El artículo 47 de la Constitución dice que todos-as tenemos «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».

Sin embargo, tanto la política estatal como las autonómicas y las municipales están plagadas de normas y actuaciones en sentido contrario a dicho artículo. Si algo se ha promovido intensamente, ha sido la idea de la propiedad de la vivienda como un bien de inversión y por tanto de especulación, símbolo de bienestar personal y social, «al alcance de cualquiera», por medio de créditos hipotecarios, muchas veces en condiciones abusivas.

Y mientras «facilitaban» la construcción de vivienda en propiedad, a mayor beneficio de promotoras y bancos, los poderes públicos han olvidado sistemáticamente no sólo el mandato constitucional de impedir la especulación sino también, el de garantizar la protección de la población más vulnerable, de quienes nunca han podido acceder a una vivienda en propiedad y deben recurrir al alquiler privado, porque el porcentaje de viviendas de alquiler social no llega en nuestro entorno ni al 2% del parque de viviendas, frente a países como Holanda (35%), Austria (21%) o Francia (19%) y una media europea en 2020 del 6%.

Las viviendas de alquiler social se definen como las que se ofrecen a precios por debajo del mercado y se gestionan mediante normas que establecen las condiciones de necesidad de quienes las solicitan y/o a través de listas de espera.

A pesar de que la Encuesta de Vivienda de Navarra de 2016 estima el número de viviendas vacías en unas 24.500. Teniendo en cuenta que muchas de ellas están ocupadas (pisos de estudiantes, pisos turísticos, etc.), el Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra calcula que las realmente vacías podrían ser unas 11.000. El diagnóstico de la vivienda en Navarra de 2018 estima también que unas 950 quedarían libres anualmente, y que la necesidad de viviendas en Navarra para los próximos años estaría entre 1.500 y 2.000 al año.

Según el INE en 2020, había en Navarra 33.100 hogares en régimen de alquiler, lo que supone un 13% del parque de viviendas ocupado.

Según el último informe de Vivienda del Gobierno de Navarra hay 5.104 viviendas protegidas de alquiler, más 776 en la Bolsa de Alquiler, lo que supone el 1,8% de todas las viviendas en uso. Un número claramente insuficiente a tenor de la demanda registrada que, sólo en 2020 ha sido de 7.653 solicitudes y sigue creciendo en 2021.

Son muchas las razones por las que cada vez hay más personas y familias que necesitan una vivienda digna y no la encuentran o no la pueden pagar.

El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 ha provocado en Navarra 6.216 ejecuciones hipotecarias y tras años de reducción progresiva, en 2020 han vuelto a repuntar respecto a 2019, seguramente como consecuencia de la crisis asociada a la COVID 19. También la crisis ha provocado, en los últimos años, una enorme caída en la construcción de viviendas y especialmente, en las de protección oficial.

Además, la crisis de la vivienda se ha ido desplazando hacia las viviendas de alquiler y desde 2016 el número de lanzamientos anuales por alquiler supera a los hipotecarios, siendo en 2020, 3 de cada 4 lanzamientos.

El mercado de viviendas en alquiler privado es claramente insuficiente para la demanda creciente y con precios al alza. La consecuencia es que el sector más vulnerable de la sociedad, compuesto mayormente por personas solas, inmigrantes, mujeres con hijos-as y jóvenes no pueda acceder, o lo hace en condiciones abusivas.

Las consecuencias sociales las estamos viviendo ya, con un porcentaje altísimo de jóvenes que no se pueden emancipar, con mujeres con hijos/as hacinadas en habitaciones subarrendadas y sin contrato, y por tanto fuera del «conocimiento» oficial de tales situaciones, con personas mayores alojando de nuevo a sus descendientes y familias en sus pisos, con personas en la calle sin un techo que les proteja mínimamente.
En los últimos cinco años, el precio de alquiler en Navarra ha subido un 42%; y, fruto de este encarecimiento, hay más de 8.000 familias inscritas en el censo de vivienda porque no pueden acceder a una en el mercado libre. Por otro lado, desde el año pasado y hasta el 2023 (es decir, en dos años), más de 400 familias navarras que tenían una vivienda pública en alquiler, están pasando a ser «inquilinas» de fondos buitre. Eso, lo estamos constatando, supone incrementar el precio de sus alquileres hasta hacerlos inasumibles.

La situación es grave y se agravará más en el futuro próximo porque no hay soluciones a corto plazo que resuelvan los problemas ocasionados por unas políticas de vivienda mal orientadas y ejecutadas durante años y años.

El Gobierno de Navarra ha destinado cientos de millones de euros en ayudas a la compra de Viviendas de Protección Oficial.  Como dato: en los últimos cinco años del gobierno de UPN, dejaron de ingresar en las arcas forales 579 millones por las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda. En esos años y con ese dinero el GN hubiera podido construir cerca de 5.000 viviendas públicas para alquiler protegido.
Pero no solo se tuvo una política de vivienda pensada más en la propiedad que en facilitar el acceso a la vivienda en alquiler, sino que, con los años, sus propietarios las han podido vender en el mercado libre, contribuyendo con ello, no sólo a la especulación sino también a la reducción del parque total de viviendas protegidas. Es una de las razones por las que el porcentaje actual de viviendas VPO en Navarra es sólo del 9% del total.

Esperemos que se haga realidad el anuncio del Gobierno de Navarra de considerar las VPO como viviendas protegidas indefinidamente, algo que en Euskadi se reguló en 2016, pero no así en el resto de CCAA, aunque la última noticia que tenemos del texto que se está preparando no coincide con lo anunciado, sino con una limitación a 21 años del periodo de protección de la vivienda protegida de alquiler. Sería un error.

Reconocemos el esfuerzo por ampliar las ayudas al pago del alquiler tanto a personas y familias vulnerables en el programa DAVID, como a jóvenes a través del programa Emanzipa, aunque debe mejorarse sustancialmente, visto el incremento de solicitudes que duplica ya en mayo de 2021 a las del año anterior. Es importante facilitar el acceso a la población más vulnerable, reforzando la atención presencial para evitar la brecha digital y la falta de cita previa. No obstante, las ayudas son medidas cortoplacistas que serían evitables si se contase con un parque público de vivienda suficiente y adecuado para la demanda existente en nuestra Comunidad.

Es fundamental y urgente limitar los precios del alquiler que están creciendo de forma exponencial, siendo Navarra la tercera CCAA y Pamplona la quinta capital donde más han subido en el último año. Estas subidas escandalosas, que absorben buena parte de las ayudas públicas, están impidiendo que las familias salgan de la pobreza extrema porque dedican a la vivienda la mayor parte de sus ingresos.

Tenemos la referencia de la ley estatal, y debemos hacer lo mismo aquí en Navarra.

La estimación de vivienda vacía, sólo en Pamplona que hace el Departamento de Vivienda en la actualidad está en más de 3.000. Su puesta en disposición de la demanda existente podría mejorar los problemas de acceso a la vivienda en el corto plazo, pero exige el máximo de los compromisos de todas las partes implicadas: Nasuvinsa, Ayuntamiento y Propietarios para lograr un acceso a la vivienda más justo y solidario, más consecuente con el derecho reconocido en la Constitución.

La definición de vivienda vacía ha tardado mucho en incorporarse a las normas vigentes y ahora el censo de vivienda vacía está tardando también, aunque dicho censo no va a conseguir que las viviendas vacías se pongan en uso de forma automática, pero las medidas fiscales de incentivación y de penalización a las viviendas vacías pueden ayudar a ello. El fin social de la vivienda debe prevalecer y para ello hay que regular los impuestos de forma que quienes posean viviendas vacías «prefieran» ponerlas en alquiler a seguir teniéndolas vacías.

En esto el actual gobierno del Ayuntamiento de Pamplona ha demostrado su insolidaridad con las muchas familias con necesidades urgentes de vivienda, al acordar la reducción de este impuesto a la vivienda vacía al mínimo, y eso porque la normativa actual les impide eliminarlo. Muy al contrario, abogamos porque la normativa foral que regula este impuesto lo eleve significativamente.

Debería darse un especial impulso al registro de vivienda vacía de los ayuntamientos, promoviendo el apoyo financiero y la obligación de rehabilitarlas y ponerlas en uso en plazos cortos de tiempo. En este sentido, destaca la situación de Pamplona que habiendo rehabilitado y puesto en marcha desde 2016, 160 viviendas de emergencia social, tiene aún al menos 86 sin rehabilitar, mientras alrededor de 300 familias están en lista de espera de una vivienda de emergencia habitacional municipal.

El uso de los fondos europeos que promueven la rehabilitación de viviendas deberían priorizarse para los casos en los que existan garantías de un uso social de dichas viviendas, mediante los oportunos convenios o incluso las expropiaciones que recientemente ha mencionado en consejero Ayerdi, con grandes tenedores de viviendas, como entidades financieras, fondos buitre, la Iglesia católica o algunos ayuntamientos como el de Pamplona. Todos ellos tienen muchas viviendas en desuso y los convenios anunciados hasta ahora son claramente insuficientes, porque no alcanzan más de unas pocas decenas de viviendas, cuando las necesidades se cuentan por miles.

Queda mucho por hacer y en muchos frentes para dar respuesta al derecho a la vivienda digna, pero cualquier programa de vivienda en Navarra que no pase, también, por construir en cada una de las legislaturas 1.000 viviendas públicas de alquiler protegido, está condenado a mantener el sufrimiento de miles de familias y no dar solución al drama habitacional, y a hacer efectivo un derecho que empieza a ser reclamado en diversos foros internacionales como un derecho fundamental.