Quizá sea un problema entender las facturas de la luz, pero no resulta tan difícil comprender el sistema. El Estado español tiene una potencia instalada de 116 gigavatios que, según criterio científico, daría de sobra para abastecer al conjunto de su sistema eléctrico. De hecho, es más del doble que la demanda máxima de los últimos años. Es más, con la apuesta por las renovables se quiere llegar a los 180 gigavatios y cabe destacar que el consumo de electricidad sigue cayendo paulatinamente, año tras año, desde el 2008. Así las cosas, si la demanda cae y el mercado está sobreabastecido, alguien debería explicar cómo puede encarecerse todavía más el recibo de la luz. La mano invisible debe de estar ocupada saqueando bolsillos ajenos cuando, habiendo mucha oferta y poca demanda, los precios de la luz son cada vez más caros.

¿Cómo se entiende esto? Porque el oligopolio que forman Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, determinan el precio y el coste de la electricidad. Veamos los beneficios de estas empresas que, recordemos, no dudan en cortar la luz a quien no puede pagarla. En 2021 Endesa obtuvo 1.435 millones de euros de beneficio neto, Iberdrola 3.885, Naturgy 1.214 y EDP 657. Las cifras demuestran que estas empresas siguen engordando y amasando beneficios a costa de la vida de la gente.

La subida de precios y la carestía de la vida han sido, históricamente, una de las principales causas de protesta y levantamiento popular. Ante medidas como la de bajar impuestos a la luz o los carburantes, ¿qué ha hecho el oligopolio eléctrico? Subir el precio del megavatio hora. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido menos recaudación para las arcas públicas, más beneficios para las grandes empresas y que, al final, el consumidor sigue pagando y ahogado en una economía de subsistencia.  

Recuperar o nacionalizar sectores estratégicos es urgente. En 1985, en el Estado español, había 130 empresas públicas. Hoy quedan 16. Esta operación de expolio de lo público, además de resultar un negocio redondo para quien las compró a precio de saldo y para quienes encontraron acomodo a través de una puerta giratoria al pasar de la política a uno de sus consejos de administración, también supuso cerrar la puerta al Estado para intervenir de manera decidida en el mercado. Y así consiguen esquilmar recursos públicos, haciendo rehén de su atraco a toda la ciudadanía después de haber eliminado cualquier atisbo de control público.

Para quienes defendemos que la energía es un sector estratégico y la electricidad un bien común, la intervención pública es una obligación. Es necesario crear empresas públicas de energía cuyo mayor objetivo sea el bien común y no el enriquecimiento de unos pocos a costa de la miseria de la mayoría y el expolio del planeta.

Reducir el IVA al 10% apenas es una tirita. Lo único que supone es recaudar menos para las arcas públicas que sufragan la educación, la sanidad, las pensiones o las políticas sociales. Y esto no se trata de ayudar a las y los consumidores con su factura de la luz. Lo que hay que hacer es intervenir, enfrentarse a estas cuatro empresas que forman el oligopolio (o cartel) eléctrico, y del lado de las miles de personas a las que están estafando.

Es urgente reducir el consumo eléctrico, y es necesario decrecer. La solución pasa por desplegar con celeridad más fuentes de energía renovable con liderazgo y control público, con total transparencia, y con una clara visión ecológica, democrática y de justicia social, de tal manera que la población se sienta parte de los proyectos y no un mero consumidor.