El día 31 de enero saltó a la prensa la noticia de que la cárcel de Pamplona llevaba al menos una semana sin médicos. Un pequeño revuelo se generó alrededor de esta noticia al conocerse que las casi 300 personas presas en la cárcel de Pamplona llevaban una semana sin atención médica. La realidad superaba lo publicado dado que eran dos las semanas que la situación era así de flagrante. Sin embargo, el poco revuelo desapareció pronto y la falta de medidas para corregir esta situación han supuesto que, durante un mes, la cárcel de Pamplona haya estado sin atención médica.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? La cárcel de Pamplona, con una media de trescientas personas presas, tiene asignadas tres plazas para médicos. Aproximadamente hasta el mes de enero de 2019 los tres puestos estaban cubiertos. En esas fechas, uno de los médicos se jubiló y su plaza no fue cubierta (ni lo ha sido hasta hoy). Así pues, la atención que debía ser realizada por tres médicos pasó a cubrirse solo por dos, comenzando a notarse una disminución en la correcta atención sanitaria a las personas presas en la cárcel de Pamplona.

En el mes de noviembre de 2019, uno de los dos profesionales que quedaban, causó baja en su puesto de trabajo. Esto supuso un mayor deterioro en la atención médica a las personas presas en la cárcel de Pamplona ya que donde tenía que haber tres médicos, ya solo quedaba uno.

A mediados del mes de enero de este año, el único médico que quedaba también causó baja en su puesto de trabajo y la atención sanitaria, que debía ser prestada por tres médicos, pasó a quedar totalmente desatendida.

Más allá de lo cuantitativo, en lo que se refiere a las condiciones de vida a las que se somete a las personas presas en la cárcel de Pamplona, esta situación está suponiendo unos graves perjuicios a su salud. ¿Qué supone que no haya ningún médico en la cárcel? Que no hay consultas médicas para atender las diferentes dolencias que puedan tener las personas presas, que no se está pautando medicación ni se está revisando la medicación de aquellas personas que la tienen pautada, que el acceso a determinados programas terapéuticos, cuya derivación se realiza a través de los médicos, haya quedado paralizado o que el personal de enfermería sea quien decide si hay que derivar a las personas a urgencias o no, y que, cuando éstos no están, la responsabilidad recaiga sobre los carceleros. Esta situación, del todo inaceptable, vulnera el derecho fundamental a la salud, e implica un riesgo para la integridad física, psicológica y, en definitiva, para la vida de las personas presas en Navarra.

Este relato de lo ocurrido, que parece consistir en una suerte de «cuenta atrás», evidencia la urgente e inaplazable necesidad de la toma de decisiones respecto de la atención sanitaria a las personas presas en Navarra.

Parece ser que desde hace una semana un médico, contratado por horas, acude a la cárcel de Pamplona a atender tres días a la semana a las personas presas. Parece ser también que esta semana se ha reincorporado uno de los médicos que estaba de baja. No obstante, esta situación sigue sin solucionar la carencia de profesionales médicos en la cárcel de Pamplona y la falta de atención médica adecuada. Cómo continuarán la gestión de este problema, lo desconocemos.

Lo que sí sabemos es que estos hechos ponen de manifiesto, una vez más, la nefasta gestión que desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) se hace de la atención médica en las cárceles del Estado. Una atención sanitaria sin personal suficiente, anticuada, deficiente y en la que priman los criterios de régimen y seguridad sobre los criterios médicos. Una desatención médica que está detrás de las cifras de personas presas muertas en las cárceles del Estado que ascendieron a 194 en 2019 y que en este año 2020 ya asciende a 34 personas muertas. Una gestión que es incapaz de prever este tipo de situaciones como la que se está dando en Pamplona pese a que no es la primera vez que nuestra cárcel se encuentra sin médicos. Recordemos que ya en 2014 se dio una situación idéntica a la actual y, en 2016, también hubo quejas por la falta de atención médica adecuada.

También sabemos, y denunciamos, que el Gobierno de Navarra es igualmente responsable de la situación que se está viviendo en la cárcel de Pamplona. Hace ya quince años debió de asumir la competencia de la sanidad penitenciaria respecto de la cárcel de Pamplona para que las personas presas en Navarra fueran atendidas en igualdad de condiciones que el resto de la población que vive en el territorio. Sin embargo, a día de hoy, sigue sin hacerse efectiva la transferencia. Por eso, teniendo en cuenta esta dejación en la asunción de competencias, no pueden aferrarse a la excusa de que el problema es de la SGIP.

Desde Salhaketa Nafarroa, exigimos al Gobierno de Navarra que, de una vez por todas, obligue al Estado a sentarse a la mesa y a materializar la asunción de la competencia sanitaria respecto de la cárcel de Pamplona.

*Firman también June San Millán, Irati Jiménez, Amelia González, Iranzu Baltasar, Ruth Martínez, Maje Martínez, Javier Martínez y María Rodés.