de la modelización eran fácilmente desmontables, el «hilo» fue compartido numerosas veces. Este es un ejemplo de los muchos desvaríos que contribuyeron al estado de pánico con el que se enfiló la vuelta a las escuelas en el Estado español a finales de agosto.

Contra las evidencias citadas en los artículos científicos se argumentaba que los datos sobre cómo interactuaban el coronavirus y los niños eran demasiado escasos, debido principalmente al temprano cierre de colegios y al confinamiento. Así, ante la duda, sin mirar a Europa, con la intención de atajar parte del miedo que ellos mismos habían contribuido a transmitir y evitar de esta forma un supuesto absentismo masivo (Ampas andaluzas, por ejemplo, amenazaron con boicotear el inicio del curso), los gobiernos central y autonómicos impusieron la mascarilla obligatoria y la distancia entre personas en los colegios a partir de los seis años; dos medidas cuando menos antipedagógicas que recibieron el apoyo de numerosos padres y tutores y de la mayoría, por no decir la totalidad, de los sindicatos y de los creadores de opinión de los medios de comunicación. Al fin y al cabo, es un mal menor. La escuela, sea como sea, es vital para los pequeños. Las familias necesitan poder conciliar. La sociedad de consumo merece que sacrifiquemos la salud mental y el futuro criterio de nuestros hijos en los altares del empleo y de la economía. El editorial del 8 de setiembre de este mismo diario rezaba así: «Nadie se engaña a estas alturas; (la vuelta a las aulas) es también la fórmula para poder descargar a los padres y madres que trabajan, para que puedan conciliar y organizarse las empresas. Y así debe ser, porque en esta crisis el empleo es una prioridad. Obviamente, sufriendo el mínimo posible de daños y bajas». La muerte («bajas») y la retórica bélica no podían faltar. ¿Se imagina alguien que un periódico de izquierdas asumiera la necesidad de maltratar a mujeres o inmigrantes, por ejemplo, por el bien de la conciliación, del empleo y de la economía?

Bien, ya ha pasado un mes desde aquel inicio de curso, y ni en los colegios públicos de Móstoles ni en ningún otro lugar del reino ha muerto niño alguno por covid-19. Ni siquiera sabemos que esto haya ocurrido en ninguno de los estados que nos rodean (Portugal, Francia, Alemania), donde todos los niños menores de diez años van a la escuela sin mascarilla, o más al norte (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia), donde tampoco la usan los alumnos de entre diez y dieciocho años. El pasado 3 de octubre, los medios de comunicación informaron de que el Plan Bizi Berri II del Gobierno Vasco afirmaba que un total de 710 escolares de la CAV había dado positivo por coronavirus durante las tres primeras semanas del curso (esto supone menos del 0,2 % de la población en edad escolar según el Eustat; no hemos sabido encontrar el número de personas actualmente escolarizadas). Las noticias aportan pocos datos más: el número de niños confinados de forma preventiva, desglose por provincias, número de aulas y centros afectados y algunos detalles muy generales sobre las tendencias por franjas de edad. No se informa, ni siquiera de forma aproximada, sobre cuántos de esos menores se han contagiado en los colegios, cuántos se han contagiado de un profesor, cuántos han contagiado a algún compañero de aula o a algún profesor, cuántos han contagiado a sus familiares y su entorno cercano, cuál es la relación de estos índices con el impacto general de la epidemia en sus respectivas áreas geográficas y si todo esto confirma, contradice o matiza lo dicho hasta ahora por la literatura científica.

Afortunadamente, aunque resulta insuficiente, otras fuentes dejan entrever por dónde podrían ir esas conclusiones. El 28 de setiembre Javier Benito, jefe de servicio de Emergencias Pediátricas del Hospital de Cruces, declaró en ETB: «Los padres y las madres deben saber que el coronavirus es muchísimo más leve en niños y que de haber casos graves, estos evolucionan favorablemente en la mayoría de los casos. No hay que preocuparse por la covid-19, no más que por otras enfermedades como la gripe o el asma». Y añadió: «Los contagios se dan en el entorno familiar, y son mucho menos probables en el entorno escolar o en un parque».

Si a finales de agosto se pudo argüir que disponíamos de pocos datos, esto ya no es así. De hecho, no solo disponemos de la evidencia proporcionada por la vuelta a las aulas en la CAV o en el Estado español, sino que también podemos compararla con la de los estados limítrofes. Es urgente la publicación transparente, el análisis concienzudo y el debate político y social de este conjunto de datos. La dilación en el análisis o su ocultación serían muestras de una grave falta de humanidad. Si la evidencia lo permite, la «desescalada» del miedo y de las medidas restrictivas contra la forma de vida de nuestros hijos, tanto dentro como fuera de las escuelas, no puede esperar.