Las preguntas parlamentarias que se hacen a los gobiernos por escrito tienen generalmente la vocación de encontrar en la respuesta, también escrita, la información o la posición concreta que conoce la administración o tiene el gobierno, sin el despropósito demagógico que suele aparecer en las preguntas y respuestas orales y con público.  

Tienen esa vocación, como también la tiene el gobierno, muchas veces, de eludir lo que se pregunta.  

Así, Miguel Ángel Bustamante, de Unidas Podemos, preguntó al Gobierno español sobre qué actuaciones ha realizado para evitar que empresas españolas como eDreams, una agencia de viajes “on line”, dejen de operar en los asentamientos ilegales en los Territorios Ocupados por Israel, palestinos y sirios. Como es sabido, la empresa eDreams aparece en la Base de datos de las Naciones Unidas (A/HRC/43/71) de empresas involucradas en actividades económicas en los Territorios Ocupados por Israel, contraviniendo el derecho internacional, la IV Convención de Ginebra o la resolución 2334 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La respuesta del Ministerio de Exteriores, prolija, divaga sobre la aceptación española de mecanismos voluntarios de Responsabilidad Social Corporativa, como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de 2011, y señala que elaboró un Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos (2017) donde se llama a las empresas a adoptar la diligencia debida, mecanismo preventivo de estudio de riesgos previo a las decisiones empresariales,  que evite la violación de derechos de terceros y que pueda hacer frente a los impactos adversos de su actividad. Indica asimismo que hay intención de realizar una Ley de Protección de los Derechos Humanos, de Sostenibilidad y de Diligencia Debida en las Actividades Empresariales Transnacionales. Por último, afirma que, tras la publicación de la Base de Datos por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la presentación de un informe donde se recogían algunas consideraciones de aplicación, España ha tomado debida nota de este, y, junto con los demás estados miembros de la Unión Europea, está estudiando dicho informe a fin de poder poner en común sus conclusiones. Pero, por lo que se ve, tras el estudio, llamamiento y plan no se ha seguido ningún desarrollo normativo específico para sancionar a esas empresas violadoras del Derecho Internacional y éstas no se dan por aludidas.

La falta de concreción es lo que seguramente ha motivado que Néstor Rego, parlamentario del BNG, haya insistido formulando una nueva pregunta, todavía sin respuesta: “¿Qué actuaciones concretas, está realizando el Gobierno para que empresas españolas como CAF, eDreams, GMV, OSSA, SEMI y TYPSA y otras internacionales con implantación en España dejen de actuar en los asentamientos ilegales en los territorios ocupados palestinos y sirios? ¿Qué cláusulas en los concursos públicos y programas subvencionados se desarrollan para penalizar el comportamiento de violación del derecho internacional por parte de estas empresas? ¿Qué otras medidas se están realizando, además de crear marcos legislativos nuevos?”.

Pero en todas partes cuecen habas. Así Iñigo Martínez, de Elkarrekin-Podemos-IU, pregunta al Gobierno Vasco (PNV-PSE-PSOE), tras el incremento por parte de Finkatuz, instrumento financiero de la administración vasca, en su inversión y compra de hasta un 3% del capital de la empresa ferroviaria CAF, sobre si va a ejercer su influencia sobre la toma de decisiones de esta empresa para evitar actuaciones suyas en contra del pueblo palestino, tal como han denunciado la Autoridad Palestina y diversas asociaciones. CAF está construyendo y gestionando líneas de tren ligero desde Jerusalén a las colonias próximas, todo ello en los Territorios Ocupados, al servicio de la potencia ocupante, Israel. Bien, es cierto, que la pregunta exacta reza: “¿Cómo ejercerá el Gobierno Vasco la coherencia de políticas para el desarrollo con su pertenencia a este Consejo de Administración?” El Gobierno Vasco, de forma displicente, lo despacha diciendo que Finkatuz no forma parte del Consejo de Administración de ninguna empresa, y no entra en su capacidad de incidir en las decisiones de esta empresa.

Pero, en otra pregunta anterior, del mismo diputado, el Gobierno Vasco le contesta más extensamente, declarando que su inversión en CAF se hace por lo que tiene esta empresa de impulsora de la industria vasca. Admite luego que su pertenencia al capital de CAF tiene incidencia y se actúa así para limitar el peligro de la deslocalización fabril; por ende, el Gobierno Vasco, haciéndose eco de las opiniones de la empresa, desarrolla una teoría según la cual el Derecho Internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas, incluidas las del Consejo de Seguridad, no afectan a las empresas privadas, solo a los estados (y a sus gobiernos, se entiende). Ni las Convenciones de Ginebra, ni el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre el Muro o la Resolución 23/34 del Consejo de Seguridad tienen valor para el Gobierno Vasco, que avala a la empresa CAF, a pesar de que esta última Resolución condena «todas las medidas que tienen por objeto alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, incluyendo, entre otras cosas, la construcción y expansión de los asentamientos, el traslado de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de viviendas y el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho internacional humanitario y las resoluciones pertinentes». El Gobierno Vasco desprecia que CAF esté afectada por las cuantiosas normas internacionales integradas en el derecho nacional. Y, por último, la contestación del Gobierno Vasco revela nuevamente que las preguntas son útiles para conocer el planteamiento del poder y que, en muchas ocasiones, por la boca muere el pez. Afirma: «No hay, por tanto, impedimento legal alguno ni en la dimensión internacional ni en la europea para la realización de actividades contractuales por parte de empresas europeas en Israel», cuando se le ha preguntado por actuaciones en Territorio Ocupado Palestino por parte de CAF, en contra del pueblo palestino, al servicio del país responsable de la ocupación. Vamos, que el Gobierno Vasco se pone al servicio, por acción, y otros por omisión, de la potencia ocupante.