La transformación digital no es un proceso histórico natural cuyo resultado esté prefijado, sino que se encuentra sometido a las luchas políticas en donde distintas ideologías están en disputa. Hace dos semanas tomó posición una postura neoliberal, solucionista y capitalista que defiende la transmisión directa de dinero desde el Estado hacia el sector privado y la acumulación de capital. Así lo indica la presentación de la Estrategia para la transformación digital de Euskadi 2025 que ha realizado la Consejería Económica de Arantxa Tapia.

Grosso modo, esta estrategia hace uso de una narrativa sobredimensionada en torno a anglicismos como Silver Economy o Smart City para ocultar las causas conflictivas y los orígenes antagónicos del desarrollo tecnológico, así como los efectos de la digitalización a la hora de perpetuar las jerarquías sociales existentes. Un análisis de los supuestos que sustenta este documento muestra que, en lugar de transformar, la estrategia naturaliza y consolida el status quo existente; uno que ha perpetuado los problemas de desigualdad en el acceso a las infraestructuras digitales e impedido repartir los beneficios de las tecnologías entre las creativas pequeñas y medianas empresas.

La declaración de intenciones del Gobierno Vasco pudo verse cuando la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) adjudicó su elaboración a Idom, empresa multada por participar en el llamado «cártel norte», por un valor de 254.100 euros. La delegación de toda función pública a los testaferros del capitalismo vasco es una práctica corriente del SPRI: hace un par de años entregó otro contrato de apoyo para las labores de seguimiento de la Agenda Digital de Euskadi 2020 por un valor de 242.000, que terminó prorrogándose en otros 200.000 el año siguiente e incluyendo más partidas anuales. En total, casi un millón de euros invertido en definir la posición vasca en la transformación digital a través de documentos extremadamente superficiales. Por ejemplo, el que nos atañe sólo tiene dieciséis referencias, en su mayoría a la Comisión Europea, el Foro de Davos o PwC.

Si profundizamos en el documento, en primer lugar, la estrategia describe la necesidad de implementar una serie de palancas tecnológicas «en las que Euskadi debe ir ganando un conocimiento avanzado para su aplicación en todo el panorama de la actividad pública, productiva y social». Para ello hace gala de una serie descripción de tecnologías digitales innovadoras al más puro estilo consultor de McKinsey: 5G, inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica, servicios cloud, servicios de interoperabilidad (por supuesto, público-privado), IoT e incluso blockchain. Lo paradigmático en todo ello es que son tecnologías que se encuentran disponibles como un servicio privado provisto por parte de los gigantes tecnológicos, no como un derecho que tratan de garantizar desde el Ejecutivo.

En segundo lugar, este plan busca ponerse el sello de región «Silicon Valley-friendly» y obvia cualquier una apuesta por el tejido local como motor del desarrollo tecnológico. La única voluntad política es bloquear las estrategias relacionadas con el refuerzo de la soberanía tecnológica mediante el marco general de la colaboración público-privada, es decir, alquilar las infraestructuras tecnológicas a las empresas extranjeras en lugar de desarrollar las suyas propias. Así lo indica el plan en el apartado de los habilitadores para esta transformación: la Compra Pública de Innovación es «un mecanismo de fomento traccionado desde la demanda». Además de postrarse ante el rentismo californiano, esto ocurre mientras se consuma la venta del único proveedor de telecomunicaciones vasco, Euskaltel. Google, Telefónica, Microsoft y Facebook introducen su fibra óptica por la costa vizcaina. Algo que el plan camufla bajo retóricas como «impulsar la conectividad de banda ancha ultrarrápida» como habilitador en esta nueva era digital.

Por otra parte, la propia naturaleza del documento apuesta por proyectos digitales y una proliferación de start-up cada vez más especializados en sectores sin ninguna aplicación mayor al capitalista, es decir, el impulso al foodtech o a las start-up de apuestas que copan las oficinas de la Torre Bizkaia, convertida en centro de emprendimiento. Además de una fiscalidad baja o inexistente que apoye la atracción de capital extranjero, este plan aboga por la puesta en marcha de nuevos instrumentos de financiación privada, como el venture capital, únicamente guiados hacia la especulación con el futuro digital.

El informe propone crear «un ecosistema de proveedores de servicios tecnológicos» y apoyarse para ello en GAIA-X, una plataforma paneuropea en donde también están empresas como Palantir, Google, Amazon o Microsoft que ha sido denominada como el «caballo de troya de Silicon Valley». Ello trata de legitimarse mediante referencias a Singapur (uno de los modelo especulativos, y autoritarios más conocido por su tracción hacia el capital financiero global), Estonia (administración digitalizada para crear mercados para el sector privado y hacer competitiva a la periferia europea), o Alemania (Industry 4.0 como intento por extender hacia la economía digital la hegemonía industrial y el superávit comercial del centro europeo capitalista).

«Las tecnologías digitales posibilitan la puesta en valor de los datos, desde su captura, transmisión, almacenamiento y análisis», nos dice el documento. Al parecer, el innovador plan vasco es utilizar tecnología alemana para seguir produciendo máquina-herramienta y tratar de introducir un poco de viagra a la productividad de la industria vasca, aunque a cambio pierde ventaja competitiva sobre los datos, los cuales se quedan en los servidores del país que impuso la austeridad al resto de pueblos europeos. De este modo, más que para desarrollar plataformas digitales soberanas capaces de institucionalizar la creatividad y el talento, los 1.425 millones previstos por el Gobierno Vasco supondrán un trasvase económico hacia las grandes multinacionales tecnológicas europeos o estadounidenses.

Al fin y al cabo, las menciones al desarrollo de infraestructuras propias de software y hardware son residuales, salvo en el caso de apostar por un data center. Una idea que se plantea tras conocerse que la socimi Merlin Properties, que cuenta con el apoyo de fondos de inversión internacionales como BlackRock y cotiza en el IBEX-35 desde 2015, creará un centros de datos en Bilbao. Esta es la expresión más clara de la ideología de financiarización digital que plantea el plan en el apartado de habilitadores.

Por último, la SPRI suele presumir en sus ejercicios de propaganda sobre su rol de intermediario («¡Somos muy de pymes!»), pero lo cierto es que ninguna de los ámbitos de aplicación del plan hacen referencias desarrolladas a éstas, más allá de un par de páginas y un pequeño apartado. Al igual que otras ramas, como la «e-salud y Bienestar», la «e-Administración», o la «e-Justicia», las pymes parecen presentarse como un problema. Para solucionarlo, el objetivo del plan es encaminar toda una serie de recursos públicos hacia estructuras aglutinadoras que llevan décadas fallando, como los clusters, y también aumentar las licitaciones a grandes empresas de consultoría para diseñar los planes digitales de la administración pública y hacer las labores del Gobierno en esta época digital.

En definitiva, impera la idea de que lo público es un coste, en lugar de una fuente innovación, creatividad, talento y valor. Por ello, en el plan hay una marcada ausencia de reflexiones sobre el software libre, gracias a lo cual existe la mayoría de empresas tecnológicas en Euskadi, o a cualquier forma de coordinación empresarial distinta a la forma corporativa. Lo mismo ocurre con la investigación, pues los centros universitarios aparecen sin ningún comentario sobre su función pública y sólo se destacan las soluciones cerradas o las innovaciones de las grandes empresas privadas.

La realidad es que sin software libre, careciendo casi de propiedad intelectual propia, no habría apenas capacidad de desarrollo tecnológico territorial. Tampoco es tan difícil imaginar un futuro digital donde estructuras como ESLE (asociación de empresas de tecnologías libres y conocimiento abierto de Euskadi) o redes como Teks sarea (red de empresas y cooperativas que trabajan sobre tecnologías libres en el marco de una Economía Social Transformadora)  puedan valorizarse, institucionalizar el acceso a los desarrollos tecnológicos y permitir a las cooperativas locales medrar y en algún momento ofrecer una gama de servicios públicos adaptados a la nueva era. Un ecosistema cooperativo digital territorializado es lo más lejano a este plan; que el Gobierno imagina como una App Store y la gobernanza estratégica como si se tratara de un sistema operativo predefinido y cerrado. Las posibilidades de desplegar una alternativa y un futuro digital rico y colaborativo están por imaginar.