Secretarías e Intervenciones: Cambiar las reglas del juego al final de la partida
El pasado 5 de diciembre el PP presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley que pretende desvincular los procesos de obtención de funcionarización en Secretaría e Intervención en las entidades locales de Navarra. Si esto llegara a suceder, unas 30 personas obtendrían su merecida funcionarización, pero al menos otras tantas, entre otras, algunas y algunos de quienes firmamos este artículo, perderíamos nuestro empleo y, en el mejor de los casos, algunas seríamos trasladadas a nuevos destinos sin posibilidad de elección. Además, numerosos Ayuntamientos colapsarían al quedar vacantes sus puestos de Secretaría e Intervención, y el resto de compañeros se verían perjudicados por acceder a la funcionarización más tarde que las de la oposición.
Aunque la situación de abusividad en Secretarías e Intervenciones de las entidades locales de Navarra se remonta a hace más de medio siglo debido a decisiones políticas, nos vamos a centrar en los últimos acontecimientos (como antecedente, señalaremos que ha habido más ocasiones en las que nuestra fijeza ha acabado en agua de borrajas al llegar al Tribunal Constitucional): En mayo de 2022 el Parlamento de Navarra aprobó la ley foral 16/2022, que convocaba unas 30 plazas a oposición, unas 150 a estabilización (principalmente, por antigüedad) y abría (por fin) concurso de traslados para las 12 personas ya funcionarias. Esta ley decía que todas las Secretarías e Intervenciones cambiaríamos de puesto el mismo día, garantizando así una transición ordenada. Estas eran las reglas del juego que se fijaron, que todas aceptamos, y en base a las cuales decidimos cómo organizar nuestras vidas (estudiando, trabajando, cuidando y en otro tipo de menesteres no menos legítimos e importantes), según las circunstancias de cada cual. Y esto fue así porque hubo prácticamente unanimidad, también entre quienes ahora promueven la desvinculación, en la idea de que personas que llevan 15 y 30 años de ejercicio han demostrado su capacidad de sobra, por más que los Gobiernos no hayan convocado oposiciones en todo ese tiempo.
En julio de 2023 publicaron los resultados del proceso de estabilización, pero estas 145 personas no tomaron posesión, porque había que esperar a que se resolviera el último de los procedimientos convocados (la oposición). En noviembre de 2023 se celebró el examen de la oposición. Muchas de las personas que ya habían obtenido una plaza por estabilización ni siquiera asistieron y, muchas de las que lo hicieron, fueron sin haber estudiado expresamente, confiando en la ley vigente, que, en su caso, hacía innecesario tal examen.
En diciembre de 2023 (pasado ya el examen), el TSJ expresó dudas acerca de la constitucionalidad de la ley y suspendió cautelarmente el proceso de estabilización, mediante auto del que se deduce que esperaban que el Gobierno de Navarra detuviera todos los procesos, como en ocasiones similares previas. En octubre de 2024 el TSJ mandó el asunto al Tribunal Constitucional para que resolviera si la Ley Foral 16/2022 es constitucional o no y, una semana después, el consejero Chivite anunció intención de modificar la ley para permitir que las plazas de oposición se cubrieran sin esperar a la resolución del Tribunal Constitucional (de ahí que las 30 personas que se funcionarizarán por oposición se verían beneficiadas). Pero, ¿por qué se pretende cambiar las reglas del juego ahora, si esta vinculación entre procesos ya generó inconvenientes antes? Por estas reglas del juego, las 145 personas que habían obtenido plaza por el concurso de méritos no pudieron tomar posesión en julio de 2023, antes de que se produjera la suspensión. Y, por estas reglas del juego, los resultados de la oposición fueron los que fueron, y no los que hubieran sido de haber sabido nosotros que nos enfrentábamos al desempleo, o de haber sabido otras compañeras que cabía la opción de que unas pocas personas se funcionarizaran antes que todas las demás, ya que esto supone un perjuicio para futuros concursos de traslado.
No vamos a explicar aquí los problemas de legalidad y de constitucionalidad que presenta la pretendida modificación, porque son tantos (violación de los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima, actos consentidos por la propia administración actuante, adopción de acuerdos normativos lesivos con efecto retroactivo...). que no nos caben en un único artículo y ya se los hemos hecho llegar a quienes nos han querido escuchar: tanto al personal de confianza del Consejero, como a los grupos parlamentarios que han respondido a nuestra solicitud de reunión, entre los que no se encuentra el PP. En consecuencia, según tenemos entendido, a día de hoy no existe ni un solo informe jurídico que respalde tal modificación, mientras que la Ley Foral 16/2022 contaba con informes técnicos que avalaban su adecuación a la legalidad.
En cualquier caso, la realidad es que para que la iniciativa del PP prospere basta con que 26 de los 50 parlamentarios voten a favor. Creemos que esta votación estará condicionada por presiones de otros grupos interesados, y entendemos la querencia de nuestros compañeros y compañeras de mejorar sus condiciones laborales. Lamentamos la situación, en particular por las personas que se funcionarizaron en 2012 y que, por decisiones políticas e inacciones de los sucesivos Gobiernos de Navarra, no han podido optar a concursos de traslado, pero esta decisión política no sólo no soluciona los problemas de fondo, sino que, además, los agrava. ¿Qué pasará si finalmente desvinculan los procesos y el Tribunal Constitucional resuelve favorablemente a la ley? ¿Cómo se reparará el perjuicio generado a quienes perdamos el empleo o seamos forzosamente trasladados? ¿Cómo se justificará la desigualdad de trato entre quienes se funcionaricen ahora y quienes lo hagan más tarde?
Nos preguntamos qué perjuicio supondría esperar a la resolución del TC, porque, poniendo en una balanza las mejoras laborales de nuestros compañeros y compañeras frente a nuestro desempleo y el colapso de varias entidades locales, no parece haber dudas. A fin de cuentas, no merecemos que una situación caótica, generada durante décadas de desidia política, termine causándonos un daño irreparable.
Por todo lo anterior, pedimos que se respeten la ley, los principios del derecho y la confianza legítima que pusimos en la administración al organizar nuestras vidas.
*Lista completa de firmantes:
1. Edgar Láinez Goñi, interventor de Mendavia.
2. Mari Jose Ezkurra Legazkue (secretaria interventora de Ezkurra, Eratsun y Saldias).
3. Eguzkiñe Aiesa Andres, secretaria de Irurtzun.
4. Francisco Javier Gil Izco, secretario de Villava.
5. Joaquín Lizarraga Sanz, secretario-interventor de los Ayuntamientos de Ezcabarte y Olaibar.
6. José Antonio Otazu Ferrer, interventor de Irurtzun.
7. Alberto Echeverría Armendariz, secretario-interventor en Aberin, Arellano y Morentin.
8. Inés Carpintero Ruiz secretaria-interventora de la Mancomunidad de Sangüesa.
9. José Luis Navarro Resano, secretario de Estella.
10. Nagore Madariaga Iriarte (secretaria de Arantza e Igantzi).
11. Joaquín Legarda Araiz, secretario de Carcar.
12. José Miguel Corres Botella. secretario Valle de Lana, Mues, Sorlada y Piedramillera.
13. Sara Lana Cambra. secretaria Ayuntamientos Eulate, Aranarache/Aranaratxe y Larraona.
14. Asier Gil Artuch. secretario-interventor de la Junta General del Valle de Roncal.
15. Imelda Ruiz de Larramendi Ruiz de Galarreta. Excedencia en Ayuntamientos de Aguilar de Codes, Aras, Genevilla, Marañon.
16. Leyre Torres Ruiz, economista del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
17. Asun Gil Barno, secretaria de Viana.
18. Raúl Echarri Jiménez, secretario de Oteiza.
19. Maider Muguiro Perez, secretaria interventora de Valle de Arce, Oroz-Betelu y Valle de Lónguida.
20. Idoia González de Zárate Fernández de Retana, interventora de Viana.
21. Ainara Armendáriz Castien, secretaria de Ansoain.
22. José Javier Cuenca Echarri. interventor de Azagra.
23. M. Concepcion López Azanza. secretaria Abarzuza y Lezaun.
24. Alfonso Araujo Guardamino, Ultzama-Odieta.
25. María Barkos Berruezo, Lakuntza.
26. Isaak Valencia Alzueta, Altsasu.
27. Begoña Olaskoaga Etxarri, Lekunberri.
28. David Modrego Jiménez, secretario de Fontellas.
29. María Jesús Hernández Luri, Azagra.
30. Andrea Lafuente Bozal, Ribaforada.
31. Raquel García Pérez, Cadreita.
32. Ángel Bernardo Galindo Serrano, Rincón de Soto.
33. Jesús Angel Lacarra López, Fitero.
34. Edurne Chasco Garralda, Iza.
35. Begoña San Martín Amor, Carcastillo.
36. Elvira Sáez de Jauregui Urdanoz, Agrupación de Ayuntamientos de Doneztebe Santesteban y Elgorriaga.
37. María Teresa Lizarraga Mansoa, Ayuntamiento Murillo del Cuende.
38. Jon Urteaga Alameda, secretario Ayuntamiento de Mendavia.
39. Joanes Alemán Ollo, Araitz-Betelu.
40. Ana Gómez Senosiain, Santacara.
41. Sonia Mateo Ortega, Ablitas.
42. José Miguel Vela Desojo, Villatuerta.
43. Jose Gabriel Ayesa Aristu Sanguesa.
44. Ana Alduntzin Navarro, Larraun.
45. María Dolores San Martín Hermoso de Mendoza, licenciada en derecho en el Ayuntamiento de Pamplona y antigua secretaria de Zabalza y Belascoain.
46. Eunate Nicuesa Txakon secretaria de los Aytos de Bakaiku e Iturmendi.
47. Marta Valencia Lara, Barásoain.
48. Urtzi Nazabal Goñi, Sakanako Mankomunitatea.
49. Mertxe Goñi Gorriz. interventora del Ayuntamiento de Ansoain.
50. María Teresa Perales Díaz, secretaria del Ayuntamiento de Cascante.
51. Edurne Ayesta Zardoya, interventora de Burlada.
52. Flor Laparte Rodríguez, secretaria de Andosilla.
53. Imanol Goñi Razkin, secretario/interventor del Ayuntamiento de Arakil.
54. Íñigo Urdangarin Zurutuza, interventor Lesaka.
55. Lucia Beloqui Iriarte, Ayuntamientos de Basaburua e Imotz.
56. Etienne Alzate Figueras, secretario-interventor de Javier, Petilla de Aragón y Ezprogui.
57. Juan Carlos González Muñoz, ex secretario de Yesa, designado para Aranguren.
58. Sofía Peña Vidondo. interventora de Berriozar.