En un artículo anterior titulado "Qué se desprende de proclamar la no violencia" decíamos que la propiedad de hoy está basada, en gran parte, en el uso histórico de la fuerza (guerra, esclavitud, colonización, saqueo, expulsiones territoriales, relaciones comerciales asimétricas...), y concluíamos que la proclamación de la no violencia compromete la legitimidad de las desigualdades de derechos civiles, sociales o económicos entre países y entre clases sociales, que en su mayor parte son resultado de la violencia ejercida en tiempos pasados y no tan pasados.

Antes de esto habíamos dicho que, si abrazamos los valores democráticos, difícilmente podríamos aceptar la obligación moral de respetar lo conseguido mediante la violencia. Si yo te digo «De acuerdo, abandonemos la violencia, pero sigo reteniendo lo conseguido mediante ella», no la estoy rechazando sino validándola como vía de apropiación.

Lo que en este presente artículo queremos apuntar, como continuación del anterior, son dos compromisos que debe asumir todo Estado en el mismo momento de autodeclararse democrático, es decir, al pasar de la barbarie violenta a la democracia, pues, de lo contrario, como decimos en el artículo mencionado, la democracia seguiría estando preñada y deudora de violencia. Esos dos compromisos son ante terceros países y ante las clases más victimizadas en los propios.

Para el primero de los casos, una actitud coherente con los valores democráticos sería la compensación por los daños ocasionados y por los recursos extraídos en los países colonizados. ¿Habría que compensar por todo el daño y devolver lo apropiado? Teóricamente, en sentido estricto, sí, pues es cuestión de justicia retributiva y la nobleza democrática, que es un acuerdo por la convivencia, obliga. Difícilmente puede haber convivencia sin reparación del daño.

Naturalmente, se dirá que la cuantificación del daño y de la riqueza apropiada es imposible. Sin embargo, hay ejemplos de lo contrario, como es, entre muchos otros, el caso del pago de compensaciones de Haití a Francia, bajo amenazas de invasión por parte de Francia, por la pérdida de los bienes de la colonia debido a la revolución de los esclavos. Algo parecido ocurrió con el pago de indemnizaciones a estados sureños de Estados Unidos después de la abolición de la esclavitud.

Aun concediendo que esa investigación histórica y cuantificación pudiera no ser tarea fácil, no lo sería tanto la condonación, por injustas, de las deudas contraídas. En casi todos los casos de colonización, la vinculación es innegable entre el saqueo de recursos, empobrecimiento de los colonizados, enriquecimiento de los colonizadores y necesidad de préstamos otorgados por los segundos a los primeros bajo condiciones draconianas.

Una consecuencia de este trato depredador a los países colonizados es la migración de su población a los países colonizadores, con la esperanza de hacer un proyecto de vida estable. Sin embargo, lejos de ser acogida como víctima de nuestra explotación, la rechazamos, estigmatizamos y despreciamos, dejándonos llevar por las llamadas al odio y a la persecución, ocasionando serios problemas de convivencia al apoyar opciones políticas xenófobas ultraconservadoras.

Las condonaciones de deuda e incluso compensaciones por daños históricos son, por tanto, obligaciones éticas que se desprenden lógicamente de la proclamación de la no violencia. De lo contrario, se la estaría validando al mismo tiempo que rechazando.

Otro tanto ocurre en un nivel doméstico, pues, si ha habido apropiación de territorios, tierras y recursos, así como acumulación de poder económico derivado de ello, es lógicamente inaceptable que se pueda hablar de paz y convivencia sin devolver lo usurpado y/o compensar por los perjuicios ocasionados, así como por las desigualdades derivadas de ello. Un ejemplo entre muchos es el de las empresas del Ibex españolas que medraron bajo el paraguas protector del franquismo y su violencia, y que, basadas en el capital acumulado entonces, han seguido creciendo hasta hoy. En este caso, también, la proclamación de la no violencia debería conllevar devolución de lo acaparado y es suficiente justificación moral para exigir su nacionalización o compensaciones mediante gravámenes especiales.

Olvidar la presencia de la violencia supone no entender la causa de las desigualdades. Y la democracia ni es olvido ni está para olvidar.