El presidente y la vicepresidenta del Gobierno español, con respecto al enfrentamiento con Cataluña, dicen seria, ceremoniosa y pesadamente que su partido está abierto al diálogo, siempre que sea dentro de la ley. Permítaseme ser franco y directo para argumentar sin rubor que, según sea el análisis de tal declaración, y a tenor del significado de «diálogo» y «negociación», tal declaración es una perogrullada o una falacia. Veamos.

Primeramente, creo conveniente diferenciar negociación de diálogo, lo cual dejará en evidencia que la práctica de este último no puede estar limitado por la ley. El término «negociación» hace referencia a una estrategia de regateo que pretende llegar a un acuerdo por el beneficio que el mismo aporta a ambas partes, independientemente de la bondad o no, justicia o no, de lo acordado. Se negocia en virtud de la fuerza disponible, pero bajo el temor de que el enfrentamiento abierto puede ser más perjudicial, en función de lo cual se cede algo para ganar otra cosa, o no perder demasiado. No se tiene en cuenta a la persona con quien (o contra quien) se negocia como posible portadora de una verdad, por ejemplo, un argumento válido, o reivindicación legítima ante la cual no cabría otra opción más honorable que la de asentir sin condiciones.

Sin embargo, en cuanto al significado de «diálogo», dice Ferrater Mora en su Diccionario de Filosofía que el término hace referencia a «un modo de pensar esencialmente no dogmático, esto es, a un modo de pensar que procede dialécticamente […/…], un proceso cognoscitivo». Es decir, que presupone que no hay verdades absolutas y definitivas, precisamente, porque el descubrimiento de la verdad es el objetivo del diálogo. Y si hay verdades previas acordadas, son verdades que siempre están sujetas a refutación según la experiencia va aportando nuevas perspectivas, como en la ciencia. Se podría decir, con los hermeneutas, que el diálogo es el ámbito en el que interactúan los interlocutores con una disposición de ánimo abierta a lo aportado por el otro. Como dice el filósofo Gadamer, el diálogo es el ámbito en el que aparece la verdad. Es decir, en este sentido, se puede entender como un espacio de interlocución, pero también como una actitud de apertura intelectual, de permeabilidad con la que acuden los interlocutores. Abundando más, sería el uso de la palabra con objeto de llegar a un descubrimiento de la verdad con el otro, bien porque mis creencias le sean aceptables o bien también porque las suyas se me impongan por la propia evidencia, por el peso de lo argumentado, a pesar de que ese descubrimiento no me sea favorable en términos de intereses egoístas, pues los argumentos aportados por el interlocutor me parecen admisibles por encontrarlos coherentes con otras verdades compartidas por ambos, por ejemplo, los principios democráticos. Esta actitud abierta implica, por lo tanto, un riesgo: el de exponerse a tener que reconocer las razones del interlocutor como más convincentes que las propias y tener que decir «tienes razón, debo aceptarlo».

Es obvia la diferencia entre negociación y diálogo, y es obvio, también, que el PP no habla de negociación, pues si lo hiciera, estaría reconociendo que toda reforma constitucional es una cuestión de regateo, al mismo tiempo que reconoce que puede haber reformas constitucionales. Y, de hecho, las ha habido.

Volvamos, por tanto, al diálogo, en el cual, necesariamente, en cuanto ámbito de búsqueda de la verdad, no hay condiciones en cuanto a los temas, bien sean prepolíticos (como el contrato social, proceso constituyente o reglas del juego) o políticos (Constitución, leyes, etc). La filosofía y las ciencias son diálogo. La política también. Más concretamente, si se reconoce que toda ley de leyes es reformable, y si para tal reforma es necesario un previo diálogo entre las fuerzas políticas, no tiene sentido decir que el diálogo está limitado por la ley. Es más, cabría decir que todo político tiene obligación moral y política de usarlo incondicionalmente como oportunidad para solucionar conflictos sociales con base en reivindicaciones democráticamente legítimas. La política se basa en la filosofía, ámbito de profunda complejidad que siempre está por debatir, por lo que se requiere un diálogo constante sobre legitimidades, incluso en casos de violencia política. Esto último ha tenido lugar durante las conversaciones para la paz en Colombia y en otros casos. Es más, siendo fieles al significado del diálogo, como exigencia de máximos se debe dialogar hasta con el delincuente, pues no se le puede negar la condición de interlocutor válido. Hasta los propios derechos humanos son susceptibles de revisión por medio del diálogo. Por eso, las únicas condiciones exigibles son las propias para que ese diálogo pueda realizarse físicamente, tales como el no uso de la fuerza y el insulto, es decir, el respeto al interlocutor con quien se dialoga mientras dura tal diálogo, e intrínsecas, como no mentir. Claro que, quien acude con la actitud de apertura intelectual de descubrir la verdad, se supone que lo hace sin usar la fuerza para convencer y con honradez y ánimo de decir lo que piensa, sin mentir, pues la mentira, por definición, sería una contradicción o un impedimento para tal descubrimiento.

Entonces, veamos lo que implica la declaración del PP sobre el diálogo y la ley. Si lo que significa es que el diálogo debe llevarse a cabo de forma respetuosa con la ley en cuanto que a ningún interlocutor le está permitido usar insultos ni violencia como tirarle el bolígrafo a la cabeza del otro interlocutor mientras se dialoga, y que se respetará la libertad de expresión, se supone que tal requisito es de sobra entendido por los interpelados y que huelga plantearlo. Por ello creo que, siendo este el literal significado de «dentro de la ley», tal petición sería una perogrullada, y que no es esto lo que los miembros del Gobierno del PP quieren decir.

Estoy seguro de no equivocarme si afirmo que lo que en realidad quieren manifestar es: «Estamos abiertos al diálogo siempre y cuando no sea para cambiar la ley de leyes, o para interpretarla de una forma abierta que pueda contemplar una consulta sobre el deseo de la mayoría de la sociedad catalana en cuanto a separarse un poco, mucho o del todo, de España». Esto es lo mismo que decir algo así como «Estamos abiertos al diálogo siempre y cuando se acepte que todo siga igual que antes, o, a lo sumo, para hablar de finanzas, es decir, nada de nada sobre derechos de autodeterminación ni nada que se le parezca». Vamos, que el PP pone límites a hablar de la modificación de ciertas leyes que no le interesa cambiar o interpretarlas favorablemente a una consulta, por falta de voluntad política, no porque hablar sobre cambiar la ley esté en contra de la ley. Es decir, que no quiere dialogar porque se cree en posesión de la verdad y quedaría en riesgo de descubrir otra y tener que aceptar una consulta legítima. Por eso prefiere atenerse a una redacción de la ley o a una lectura de la misma que niegue tal posibilidad. De ahí que el «dialogar dentro de la ley» del PP es una declaración vacía de contenido, una falacia con solemne apariencia de respeto a la ley, además de probablemente, intentar engañar con la idea de que hablar para cambiar la ley es salirse de la ley, cuando, en realidad, en última instancia, lo que hace es negar el diálogo.