Los trágicos sucesos de Zaldibar han desvelado los síntomas de un problema que, con ser multidimensional y de diversas consecuencias, tiene una sola lógica: la preponderancia del capital y su acumulación sobre la vida. La vida de los dos trabajadores enterrados, de quienes viven en el entorno del vertedero y de sus condiciones ambientales.

El afán desmedido de lucro por encima de las consecuencias sociales y ambientales de las actuaciones socioeconómicas, colocan en el debate la centralidad del conflicto entre el capital y la vida, que el ecofeminismo y otros movimientos sociales y económicos críticos insisten en visibilizar y combatir. Detrás de lo ocurrido se muestra un modelo económico deshumanizado y depredador, basado en una práctica empresarial productivista y una cultura social consumista que operan sin límites y cuyas consecuencias solo pueden acarrear la insostenibilidad de los procesos sociales y ambientales de la reproducción de la vida.

La producción de residuos es uno de los exponentes de esta economía capitalista que circula sin frenos. El problema no está solamente, que también, en los modelos de gestión de dichos residuos. Obviamente existen políticas y prácticas más acordes con la justicia social y ambiental, pero sigue siendo central abordar el problema de su producción. Sólo desde una política drástica de reducción de residuos relacionados con la producción, comercialización y consumo de bienes y servicios podremos hacer frente a las emergencias socioambientales a las que nos enfrentamos.

En cualquier caso, cabe denunciar con rotundidad, a quienes hacen de una gestión descontrolada e insostenible de estos residuos una fuente de maximización de beneficios por encima de las consecuencias ambientales, laborales y de salud que producen en las personas y su entorno, así como a quienes desde su responsabilidad institucional no desarrollan políticas que lo impidan.

El lucro es el motor de la economía capitalista que beneficia a unas minorías frente a las mayorías locales y globales que soportan los costes sociales y ambientales de sus crisis cíclicas y sistemáticas. El empobrecimiento y la exclusión social, la precariedad laboral y vital, las desigualdades que sufren las mujeres, las necropolíticas aplicadas a las personas migrantes, la explotación de recursos naturales y del territorio, el control de los datos digitales, el desprecio de las culturas locales, la invisibilización y depreciación de las tareas de cuidados y de reproducción de la vida, el auge del autoritarismo y el fascismo, la extensión de nuevas pandemias... forman parte de una misma realidad: la de un sistema económico, político, social y cultural enfrentado a la vida.

Las economías críticas y transformadoras, como la feminista, ecológica o social y solidaria, entre otras, apuntan a la necesidad imperiosa de enfrentar un cambio de rumbo en profundidad, una transición ecosocial que contribuya a recolocar a las personas, las comunidades y el entorno natural en el centro de la economía y de la política. Para ello necesitamos construir una economía postcapitalista que esté al servicio de unas vidas que, necesariamente, son inter y eco-dependientes. Colocar la sostenibilidad de la vida en el centro de este proceso, requiere, entre otras cosas, de una economía dirigida a satisfacer las necesidades reales de todos los seres humanos, a la vez que consigue mantener la capacidad de reproducción del mundo común social y natural. Y ello solo será posible colocando la producción y, en general, todos los procesos del ciclo económico, al servicio de las personas y comunidades.

No se trata solamente de un enfoque o paradigma analítico que por sí mismo ya es de gran utilidad, sino que se encuentra en el origen y fundamento de diversas iniciativas que se extienden por todo el planeta generando alternativas económicas concretas, así como en la elaboración y el desarrollo de nuevas políticas al servicio del bien común y del buen vivir.

Se trata de prácticas relacionadas con iniciativas empresariales basadas en la autogestión, la participación democrática, la no lucratividad y la función social de la producción de bienes y servicios; el desarrollo de herramientas de financiación ética o de cooperativas de producción, comercialización y consumo de energías renovables; estrategias de producción y consumo basadas en la agroecología y la soberanía alimentaria, o en el impulso del comercio justo y circuitos locales de comercialización basados en valores alternativos a los capitalistas; iniciativas de revalorización y priorización de las tareas de cuidados, así como de construcción de organizaciones sociales y económicas habitables y sostenibles; empresas que generan procesos de inclusión social y laboral en sectores como el de la gestión ecológica de residuos, donde fueron pioneras e innovadoras antes de que el mercado público fuera copado por las grandes corporaciones; experiencias de construcción de proyectos de soberanía cultural y tecnológica, así como de desarrollo de prácticas económicas comunitarias basadas en la reciprocidad, el apoyo mutuo o el intercambio no monetizado...

Estas iniciativas, que agrupan a millones de personas en todo el planeta, están construyendo una economía que da respuesta a necesidades sociales, preservando el patrimonio cultural y ambiental, impulsando nuevas formas de (auto)construcción democrática de las comunidades y cuidando de la vida. Prácticas plurales basadas en el reconocimiento de la diversidad que construyen redes locales y globales de economía social y solidaria que, nutriéndose y colaborando con otras economías transformadoras como la feminista y ecológica, promueven una nueva resignificación de las esferas pública, privada de mercado capitalista, privada de iniciativa social y comunitaria en los ámbitos económicos, políticos y sociales, atendiendo de modo prioritario a la preservación, gestión y construcción de bienes comunes, sean estos naturales, relacionales, rurales, urbanos, del conocimiento o digitales.

El politólogo portugués Buenaventura de Sousa Santos, al referirse a estas iniciativas económicas alternativas concluye que «son lo suficientemente utópicas para desafiar a la realidad que existe, pero reales para no ser descartadas fácilmente». En esa doble dimensión reside el potencial de la economía social y solidaria: en la capacidad de sostener una posición crítica y utópica frente a la realidad capitalista, a la vez que construye alternativas cotidianas de transformación social y económica, viables y sostenibles.

Esta potencialidad será mucho mayor si logra extender entre amplias capas de la ciudadanía la necesidad y la posibilidad de desarrollar estas prácticas alternativas y transformadoras en los ámbitos de la producción, la financiación, la comercialización y el consumo. Si es capaz, así mismo, de sortear en su crecimiento las trampas de cooptación por el propio sistema capitalista y de mantener sus principios originarios. Si consigue traspasar las fronteras de lo aparentemente minoritario y testimonial para refundarse en prácticas constituyentes de nuevas políticas económicas, de gestión alternativa, sostenible y creativa del territorio, así como del impulso de prácticas económicas al servicio de la sostenibilidad de la vida. Para ello se necesita de la construcción de redes amplias y diversas de iniciativas económicas alternativas que, junto con otros movimientos sociales, políticos, sindicales, educativos, etc., impulsen un cambio de modelo. Un cambio de modelo económico, de valores, de gestión política y de vida en común.

Que Zaldibar no sea solamente el vertedero del capitalismo, sino el inicio de la construcción de una economía al servicio de la vida. Esa vida que, desgraciadamente, se ha demostrado estos días tan vulnerable a la mercantilización capitalista, a la primacía del ánimo de lucro frente a la sostenibilidad ambiental, así como a la irresponsabilidad política y social.