Estimados unionistas, si son tan amables, contesten a esta pregunta: ¿van a imponer la unidad de su patria por la fuerza de las armas contra la voluntad democrática de la mayoría de la ciudadanía vasca y catalana? Si la respuesta es afirmativa, no sigan leyendo este artículo. La lectura y el contraste civilizado de ideas no es lo suyo. En otro caso, si consideran que la solución del conflicto territorial no pasa por la Benemérita o la brigada paracaidista, sepan que el próximo año 2020 se les va a plantear un dilema cuya resolución va a comprometer el futuro de su país durante los próximos decenios: o plantean una reforma seria del Estado que dé real acomodo a las naciones peninsulares o asumen que la represión y la violencia van a ser imprescindibles para gestionar un sistema político en estado de excepción permanente. Por ahora, en Cataluña, antes o después, también en Euskal Herria.

Casualmente, o no tanto, la salida razonable actual al conflicto territorial se está trabajando en la comisión de expertos que en breve plazo debe entregar un texto articulado conforme a las bases acordadas en la ponencia del Parlamento vasco relativa a la actualización del autogobierno. Una cuestión previa al respecto. Recordemos, una vez más, el encargo encomendado a los expertos. La autoestima profesional de alguno de ellos –no totalmente infundada–, le ha llevado a considerar que, si ha sido elegido para tan alto desempeño, su labor no puede limitarse a la elaboración de un texto articulado fiel a las bases acordadas. Un argumento de autoridad muy particular que podría arrastrar al comité de expertos a una actividad que no le corresponde. Es decir, a un «cepillado técnico» de las bases que, además de no ser objeto del encargo, es lógicamente indefendible, so pena de retrotraer el «control previo de inconstitucionalidad» a una propuesta de texto articulado que ni siquiera ha sido tramitada como proposición legislativa en el Parlamento Vasco. A este paso, vamos a tener que pensar y soñar conforme a la Constitución española, so pena de incurrir en un delito de sedición, en grado de conspiración. Por otra parte, teniendo en cuenta los plazos, ¿quién descarta una reforma constitucional previa incluso a la aprobación del nuevo estatus? ¿O que éste se vehicule como propuesta de reforma constitucional? En fin, un disparate, no ya jurídico, sino puramente lógico. Un disparate, eso sí, partidista e interesado.

Pero vayamos a las cuestiones de contenido. Si se opta por un acomodo territorial sostenible en el tiempo, en primer lugar, es preciso atender a una cuestión previa: Los unionistas tienen que asumir lo que tienen ante sus ojos, lo que han tenido desde tiempos inmemoriales. Existen naciones en la península que se resisten a ser integradas en la nación española como especificidad regional o mera «nación cultural». Por su parte, los soberanistas vascos, catalanes o gallegos deben entender que su «nación política»–, la comunidad nacional que desea ser un estado independiente–, no coincide exactamente con la ciudadanía de su territorio, por lo que su reivindicación nuclear actual debería ser el derecho a decidir –o autodeterminación entendida como proceso reglado y acordado internamente–, y no una independencia que directamente, por desborde, se impondría a un sector muy amplio de la sociedad respectiva. Tal cosa está ya asumida en un soberanismo vasco y catalán que no desea repetir el error unionista, a escala menor. Sin embargo, ambas consideraciones deben ir unidas, de modo que si se cumple la primera premisa –asunción de la plurinacionalidad por parte del unionismo–, no será necesario transitar la «vía independentista hacia la autodeterminación». La que se han visto obligados a recorrer en Cataluña.

En cuanto a la asunción del carácter plurinacional del estado, ¿qué revela hoy el encefalograma del unionismo? Los juristas al servicio del estado-nación tienden a considerar que solo es «nación» lo que ellos definen constitucionalmente como tal, identificando la totalidad del pueblo estatal –sujeto de la soberanía–, con la única nación política admisible –aquí, la española–, condenando otros sentimientos nacionales que puedan existir en el Estado a la consideración de «minoría nacional» o «nación cultural», políticamente inocua.

Es una cuestión de paradigma. En ciencia política toda nación es «política», en ciencia jurídica, solo la que está consagrada por la ley. El problema es que el mundo no se agota en la ley, y los conflictos reales –los que animan y disturban la vida colectiva–, no se reducen al debate bizantino entre juristas. En Cataluña y Euskal Herria existen comunidades muy amplias, si no mayoritarias, que se autodefinen como nación política –comunidad que desea autogobernarse políticamente sin más límite que su propia voluntad–, y reivindican el derecho a consultar a la ciudadanía de esos territorios si desean compartir su proyecto nacional o desean continuar siendo parte del proyecto nacional español. Esa es la realidad que se precisa gestionar. Esté o no recogida previamente en tal o cual doctrina u ordenamiento jurídico.

En segundo lugar, la plasmación jurídico-constitucional de dicha plurinacionalidad, nos conduce irremisiblemente a modelos de federalismo asimétrico avanzado, en los que el funcionamiento del Estado combine ámbitos de poder federales y confederales, con dos expresiones concretas e imprescindibles:

a) Blindaje del espacio competencial y mecanismos de resolución de conflictos paritarios. El acuerdo de bases, y, dicho sea de paso, el proyecto propuesto por el lehendakari Ibarretxe en 2005, son claros al respecto: no existe garantía del autogobierno si no se establece un modelo concertado de gestión del reparto competencial –comisión mixta–, que, en caso de conflicto, traslade la disputa a un órgano jurisdiccional paritario. El árbitro de la controversia no puede ser el actual Tribunal constitucional.

b) Concepción compuesta, no unitaria, de la soberanía. Y aparejado a esta concepción, el derecho a revisar de forma acordada el pacto con el Estado y a rescindirlo, en su caso, según un procedimiento conforme a estándares democráticos garantistas. En plata, reconocimiento del derecho a decidir y consagración de una fórmula para su eventual ejercicio pacífico. Aspecto también recogido en las bases, y en la propuesta del Lehendakari Ibarretxe.

Plurinacionalidad real, blindaje efectivo del autogobierno y derecho a decidir, esa es la tríada que podría desbloquear el conflicto territorial. Se nos dirá que lo que es bastante por ahora para unos –Euskal Herria–, es insuficiente ahora para otros –Cataluña–, y es demasiado para los que deben reformar su sistema político, la España unionista. Por ahora, en esta imprescindible fase de polarización y acumulación de fuerzas, puede parecer que el cauce central es intransitable. Sin embargo, seguramente estamos hablando de la única propuesta razonable para una convivencia justa y sostenible de diversos proyectos nacionales en un mismo Estado. Estamos hablando de la última oportunidad para una salida win-win, en la que no haya vencedores ni vencidos.

No es posible prever el escenario posterior a las elecciones del 10 de noviembre. La lógica de «concentración constitucionalista», se plasme o no en gobierno, es seguramente el paso previo necesario para una reforma de este calado. Una reforma que exige visión de estado, de largo aliento. La clase política española ciertamente no es muy fiable y el «estado profundo» quizás opte por mantener la lógica represiva estructural. Sin embargo, como dice Zizek, hay que confiar en «el potencial democrático del otro», o, al menos, en la inteligencia de un adversario que quizás prefiera ceder algo a cambio de no perderlo todo.

No es necesario inventar nada novedoso. Los partidos sistémicos tienen marcos teóricos a su disposición: el PP solo tiene que desempolvar a Herrero de Miñón y aliñar su monarquía confederal con una pizca de federalismo moderno, el que pueda aportar el PSOE menos jacobino. Si existiere. Los filósofos ocurrentes son muy necesarios, pero en las crisis políticas, los constitucionalistas imaginativos son imprescindibles. Constitucionalistas creativos que no se confundan de rol: ni son abogados del estado, ni magistrados del alto tribunal. Se les ha encargado «crear derecho» a partir de unas bases políticas. Un derecho que solucione un problema enquistado que ya supura, y que, si no recibe una respuesta democrática, más pronto que tarde se extenderá a otros territorios. El libro de instrucciones está escrito. Si desean una solución sostenible, estimados unionistas, es su última oportunidad.