Dos incidentes casi simultáneos en Amurrio, en Araba, hace dos años. Una familia conocida recibió un disparo de arma de fuego en su caserío. Esta familia, que se encontraba en la habitación donde hizo impacto la bala, tenía una banderola en favor de los presos. La Ertzaintza tardó cuatro días en realizar un registro, en el que, por fin, se incautó de un arsenal de armas de guerra. El atestado se interpuso ante el juzgado de Amurrio, imputando al autor, un conocido ex-policía español, un delito de daños. Bien conectado con estamentos poderosos, no se adopta ninguna medida contra él.

Unas semanas antes un paseante había encontrado en Durana un bidón abandonado con sustancias inflamables y cohetes que se pueden encontrar en el mercado, dando aviso a la Ertzaintza. Esta no vacila por un minuto: son hechos de terrorismo. Las pruebas realizadas sobre un material a la intemperie durante años no ofrecen dudas: pertenece a un joven de Amurrio, Galder Barbado, otro de Gasteiz, Aitor Zelaia. Son detenidos con nocturnidad, conducidos a la Audiencia Nacional e ingresados en Soto del Real.

Dos casos, uno de gravedad (piensen un disparo con otra motivación u otro desenlace) sin reacción policial-judicial. Otro sin repercusiones prácticas, pero con consecuencias draconianas para dos jóvenes. «Derecho de autor» en estado puro: no depende de lo que se ha hecho, sino de quién lo ha hecho.

El atestado de la Ertzaintza hablaba «del zulo de Durana», que contenía «elementos para la elaboración de artefactos explosivos», «armas típicas de la kale borroka» con un «método de conservación de materiales, bidón de plástico hermético que ha sido históricamente usado por los comandos de ETA». Galder y Aitor, conformaban «un talde próximo al MLNV». El principio de realidad de la Ertzaintza es que «la organización terrorista ETA y las organizaciones que han estado vinculadas o próximas al terrorismo etarra han continuado con el hostigamiento y acoso hacia ciertos sectores de la sociedad». Y ejemplifica: «Como hechos más graves se podrían enumerar principalmente el acaecido en la localidad navarra de Alsasua donde el clima hostil hacia los agentes de la Guardia Civil es palpable», clima que la Ertzaintza atribuye a ETA. Una organización que llevaba sin actuar una década y que se había desprendido ya de su armamento.

Esa narrativa sería groseramente falaz si fuera a título de la omnipresente «batalla del relato». Todo vale por colar un mensaje maniqueo de lo sucedido en este país, sin ninguna base de certeza. Pero no es una licencia artística, una dramatización para vender más ejemplares. No estamos ante un producto editorial o audiovisual más de ficción. Es un atestado policial sobre el que se soporta una calificación imposible y obscenas solicitudes de condena (ocho años de prisión para cada joven). Es un informe policial que destruye dos vidas y las de su entorno más cercano. Es un expediente que dinamita la más básica convivencia en las comunidades de Galder y Aitor. Y es que, tras esa exigencia de «esclarecimiento» de hechos de violencia que esgrimen asociaciones, partidos y responsables gubernamentales, no hay una aspiración de verdad, menos aún de justicia. No es una reivindicación basada en la «dignidad de las víctimas», inexistentes en este caso. Es la coartada perfecta para traer más violencia a este pueblo; para llevar a prisión a más gente, castigar de nuevo a vascos y dar alimento a una agenda autoritaria. Demostrar qué poderes mandan. Una agenda cuyas conexiones, lamentablemente, acaban también en la Ertzaintza.

Interpelé en sesión parlamentaria a la consejera de Seguridad sobre estos hechos, sobre la interpretación que hacía del término «terrorismo» y porqué se lo adjudicaba a un caso y por qué no al otro. Me respondió que planteaba un «debate falso». Claro, es mucho más sencillo: «La Ertzaintza en ambos casos ha realizado su trabajo y los jueces lo han refrendado». Qué fácil. Es el sistema, (estúpido). Es lo que hay, esto funciona así. Simone de Beauvoir dijo «no hay abusos o excesos, simplemente un sistema que lo abarca todo».
Y claro, si eso interpreta hoy en día la Ertzaintza, ¿qué no pensará la Audiencia Nacional? La justicia española es el último bastión desde el que adoptar decisiones insostenibles. La Audiencia Nacional, cada vez con la intervención más entusiasta del Tribunal Supremo, constituyen la punta de lanza de una caza de brujas; de la interpretación excepcional como norma; del derecho penal no del ciudadano, sino del enemigo; de eso que ahora se viene a llamar el «lawfare», es decir, el empleo de la ley como arma de guerra para imponer decisiones con un barniz jurídico, pero que solo se entienden desde su dimensión política. «Los jueces», a los que apelaba la exconsejera de Seguridad, son el último reducto visible y evidente del Estado profundo, de las cloacas del poder que solo entiende de venganza y castigo al disidente, reliquias de un fascismo muy presente.

¿Participa también la Ertzaintza del Estado profundo? ¿Tiene sus propios cuadros para esa represión autoritaria? ¿Están amparados por su dirección? Ese es mi temor. En el estado actual de las cosas, intentando asentar un escenario de paz y convivencia, nos enfrentamos nuevamente a un montaje policial y judicial, en el que Ertzaintza y Audiencia Nacional entrelazan sus terminales.

La espada y la balanza, así se representa la justicia. La balanza siempre me ha parecido el símbolo perfecto del interés de Estado. ¿Hacia dónde se inclinará? En casos con vinculación política, siempre hacia el lado del poder. ¡Siempre! Galder y Aitor demostrarán que son víctimas de un montaje, harán valer su inocencia y ganarán el juicio... Y, como sucedió en tantos otros casos, perderán la sentencia, ¡porque el poder lo ha decidido así! La espada no precisa más explicación. No permanezcamos al menos  nosotros con los ojos vendados, como si aquí no pasara nada.

Besarkada bero bat eta indar guztia, Galder eta Aitor.