La «Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero» (AJAFR) fue constituida en el año 2012 en Euskal Herria por personas exiliadas y ciudadanos solidarios con América Latina. Estamos trabajando en torno a la defensa de los derechos humanos, el impulso del pensamiento crítico, el apoyo al exilio y por contribuir, con toda modestia, a la construcción de la Paz. Un empeño está siendo el de impulsar redes solidarias que sean visibles en la agenda internacional con la perspectiva de las víctimas del Estado y el paramilitarismo.

Esto nos ha planteado que tengamos que tener en consideración los factores contextuales de la escena política nacional colombiana. Las personas que conocen el mundo que rodea la cooperación al desarrollo y la solidaridad saben que la mirada y el acompañamiento de los países del Norte están condicionados principalmente por dos razones: los intereses geopolíticos en juego; y la incidencia política de las sociedades de los Países del Sur para «ganar» la veeduría ciudadana, entendiendo por esta el proceso de vigilancia y control de los asuntos públicos y también, en gran medida, de los elementos de ámbito privado que inciden en la vida diaria.

En este artículo analizamos, resumidamente, tres cuestiones que son en la actual coyuntura esenciales para valorar.

El primer punto, la compleja gestión del «Gobierno del Cambio», encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez, que rompió con el histórico tradicionalismo conservador. Ello supuso, en principio, un triunfo de base, porque cuanto menos aquel mantiene una voluntad por reconocer la persistencia de los conflictos sociales y de la necesidad de encarar la faceta del enfrentamiento armado.

Entre los elementos de reflexión está la aparente estabilidad sociopolítica que existe gracias al reconocimiento del papel de los movimientos sociales por parte del Gobierno, teniendo en cuenta que veníamos de administraciones anteriores –presidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque– con duros enfrentamientos que llevaron a políticas represivas y a la reacción culminada en el «Estadillo social». No obstante, y aunque existen mayores garantías para ejercer el derecho a la protesta social que antes, es necesario un mayor respaldo a las reformas propuestas por el Gobierno al Parlamento colombiano, dado que las mismas no acaban de prosperar dadas las resistencias encontradas, no solo por intereses corporativistas locales, también por algunas posiciones internacionales. En esta situación, algunos observadores vienen hablando en los últimos meses de una especie de «golpe blando», evitando avances legislativos de índole social de calado.

Conectada a ese impasse social, se habla de una supuesta estabilidad económica debida, entre otros datos, a la revalorización del peso respecto al dólar y al euro. Al dejar la presidencia Duque el dólar estaba en 4.337 pesos, hoy está en 3.770 pesos. Algunos sectores han utilizado este comportamiento de la moneda como un logro político, pero cabe advertir que ello depende de muchos más factores, caso del precio del petróleo y sus posibles fluctuaciones.

El segundo punto a valorar es el momento por el que pasa todo lo concerniente al post Acuerdo de Paz, derivado de lo acordado en 2016 en La Habana por los actores internos −Gobierno y Estado y guerrilla de las FARC−, con un amplio respaldo internacional. Ya se están evaluando los logros que posibilitaron crear instituciones como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Pero también, tanto desde actores internos como por observadores internacionales, se están identificando las limitaciones encontradas y los hasta ahora acumulados incumplimientos en todos los puntos pactados.

Con el actual Gobierno, que está en la mitad de su mandato, se ha tratado de avanzar en medidas como la compra de tierras para su distribución; activación de iniciativas en los municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial); medidas en varios frentes contra el narcotráfico; e impulso como grupo prioritario de la reforma rural integral el de las mujeres de los espacios campesinos.

Ahora bien, estos resultados no son tan esperanzadores como parecen. En el I Seminario Internacional en el País Vasco sobre Colombia, organizado hace unas semanas por nuestra Asociación, la principal ponente Gloria Cuartas Montoya, Directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, que está nombrada por el Gobierno, explicó algunas de las razones por las cuales cuesta implementar el mismo. Por un lado, las barreras burocráticas, ya que «no existe un compromiso y voluntad de cooperación interinstitucional por la celeridad en los procesos»; y, por otro, el financiamiento, pues aquel fue respaldado por 74 billones de pesos, pero «hoy no está totalmente clarificado donde están destinados estos recursos y hacía qué personas están impactando directamente».

Existen otros factores estructurales, entre ellos la mutación del conflicto que se está viendo en los territorios. Existe una disputa por las áreas dejadas por las FARC-EP, que involucra a actores armados como el ELN, disidencias de las FARC-EP (Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia, Ejército Bolivariano) y, obviamente, los grupos paramilitares de extrema derecha.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en lo que va de 2024 han sido asesinados 81 líderes-as sociales, incluidos firmantes del Acuerdo, lo que pone en evidencia el recrudecimiento de la guerra.

Y el tercer punto a subrayar es la simbiosis del paramilitarismo en las regiones, grupos armados con incidencia social y política. La mirada internacional suele estar muy atenta a los avances de las conversaciones con los grupos guerrilleros antes citados, pero se debería hacer un seguimiento más sostenido del accionar paramilitar y sus graves consecuencias para muchas comunidades.

No hay espacio para enumerar otros problemas existentes, que tal vez en otra ocasión podamos analizar.

Concluimos con un mensaje diáfano. La suerte de Colombia depende fundamentalmente de lo que ocurra allí, de los avances que se puedan dar en transformaciones decisivas, en el cumplimiento de los acuerdos de paz, del ya firmado y de otros a los que se pudiera llegar, y en que el programa gubernamental se materialice en una medida notable.

Pero, desde fuera, desde el País Vasco, social e institucionalmente, debemos redoblar los esfuerzos de cooperación y solidaridad. En este sentido, entendemos que el nuevo Parlamento y Gobierno vascos deben tener en sus agendas como lugar de atención preferente a Colombia.