Desde el 1 de enero de 2017, los diez Establecimientos Públicos de Cooperación Intermunicipal (EPCI) del País Vasco norte se han fusionado para constituir la Comunidad de Aglomeración del País Vasco (CAPV), conocida como Mancomunidad Vasca, dotando a ese territorio de una nueva institución representativa. Esta creación es el fruto de un largo proceso histórico marcado por guerras, revoluciones, cambios de régimen y movilizaciones, tanto de electos locales, sectores económicos, movimientos políticos como de organizaciones pertenecientes a la sociedad civil. Tras su creación, conviene interrogarse sobre los desafíos a los que se enfrentará esta institución durante los próximos años. Estos desafíos se refieren tanto a las competencias, a la gobernanza como a la financiación de la nueva entidad; sin omitir la encarnación y la articulación del territorio, su propensión a convertirse en el referente de ciertas materias así como su capacidad para transformarse en Colectividad Territorial con estatus particular.

En primer lugar, la nueva Mancomunidad única debe conseguir ejercer plenamente sus competencias así como adquirir nuevas. De hecho, además de las seis competencias obligatorias previstas por la ley, a las que se añadirán de oficio la competencia de GEMAPI en 2018 y, posteriormente, las de agua y saneamiento, la Comunidad de Aglomeración del País Vasco deberá ejercer plenamente sus competencias optativas y facultativas, al tiempo que deberá hacer gala de persuasión ante los municipios-miembros para apropiarse el mayor número de competencias adicionales. Deberá igualmente negociar con el Estado, la Región y el Departamento la delegación de competencias, especialmente en materia de euskara, cultura vasca y cooperación transfronteriza, lo que implicará la firma de convenios que precisen el ámbito y la duración de la delegación así como sus obligaciones y modalidades de supervisión. El ejercicio de competencias nuevas ira de la mano del aumento de las dotaciones financieras provenientes del Estado.

En segundo lugar, es esencial garantizar una representatividad efectiva y una gobernanza eficaz de la institución específica. En efecto, la voluntad de garantizar una representación equitativa de todos los territorios que componen el País Vasco norte, y particularmente de las zonas rurales del interior, permitirá apaciguar los temores de ciertos electos locales de los municipios de Baja Navarra y Zuberoa que tienen miedo de estar sumergidos por la nueva estructura. A ese propósito, además del criterio demográfico, a la hora de fijar el número de representantes atribuidos a cada zona, los electos se han mostrado preocupados por el hecho de garantizar una representación de todos los territorios. Asimismo, la creación de una Comisión Permanente, que se añade al Consejo Comunitario y al Comité Ejecutivo, trata de garantizar un funcionamiento eficaz, entendiéndose que la Comunidad de Aglomeración del País Vasco deberá aportar un valor añadido en materia de gestión, lo que le conferirá una legitimidad superior.

En tercer lugar, la Mancomunidad Vasca deberá incrementar y diversificar su financiación a fin de poder ejercer plenamente sus competencias, y eso, en un contexto de disminución no desdeñable de las dotaciones del Estado en dirección de las colectividades territoriales y de los establecimientos públicos de cooperación intermunicipal con fiscalidad propia. Así, en un periodo de cuatro años, las dotaciones del Estado a destinación de estas entidades, en el conjunto del Hexágono, han disminuido un 25%, obligando las colectividades locales y los EPCI a disminuir el gasto, a aumentar los impuestos locales y/o a incrementar su endeudamiento. Si le será difícil a la Comunidad de Aglomeración del País Vasco aumentar sustancialmente los impuestos locales a lo largo de los dos primeros años, a fin de evitar una asociación de la nueva institución al aumento de la presión fiscal por los habitantes del País Vasco norte, le será indispensable, a medio plazo, incrementar sus ingresos fiscales: bien aumentando las tasas de imposición en vigor que son de su competencia; bien creando nuevos impuestos, tales como el impuesto de habitación sobre las viviendas vacantes; bien solicitando al Estado que incremente la dotación de intermunicipalidad y la dotación de compensación; bien generando excedentes del presupuesto de funcionamiento para asignarlos a la financiación de inversiones; bien recurriendo al endeudamiento. Estos mecanismos son susceptibles de ser utilizados simultáneamente.

En cuarto lugar, la nueva institución deberá encarnar, promover y articular el territorio. Primero, deberá aparecer ante los habitantes del País Vasco norte como una institución que encarna y representa de la mejor manera posible ese territorio, defendiendo sus intereses, encarnando sus valores y apropiándose sus símbolos. Después, deberá promover ese territorio ante los actores locales y, sobre todo, ante los interlocutores políticos, económicos, sociales y culturales externos al País Vasco norte, que estos sean institucionales, empresariales, mediáticos o provenientes de las sociedades civiles organizadas. Esto le permitirá ser identificado como el interlocutor político e institucional privilegiado de ese territorio. Por último, deberá articular el territorio y mantener el equilibrio entre la costa y el interior, y reforzar la cohesión territorial del conjunto, además de evitar los fenómenos de relegación y segregación. El mantenimiento e incluso el fortalecimiento de la actividad económica, de los empleos, de los servicios públicos y de la vida cultural en los municipios rurales serán esenciales en esta materia.

En quinto lugar, la CAPV deberá convertirse rápidamente en el referente institucional y político en materia de euskera, cultura vasca y cooperación transfronteriza, tratándose de ámbitos que tienen un fuerte componente identitario y a los que los partidarios de la institucionalización están fuertemente apegados, particularmente en lo que concierne los nacionalistas vascos. Esto exigirá la negociación con el Estado y las colectividades territoriales para que acepten transferir o, al menos, delegar ciertas de las competencias relativas a estas cuestiones, al tiempo que procedan a la atribución de las dotaciones correspondientes a fin de permitir el pleno ejercicio de estas competencias. Una vez estas competencias o delegaciones obtenidas, con las financiaciones correspondientes, la nueva institución deberá asumir el liderazgo en la materia convirtiendo la revitalización de la lengua vasca, la promoción de la cultura propia y el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza en señas de identidad que le confieran una personalidad y un estatus propio.

En sexto y último lugar, tal y como lo ha mencionado el prefecto de los Pirineos-Atlánticos en varias ocasiones, los representantes del territorio agrupados en el seno de la Mancomunidad única deberán crear las condiciones objetivas que permitan una transición progresiva de la Comunidad de Aglomeración del País Vasco hacia una Colectividad Territorial con estatus particular. Esta transición implicará, no solamente la apropiación de competencias que pertenecen actualmente al Estado y a las colectividades territoriales, sino también que los consejeros comunitarios sean elegidos al sufragio universal directo. Esta elección directa conferirá una legitimidad política adicional a estos electos ante los habitantes de ese territorio, las demás instancias representativas y las diferentes administraciones. Por lo cual, los representantes de la Mancomunidad única dispondrán de un mayor peso político que les permita orientar las decisiones estratégicas e influir en las negociaciones que se refieren a cuestiones que conciernen ese territorio, especialmente en materia de dotaciones del Estado.