La vivienda se está convirtiendo en una problemática central en el País Vasco norte, tanto para la ciudadanía como para las administraciones públicas. De hecho, al ser un territorio atractivo, por su identidad propia, su calidad de vida y su dinamismo económico, la población de Iparralde ha crecido un 9,6% en la última década. Y esta progresión continúa, dado que 3.062 habitantes adicionales residen en el territorio respecto al año anterior, para alcanzar 312.754 habitantes hoy en día. No en vano, esta población se concentra en el litoral vasco y, en menor medida, en el interior de Lapurdi, mientras que Zuberoa continúa perdiendo residentes (-4,7% entre 2010 y 2020).

Esto se traduce por una fuerte tensión inmobiliaria en la costa vasca, donde se concentra la mayoría de la población del territorio, en la cual se instala preferentemente la población recién llegada y donde el suelo edificable es escaso, lo que provoca una insuficiencia de viviendas disponibles y un fuerte incremento de los precios. Al contrario, con la desertificación rural y el traslado de la población desde el interior hacia el litoral, numerosos municipios rurales pierden habitantes y se encuentran con una cantidad no desdeñable de viviendas vacías. En otros términos, Iparralde compagina unos problemas de escasez de vivienda, de dificultad de acceso al hábitat, tanto en alquiler como en propiedad, y de desequilibrio territorial.

Para enfrentarse a esta situación poco halagüeña, los actores locales disponen de instrumentos normativos y reglamentarios elaborados a nivel estatal, a los que se añaden las políticas de vivienda desarrolladas por las distintas administraciones públicas, que gozan de notables presupuestos, para regular el mercado de la vivienda. A nivel local, la toma de conciencia de los actores sobre la necesidad de desarrollar una política de vivienda propia para el territorio es relativamente reciente, dado que empieza en 1993 con la “Prospectiva País Vasco 2010”.

Se produce un salto cualitativo con los primeros proyectos de territorio, elaborados respectivamente en 1997 y en 2007, con el Esquema de Ordenación y Desarrollo y País Vasco 2020. El primero, que asocia hábitat y vida cotidiana, incide en la escasez de vivienda y en los desequilibrios, tanto económicos (con el peso del hábitat estacional) como espaciales (con la especialización de los territorios), lo que provoca un problema global de escasa fluidez del mercado inmobiliario. El segundo, que se interesa por el urbanismo, el hábitat y lo terrenal, formula una serie de propuestas, tales como la creación de una Agencia de Urbanismo Local, la puesta en marcha de instrumentos de planificación, la implementación de programas de mejora del hábitat, la constitución de un Observatorio Terrenal, la construcción de viviendas sociales o la creación de un Establecimiento Público Terrenal Local.

Esto desemboca en la implementación de una política de vivienda propia plasmada en los Contratos Territoriales sucesivos. Así, el segundo apartado del Contrato Territorial 2007-2013, dedicado a la construcción de un País Vasco norte equilibrado, armonioso y solidario, consagra un programa al fortalecimiento de las políticas de vivienda y, en concreto, al lanzamiento de una conferencia territorial del hábitat, al refuerzo de la ingeniería para apoyar las políticas de producción y acceso a la vivienda, o a la creación de alojamientos de urgencias. Por su parte, el octavo apartado del Contrato Territorial 2015-2020 se centra en reforzar la producción de viviendas ajustadas a las necesidades del territorio.

Pero, la implementación de esta política de vivienda específica implica, tal como lo sugieren los proyectos de territorio, disponer de instrumentos apropiados susceptibles de responder, de manera adecuada, a las particularidades de la demografía, del hábitat y del tejido productivo del País Vasco norte, así como de la sociedad civil organizada y de las instituciones que han elaborado, de manera conjunta, estos proyectos de territorio que han desembocado en contratos territoriales sucesivos. Entre estas estructuras figuran la Agencia de Urbanismo Atlántico y Pirineos y el Establecimiento Público Terrenal Local del País Vasco.

No obstante, a pesar de los avances realizados, los actores implicados son conscientes de que queda mucho camino por recorrer, lo que ha llevado al Consejo de Desarrollo del País Vasco norte a lanzar un llamamiento a la movilización colectiva para salir de la crisis de la vivienda en el territorio. El organismo consultivo recuerda que 130 actores de la sociedad civil se han reunido para debatir sobre el hábitat en Iparralde. Ese debate «ha permitido [analizar] la situación de la vivienda y las dificultades encontradas por miles de habitantes en [ese] territorio. El conjunto de los participantes ha [subrayado] la magnitud de la crisis cuya resolución necesitará mucho tiempo y mucha ambición». Sobre la base de ese diagnóstico, el Consejo de Desarrollo del País Vasco norte «invita electos y actores de la sociedad civil a movilizarse colectivamente para encontrar conjuntamente unas soluciones a las dificultades que se han incrementado en los últimos meses en el mercado de la vivienda».

De cara a aportar su contribución a ese debate, dicho Consejo formula una serie de consideraciones y de propuestas: «los programas de construcción de vivienda social deben ser acelerados y amplificados a fin de responder a las necesidades urgentes; unos equilibrios deben ser encontrados en la vivienda abordable, entre el alquiler y el acceso a la propiedad; la disociación del terreno y de la vivienda debe ser fomentada (…); una política del hábitat debe concretarse en los documentos de urbanismo por unas reglas claras y coactivas; (…) se espera de las [administraciones locales] una política pública fuerte para constituir unas reservas terrenales y realizar unas zonas de ordenación pública; una política global del hábitat debe estar adosada a un proyecto de desarrollo y de ordenación del territorio (…) que alíe vivienda, actividad económica y movilidad, en una [visión] coordenada que tenga en cuenta el conjunto del territorio». Estas propuestas, que emanan de la sociedad civil organizada, son de naturaleza a enriquecer el debate y a mejorar la política de vivienda propia del territorio.