Cuando el 21 de octubre del pasado año Pedro Sánchez viajó a Israel y se entrevistó con Netanyahu, sacó pecho e hizo saber a este que la «matanza indiscriminada de civiles inocentes es absolutamente inaceptable». Después, en rueda de prensa, afirmó que la Unión Europea (UE) debía de reconocer al estado palestino y que «si esto no ocurre, España desde luego tomará sus propias decisiones». Muchos fueron los que después alabaron sus palabras y promesas. ¡Angelicos!

Poco después, el 11 de diciembre, en la reunión de ministros de Exteriores de la UE, el Alto Representante de esta para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el español Josep Borrell, exministro de Pedro Sánchez, propuso impulsar sanciones contra el grupo terrorista Hamás por su ataque terrorista contra Israel, así como estudiar «imponer sanciones contra los colonos israelíes extremistas de Cisjordania». ¡Mira tú por dónde, quienes no aparecían en esta película eran el Gobierno de Netanyahu y su ejército!

La UE se ha llenado la boca hablando de la necesidad de acomodar la que a su juicio era una justa respuesta defensiva israelí, a lo dispuesto en la normativa internacional humanitaria. Algunos países miembros han reclamado incluso un alto el fuego, pero ahí se ha acabado todo, porque condenar, lo que se dice condenar, lo único que han condenado expresamente ha sido el ataque de Hamás. Ninguno ha señalado al Gobierno israelí como responsable de crímenes de lesa humanidad y genocidio, ni ha tomado medida diplomática (suspensión o ruptura de relaciones) o sanción alguna contra este. Palabras, muchas, pero todas vacías de contenido.

El 31 de octubre, el gobierno boliviano de Luis Arce fue el primero en desmarcarse de este manto de hipocresía y complicidad con el que EEUU y la UE trataron de vestir la agresión contra Gaza, rompiendo relaciones diplomáticas con Israel. A continuación, Chile y Colombia llamaron a consulta a sus embajadores como forma de protesta. Por su parte, el presidente de Brasil, Lula da Silva, calificó la agresión israelí de terrorista y genocida.

Poco después, el Gobierno sudafricano, sabedor como nadie de lo que significa padecer durante décadas apartheid y violación generalizada de los derechos humanos, rompió relaciones diplomáticas con Israel. No solo eso, sino que acto seguido interpuso ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia contra el Gobierno israelí por actos de genocidio cometidos contra la población de Gaza: asesinatos, bombardeos contra la población civil, desplazamientos masivos de población, destrucción de viviendas, barrios, hospitales, mezquitas, iglesias, escuelas, refugios de la ONU e infraestructuras básicas, bloqueo de agua, medicinas y combustibles...

Pronto comenzaron a recibirse adhesiones y participación en esta denuncia: Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia, México, Turquía, Jordania, Indonesia, Namibia, Pakistán, Irán, Marruecos... Ante ello, Israel ha presentado todo esto como parte de un contubernio islámico contra el pueblo judío, pero ni Sudáfrica ni los países americanos se ajustan a esta maniquea simplificación. Tachar igualmente de antisemitas las manifestaciones en las que millones de personas de todo el mundo han afirmado que aquello no era una guerra, sino ante un genocidio, es igual de burdo.

Pedro Sánchez ha presidido el Consejo de la UE durante el último semestre de 2023. Mientras tanto, entre octubre y diciembre, el Gobierno israelí ha asesinado a más de 20.000 personas y ha arrasado Gaza de norte a sur. En su discurso de despedida, como no podía ser menos, habló de los numerosos logros alcanzados bajo su Presidencia en el Consejo. En su breve mención a Gaza sermoneó nuevamente con la necesidad de acordar pausas humanitarias, exigir el cumplimiento del derecho internacional humanitario y, por último, propuso celebrar una Conferencia Internacional de Paz para la zona. Por supuesto (¡vade retro!), nada de proponer rebobinar, recortar o acabar con el trato de «nación más favorecida» (económico, político, social, cultural, deportivo...) que la UE da a Israel.

En su discurso, Sánchez pasó de puntillas por uno de los principales acuerdos adoptados durante su mandato, en el que Josep Borrell ha jugado también un papel destacado por ser una materia relacionada con su cargo. Se trata del tomado en materia de migración, que ha acercado notablemente la normativa europea, ya de por sí bastante restrictiva y represiva, a los postulados defendidos por los países más racistas y xenófobos de la EU: Hungría, Polonia... Amnistía Internacional ha criticado duramente el acuerdo y nueve ONG cuyos barcos de rescate actúan en el Mediterráneo han afirmado que este supone «formalizar un statu quo en el que la violencia, el abandono, la tortura y dejar morir a las personas son prácticas cotidianas».

La política exterior del Gobierno español se enmarca dentro las directrices marcadas por EEUU y una UE cada vez más escorada a la derecha. Es decir, otanismo puro y duro y retrocesos continuados en materia de derechos humanos y libertades democráticas. Los ejemplos están ahí: la seguidista postura española ante la guerra ruso-ucraniana, el decir amén a la exigencia yanqui de incrementar sustancialmente los gastos militares españoles hasta llegar al 2% del PIB, el dar un triple salto mortal (¡ale hop!), pasando de reclamar autodeterminación para el pueblo saharaui a admitir la soberanía marroquí sobre el mismo...

«De poco sirve cacarear si no se pone huevo», dice el refrán. Pues eso. Pedro Sánchez, en su visita a Israel, habló de reconocer el estado palestino sin esperar a lo que haga la UE, pero ahí quedó todo. Por su parte, Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU para Palestina, ha señalado al Gobierno español que «si quiere apoyar de verdad el derecho internacional y lograr la estabilidad en la región..., los primeros pasos deben ser detener tanto la compra como la venta de armas a Israel y apoyar la solicitud de Sudáfrica por genocidio». ¡Toma nota, Pedro Sánchez!