Felipe VI ha condecorado, junto a otros exparlamentarios que formaron parte de las Cortes del año 1977, a Martín Villa pese a estar imputado por parte de la jueza argentina María Servini en la Querella número 4591-10 que se sigue en el Juzgado Nº 1 de Buenos Aires, por los crímenes del franquismo y de la transición.

No olvidamos que Martín Villa era ministro de Gobernación cuando se produjeron los acontecimientos de los sanfermines de 1978 en Pamplona-Iruña, donde Germán Rodríguez murió por bala policial, al igual que Joseba Barandiarán días más tarde en Donostia, y donde se registraron también nueve heridos por bala, cinco de ellos de gravedad, así como más de 120 personas contusionadas por cargas policiales. La propia policía confirmó que en un solo día había utilizado 130 balas, 4.153 pelotas de goma, 657 botes de humo y 1.128 granadas lacrimógenas. También formaba parte del Gobierno en los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, y en la semana pro amnistía de 1977…

Esta condecoración, así como el discurso del poder, en este caso en boca del mismísimo jefe del Estado español, ensalzando lo conseguido a través del olvido, la amnesia y el no remover el pasado, no hace sino certificar que la política de la impunidad sigue campando a sus anchas.

Cuestionar esta visión uniforme que impone el Estado, de la reconciliación lograda a finales de los años 70, en lo que se vino a llamar «modelo de transición española», es una de las tareas fundamentales de todas las organizaciones y personas que trabajan en el terreno de la memoria democrática desde el lugar de las víctimas.

Frente al «relato» dominante que se da de lo conseguido en actos institucionales como el del pasado 28 de junio en el Congreso de los Diputados, hay que decir que aún no se ha logrado institucionalizar una condena al sistema jurídico franquista, ni que se considere las desapariciones propiciadas por los golpistas de 1936 y más tarde por la dictadura, como crímenes de lesa humanidad.

En ningún momento se ha cuestionado la legalidad judicial, penal y penitenciaria del régimen golpista, un régimen que hizo de la coerción y de la represión sistemática los ejes fundamentales de su entramado ideológico y político, desmontando completamente la legalidad republicana anterior, dando origen a un Estado de paz social impuesta por los aparatos policiales y judiciales que se ha ido manteniendo hasta nuestros días.

La realidad es que nunca se ha conseguido revisar una sola sentencia dictada por un consejo de guerra por un denominado «delito político», ni de los miles de juicios sumarísimos de la guerra, la posguerra o de la dictadura. Con lo que se consolida la idea de que aquellos juicios fueron legales.

Todas las resoluciones de la magistratura habidas, incluidas las más recientes, no hacen sino proteger la impunidad que significaron la ley de amnistía y con ello mantener la idea de legalidad de la dictadura.

¡Esperemos que esta triste dinámica judicial se pueda romper con la valiente querella que el Ayuntamiento de Iruña presentó hace unos meses por crímenes de lesa humanidad cometidos por los golpistas en nuestra ciudad!

La realidad es que la denominada transición española no fue, ni mucho menos, pacifica, sino que tuvo un modelo propio de violencia que se aplicó por el poder de forma planificada y premeditada para la consecución de objetivos políticos.

Entre octubre de 1975 y diciembre de 1983 fueron asesinadas 188 personas por parte de aparatos policiales y parapoliciales, a lo que hay que añadir las detenciones arbitrarias, torturas, multas, cargas policiales, exilio y otras violaciones de los derechos y libertades. Los sucesos del 8 de julio de 1978 en Iruñea/Pamplona son un ejemplo de ello.

Las víctimas de la transición, incluida la ciudad de Iruña agredida en sus fiestas, no han tenido ningún reconocimiento ni han sido tratadas de un modo adecuado por el Estado, más bien al contrario: las medidas de verdad, justicia y reparación brillan por su ausencia, treinta y nueve años después.

Por eso tenemos que seguir levantando nuestras propias respuestas, lo más contundentes posibles hasta conseguir la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El próximo 8 de julio, nos encontraremos a las 13:00 horas en la estela de Germán para dar una imagen bien distinta a la que se dio en el Congreso el pasado 28 de junio, y gritar bien fuerte que Martín Villa debe ser juzgado, junto con otros muchos, también por los sucesos de sanfermines de 1978.

*Firman también los siguientes miembros de Sanfermines 78 Gogoan!: Sabino Cuadra, Ramón Contreras, Josu Chueca, Rubén Marcilla, Manolo Millera, Amaia Kowasch, Fermín Rodríguez, Piru Zabalza y Presen Zubillaga.