Cuando han pasado tres meses desde que Marruecos filtrara la carta de Pedro Sánchez en la que el Gobierno español modificaba su postura formal sobre la cuestión del Sáhara Occidental, los ecos de las reacciones que ha provocado este giro, lejos de apaciguarse, siguen estando en primera línea de las declaraciones políticas y mediáticas, esta vez al hilo de la suspensión por parte de Argelia del tratado de amistad y cooperación con España.

La decisión del Gobierno español tiene, sin duda, muchas derivadas que sería imposible abarcar de forma breve, como imposible resulta hacer frente a la multitud de desatinos que se han vertido y se vierten al comentar los diversos aspectos de este asunto.

Se han comentado, sobre todo, las implicaciones que puede tener la posición del gobierno en la política interna del Estado; pero más allá declaraciones y mociones genéricas, si algo ha quedado claro en esta cuestión es que los partidos que integran o apoyan a este gobierno son incapaces –¿o puede que simplemente no tengan voluntad real?– de hacer revertir la decisión de reconocer implícitamente la soberanía marroquí sobre la colonia española. Igualmente, parece que las organizaciones sociales no hemos sabido vehicular la simpatía y solidaridad que suscita la causa saharaui en la inmensa mayoría de la población hacia una expresión clara de rechazo o de indignación. Aunque, como demuestra la decisión de Argelia, nunca es tarde para retomar la iniciativa.

Sin embargo, las últimas decisiones argelinas ponen de relieve una dimensión casi silenciada por el ruido que han provocado las formas y los tiempos elegidos para dar a conocer la decisión del gobierno. En efecto, en el plano internacional, las declaraciones de apoyo a la ocupación marroquí revelan que la decisión no es fruto de un simple «calentón» del Sr. Sánchez, como algunos medios pretenden calificar –aunque algo de improvisación parece claro que hay– ni tampoco, como se hace sobre todo desde las redes sociales, una simple rendición al chantaje brutal de Marruecos –que también–.

El posicionamiento actual del Gobierno español es el resultado de un esfuerzo estratégico de largo alcance para consolidar en el Magreb árabe una relación de fuerzas definitivamente favorable a los intereses neocoloniales del occidente capitalista. Este esfuerzo, liderado inicialmente por Estados Unidos, como corresponde a su condición de potencia hegemónica, tuvo su máxima expresión en la declaración de un presidente saliente, Donald Trump, aceptando la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental a cambio del restablecimiento pleno de relaciones entre el reino de Marruecos y el estado de Israel.
 
En el actual orden internacional, sin embargo, el control geopolítico de esta zona del norte de África no le corresponde directamente a USA, sino a Europa. No a esa Europa constructora de derechos y valores democráticos que nos quieren vender, sino a la Europa de las necropolíticas migratorias, subsidiaria de la OTAN y heredera del colonialismo más reciente, que se desliza en los últimos años hacia la ultraderecha ideológica.

Muchas de las reacciones de responsables políticos sobre la ruptura de relaciones de Argelia con España demuestran que, en el fondo, la visión que Europa tiene de África apenas ha cambiado desde la conferencia de Berlin de 1885 y, que igual que USA con América Latina, sigue tratando al continente africano como su patio trasero: una especie de enorme finca de donde extraer los recursos necesarios para su desarrollo económico y social y en el que los habitantes y dirigentes africanos deberían limitarse a cumplir eficazmente con esa labor.

La lista de asesinatos, golpes de estado e intervenciones militares para controlar los movimientos independentistas o simplemente para «moderar» políticas consideradas potencialmente peligrosas para los intereses de Europa no está cerrada. Francia, Reino Unido y Alemania se esfuerzan abierta y clandestinamente en condicionar la vida política y económica de los pueblos de África, porque de ello depende, en gran medida, el rumbo de la economía europea que ellos lideran.

Ciertamente, la práctica neocolonial europea entra en abierta contradicción con el entramado legal propiciado tras la segunda guerra mundial, la llamada legalidad internacional por lo que, en gran medida, las intervenciones son de tipo «encubierto» o simplemente silenciadas a la opinión pública. Y sí, España, aunque es el único país europeo que sigue teniendo una colonia reconocida como tal en África, el Sáhara Occidental, tiene un papel marginal en este empeño. Como la permanencia en la OTAN, esto es parte del precio que tuvo que pagar en su momento a cambio de su entrada en la UE.

En este contexto, el Magreb árabe se ha convertido en uno de los escenarios más evidentes de confrontación entre los intereses neocoloniales y los derechos de los pueblos africanos y el Sáhara Occidental en el campo de batalla probablemente más decisivo al respecto. Si, finalmente, Marruecos consigue apropiarse del estratégico territorio del Sahara Occidental y controlar sus bienes, Occidente habrá conseguido equilibrar en buena medida el poder principal de la región que, hoy día, representa Argelia.

El único problema es la resistencia que opone el pequeño pueblo saharaui esgrimiendo a su favor la legalidad internacional. En efecto, el pueblo saharaui, al menos desde la creación del Frente Polisario, ha basado la legitimidad de su lucha en el derecho internacional. Esto le ha supuesto una importante baza a la hora de enfrentarse al colonialismo y reafirmar su voluntad de alcanzar el derecho a la autodeterminación y a la independencia. De manera que cada vez que las fuerzas neocoloniales han intentado justificar o perpetuar sus fechorías, todas y cada una de las instancias y tribunales internacionales han ratificado la legitimidad de la resistencia saharaui y han condenado las prácticas coloniales.

La llamada legalidad internacional es, curiosamente, una creación de quienes apoyan la ocupación del territorio, la expoliación de sus recursos, y el intento de aniquilar a la población originaria. Esto es, del conjunto político-económico de gobiernos y empresas que financian y proporcionan con medios y armas la ocupación del Sahara Occidental. En este lobby de la muerte y el expolio los gobiernos y empresas españolas sí tienen, por razones históricas y geográficas, un papel destacado.

Son ya 50 años de un equilibrio inestable entre la legitimidad y los intereses económicos y geopolíticos. Una lucha en la que ninguna de las partes, puede darse definitivamente por vencedora. El neocolonialismo ha intentado la rendición del pueblo saharaui con bombardeos a refugiados civiles, con desapariciones masivas, con invasión de colonos, con el expolio masivo de los recursos, con todo tipo de tácticas para retrasar la aplicación de las resoluciones de la ONU, con mentiras y silencios y con el apoyo descarado de España, Francia o USA al régimen genocida de Mohamed VI pero la resistencia saharaui se mantiene, apoyada en el derecho internacional. La venta de armas, el robo gigantesco de fosfatos y pescado, los negocios agrícolas con el rey de Marruecos, la energía fósil y verde del Sahara Occidental que explotan empresas como Siemens-Gamesa, aparecen así como hechos cumplidos pero imposibles de justificar o legalizar.

La clave para deshacer este cruel empate podría estar en una serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, desde 2016, vienen estrechando el margen para que estas prácticas coloniales puedan realizarse, al declarar nulos los acuerdos económicos con Marruecos en las que se basan. A lo largo del 2023 se espera que la más alta instancia judicial europea resuelva definitivamente el contencioso a favor de los argumentos del Frente Polisario con lo que la UE debería replantear el conjunto de sus relaciones con Marruecos. No solamente las comerciales, sino todas las cuestiones que afectan al territorio del Sahara Occidental, que Marruecos considera suyo y que constituye no solo la principal fuente de riqueza del reino alauí, sino, como explicamos, la única esperanza, tanto para Marruecos como para Europa, de poder hacer frente a su principal rival en el tablero del Magreb.

La decisión del Gobierno español, por tanto, formaría parte de un plan para imponer la realidad de la ocupación por la vía del consenso político internacional, fuera cual fuera la decisión de los tribunales europeos. Construir ese consenso en el caso europeo requiere de la implicación directa de los dos principales gobiernos, Francia y Alemania y, para el tema del Sahara Occidental, de la potencia colonial de referencia, España –como lo sería Bélgica si hablamos de la República del Congo o Portugal de Mozambique–. Una vez construido este consenso de «realpolitik» sería fácil sumar a la mayoría de los gobiernos europeos –aunque quizás no tan fácil como ha sido con el caso de la guerra en Ucrania– y junto a los Estados Unidos imponer la ley del mas fuerte también en este rincón del mundo.

Es por eso que necesitamos toda la fuerza de la solidaridad y toda la voluntad política democrática para parar este golpe del neocolonialismo, desmontar los argumentos falaces de la oportunidad política y la falsa compasión humanitaria que ha desplegado el PSOE y poner en marcha una movilización social y política efectiva. Porque no solo está en juego la libertad y los derechos de un pueblo africano, sino que gobiernos y empresas puedan o no imponer su voluntad por encima del derecho, que ellos mismos dicen promover.