¿Cuál es el primer objetivo de un Estado Social y Democrático de derecho, lo que da sentido a su constitución como Estado? La respuesta no es otra que la de crear las condiciones de posibilidad para que no se dé la barbarie, la violencia del más fuerte. La Constitución española reconoce en el Preámbulo que «deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra».

En primer lugar, entendemos que la buena voluntad expuesta, cuando se refiere a todos, se refiere a todos los ciudadanos, independientemente de su condición y nacionalidad. En segundo lugar, y como abundamiento o enriquecimiento del fragmento, entendemos que el concepto de «convivencia democrática» es prioritario y no se agota en la ausencia de violencia sino que significa y exige un estricto respeto a los derechos humanos, que es lo mismo que hablar de unas leyes justas, un orden económico y social justo. Parece lo mismo, pero no es igual que la convivencia sea principal o secundaria. Creemos que, si el Estado se tomara la convivencia en serio, debería tener todo eso en su agenda, pues es así como se legitima, desde la superioridad moral que le da el cumplimiento de su obligación.

Tal obligación moral, aunque sea parcial, es reconocida también por Pedro Sánchez con otras palabras referidas al comportamiento del Estado en cuanto a la exhumación de Franco: «El respeto no significa nada más y nada menos que la prueba del algodón de la superioridad moral que tiene la democracia». Otro asunto es la deseable sinceridad de esta sentencia en todos los aspectos.

Porque nos importa la legitimidad del supuesto Estado Social de Derecho, de sus leyes, hacemos constar nuestra tristeza y preocupación por el incumplimiento de su palabra en cuanto a un aspecto mucho más parcial y fácil de cumplir que los más ambiciosos mencionados más arriba, aunque, en todos los casos, sea cuestión de voluntad política. Desearíamos que la superioridad moral se manifestara siempre.

Se cumplen ya cuatro meses desde la última aproximación de presos y presas de ETA a territorio de la CAV y Navarra. Por motivos supuestamente achacables a la interinidad del Gobierno central, el cierto pero tímido goteo de acercamiento desde lejanas cárceles a otras más cercanas, iniciado en junio de 2018 tras la moción de censura al Gobierno, se detuvo. Y con ese parón, se detuvieron los iniciales y reconocibles alivio, ilusión y, en consecuencia y más importante, condiciones de posibilidad para que los beneficiarios de esos acercamientos, las personas presas, sus familiares, paisanos y escépticos perciban, por un lado, la seriedad y coherencia del Estado en cuanto a la palabra dada y en cuanto al cumplimiento de las leyes más allá de la excepcionalidad; por otro, del cumplimiento del compromiso por la reintegración superando la tentación al desprecio, a la venganza y al ensañamiento que rebajan la categoría moral del Estado; por último, de percibir que se prioriza la convivencia que conlleva todo ese cumplimiento al interés estratégico partidista ante unas posibles elecciones.

Con el retraso en el acercamiento se alarga el sufrimiento, se gana en escepticismo y se pierde tiempo en aproximación a la convivencia, obligación moral fundamental del Estado, tal como hemos mencionado. Seguramente alguien protestará diciendo que ya estamos de nuevo hablando de presos y las atrocidades que los llevaron a la cárcel. Sin embargo, estamos hablando de convivencia, y de la obligación del Estado en cuanto a su promoción. Aunque le pese. De lo contrario, pierde legitimidad, pierde ser referencia político-moral ante la ciudadanía, independientemente de la calidad moral y circunstancia personal de esta.

Una vez más, ilustremos con un ejemplo la posible desafección o escepticismo hacia el Estado y sus leyes sentida por familiares de presos. Hablemos de una visita a un preso de una cárcel situada a 800 kilómetros del País Vasco. Para una pareja de padres que hagan 12 viajes al año, aproximadamente uno por mes, suponen 19.200 km al año cada uno. Si cada preso es visitado por dos familiares o amigos cada fin de semana, como suele ser el caso, la distancia total recorrida por esos aproximadamente 8 familiares (4 parejas) es de 83.200 km al año.

Es de reconocer que los acercamientos desde junio de 2018 a julio de 2019, aunque lentos, eran ilusionantes. Y si para el Estado eran justos, correctos o no ofendían a las víctimas, y por tanto promovían la convivencia, ni negociaciones por la investidura ni nuevas elecciones generales los pueden convertir en lo contrario. Entonces, resulta que circunstancias electoralistas, partidistas, se anteponen a la convivencia. La pregunta es si la política carcelaria y el parón de los lentos acercamientos favorecen la convivencia. No lo parece. La pregunta es si, en favor de la convivencia, son evitables todos esos kilómetros que los familiares, inocentes en cuanto al daño causado, deben realizar, y que pueden representar la distancia emocional entre afección y desafección hacia el Estado sancionador y sus leyes; y si al recortar la distancia kilométrica, no se acorta también la distancia emocional o desafección, no solo de familiares, amigos y paisanos, sino también de gran parte de la población. Así lo creemos.

El pasado 25 de octubre, en la jornada titulada «alternativas a la prisión», organizada por ESEN y celebrada en Bilbao, en la que estuvimos presentes dos personas del Foro Social Permanente, comprobamos con agrado que lo que defendía explícitamente en las exposiciones era poner a la persona presa en el centro, bien en cuanto a su reintegración como en cuanto a la restauración de la víctima. Lo que subyacía en esa defensa no podía ser otra cosa que la convivencia propia de toda sociedad democrática.

En el Foro Social Permanente reconocemos que aún queda mucho camino que recorrer con respecto a verdad, justicia y reparación de las víctimas en pos de la convivencia. Pero, incondicionalmente, se han dado y se siguen dando pasos en esa dirección porque creemos que el deber en cuanto al cumplimiento de la convivencia acorde a los derechos humanos es incondicional, tal como pusieron de manifiesto la declaración de REAS y la Coordinadora de ONGs de Euskadi.

En este sentido, en el Foro Social creemos que el País Vasco puede ser, y queremos que sea, un ejemplo nacional e internacional de superación de una larga época de sufrimiento a favor de la convivencia. Después de estas elecciones del 10N, nos gustaría percibir en el Gobierno español, por tanto, más convicción, más voluntad, firmeza y fortaleza en el cumplimiento sin pausa de sus compromisos con la convivencia democrática en lo que concierne a política penitenciaria. Puede y debe. También así se demuestra la superioridad moral.