Así definía el maestro Giulio Andreotti el estilo que impera en la política española: falta de finura, brocha gorda, descalificación genérica, palabras hueras y altisonantes… Desde los defensores de Numancia a los neo-hidalgos de la derechona de hoy, nada parece haber cambiado en la meseta. Matar o morir. Negociar, jamás.

A pesar de que a las otras naciones peninsulares no nos ha quedado otra que ser pragmáticas, a veces nuestra política se suele contagiar de ese estilo carpetovetónico. Ahora que nos toca renovar el autogobierno no deberíamos caer en la tentación de ver virtud solo en nuestras posiciones, y únicamente vicio en las ajenas. Valorar fríamente el avance en los contenidos –existen tres opciones de articulado con distintas versiones del derecho a decidir–, no está reñido con criticar duramente un texto inconexo, lleno de incoherencias, que desfigura lo que debería ser una verdadera relación confederal.

No se puede obviar la dejación que los jeltzales hacen de las bases acordadas en la ponencia, pero limitarse a denunciar esta traición poco aporta en una coyuntura en la que es imprescindible un mínimo acuerdo entre las fuerzas soberanistas. Por su parte, las admoniciones que ciertos tribunos jeltzales han lanzado acerca de la supuesta falta de realismo de la propuesta de reforma sustentada por EH Bildu son igualmente irrelevantes. Este marcaje de espacios es lógico e inevitable hasta cierto punto, pero no conviene empantanarse en debates estériles que nos retrotraen a los que ya vivimos en Txiberta o Lizarra. En una coyuntura en la que las agendas están íntimamente interconectadas –Gasteiz, Iruñea, Barcelona, Madrid–, la fineza estratégica es imprescindible.

La fineza, pero también la claridad. No la tinta de chipirón en la que tan cómodos se mueven algunos. Y es que los textos jurídicos con vocación constitucional no se pueden construir con pegotes aquí y allá o disposiciones adicionales coladas de rondón. Estamos hablando del edificio del autogobierno, un edificio cuya estructura tiene que ser coherente, tener unos cimientos seguros –la voluntad democrática de la ciudadanía vasca–, y unas vigas maestras que recorran todos los pisos y permitan en un futuro construir los levantes que consideremos necesarios para ampliar nuestro autogobierno. Es por ahora un edificio adosado, y en consecuencia existe un vínculo con los edificios vecinos, un vínculo pactado en el marco de unos derechos históricos que facilitan su gestión cotidiana o su futura resolución, si alguna de las partes así lo desea. Esa estructura –el Concierto Político–, está contenida de modo íntegro en el texto propuesto por EH Bildu, y no aparece en el texto sustentado por el tripartito. Es cierto que su espíritu se cuela parcialmente, pero según una fórmula difusa y no acordada. Es más, en caso de discrepancia competencial, el final del recorrido que se propone en ese texto «realista» está en los doce jueces del Tribunal Constitucional y sus cepillos. Un realismo bastante sucio.

Por todo ello, podemos suponer que en los sueños más dulces de los jeltzales de bien aparece continuamente la propuesta de nuevo Estatuto Político sustentada por EH Bildu. Saben perfectamente que es la mejor traslación jurídica del Acuerdo de Bases para la renovación del autogobierno que se firmó en verano de 2018. Debemos suponer también que el PNV que firmó aquel acuerdo es el mismo de hoy, y que no desea traicionarse a sí mismo. Por tanto, salvo que los sectores del tradicionalismo neoliberal que viven cómodos en ese oasis vasco virtual sean omnímodos en el seno del partido, el problema no es tanto de contenido, como de gestión.

Por eso tiene poco sentido escudarse en el discurso formalista del experto propuesto por el partido socialista. En su explicación de voto, el señor Legarda alega que él ha tratado de velar por «la legalidad de la propuesta». Además de que en la encomienda recibida no se hacía mención alguna a tal cosa, la propia actividad carece de sentido: No puede examinarse la legalidad o constitucionalidad de una intención de reforma que todavía no ha iniciado su trámite parlamentario formal. Es una propuesta de reforma que, por definición, no es materialmente conforme a la legalidad vigente. Y su eventual inconstitucionalidad no puede ser evaluada por unos expertos que, por muy expertos que sean, no son magistrados del Alto Tribunal. Pero no es que en el señor Legarda se haya exacerbado su positivismo jurídico –que también–, simplemente ha cumplido fielmente el mandato de la dirección de su partido: «estamos bastante de acuerdo con lo que plantea EH Bildu pero ahora no toca abrir un segundo frente en Euskadi, abrázate al PSE, pero sin perder el oremus, luego ya iremos viendo».

El cálculo político de fondo –una eventual confrontación democrática castiga las posiciones centrales, véase CiU–, la prudencia a corto plazo –no poner en peligro el acuerdo de gobierno en Madrid y la estabilidad en Iruñea y Gasteiz–, además de rentabilizar la famosa «agenda vasca» que permita presentarse con éxito en las próximas elecciones autonómicas guían esta estrategia. Un planteamiento lógico desde el punto de vista del partido, pero miope desde una visión de país. Los retos del siglo XXI piden un autogobierno pleno y con garantías, no un apaño para ir tirando.

Al hilo de lo que defendía Xabier Barandiaran en un artículo reciente, el nuevo estatuto político es una «cuestión de Estado» –precisemos, de «Estado vasco»–, y en este tema el núcleo del consenso no se puede construir con los que niegan el derecho a decidir sobre nuestra estatalidad. Se podrán pactar con ellos los procedimientos y las consecuencias, nunca el derecho.

Es más, el nuevo Estatuto Político puede ser el marco adecuado para la resolución del conflicto territorial que vive el Estado español. La totalidad del texto técnico de Iñigo Urrutia y los textos alternativos o enmiendas planteados por Mikel Legarda forman parte de ese modelo de solución, y ofrecen un marco de convivencia sensata entre las naciones peninsulares. Los textos acordados con el experto socialista son más de lo mismo. Más de eso que ya hemos conocido durante estos cuarenta años: barra libre para la chulería o el oportunismo madrileño –según las mayorías parlamentarias–, y vaciamiento sostenido de un autogobierno inerme. Parafraseando a Gramsci, ya es hora de que muera lo viejo y demos paso a lo nuevo. Lo nuevo es un derecho a decidir operativo. Lo nuevo es, como dicen las bases y el texto sustentado por EH Bildu, una relación confederal con el Estado español basada en «el reconocimiento mutuo, la igualdad política, el pacto bilateral y el respeto institucional». Lo nuevo exige claridad en los contenidos, pero también fineza en la gestión. Molta finezza.