Estos últimos días han estado marcados por el ruido entorno a Osakidetza. Empezamos la semana con una concentración en mi hospital de referencia, el comarcal de Arrasate, porque dos trabajadores han tenido que abandonar dicho hospital debido al hostigamiento sufrido por parte de sus superiores jerárquicos en forma de turnos interminables, concatenación de festivos y demás perrerías, a fin de acabar con la paciencia y el bienestar mental de trabajadores que han osado denunciar prácticas irregulares en el acceso a la sanidad pública. No se puede tocar hueso y esperar salir indemne de ello. Pero aun con todo, la versión de la dirección del hospital ha sido demasiado poco creíble y el silencio del Departamento de Sagardui demasiado clamoroso.

Estas personas han conseguido que con su valentía y sentido de responsabilidad la blanquitud de la sanidad pública en la CAPV se haya visto tocada. Con méritos propios lo ha hecho en la pandemia. Falta de esto, falta de aquello, listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, tasas de contagios... han llenado titulares que nos han mostrado que aquello que parecía el gran logro del estatuto de autonomía, la sanidad a la vasca, se haya desprestigiado de una manera importante. Hemos podido comprobar el deterioro existente en la red de atención primaria, básica para que los indicadores de salud de la sociedad gocen de una buena puntuación.

Pero estamos lejos de revertir todas esas carencias que han aflorado en la pandemia. Lo demostró de manera nítida la consejera Sagardui en una conferencia que ofreció a empresarios de farmacéuticas y demás. La propia escenificación de las declaraciones resultó obscena. Porque un gobernante serio eso se lo dice a la ciudadanía o a los representantes políticos elegidos en las urnas, no a un grupo de empresarios que tienen intereses antagónicos a los que se supone debe tener quien está al mando de la gestión de los servicios públicos, máxime de unos servicios públicos tan básicos, necesarios y consolidados como los sanitarios.

Con el revuelo montado (que sonó a explosión controlada, por cierto), al día siguiente acudió a una entrevista radiofónica a matizar sus declaraciones y se atrevió a llamarnos  exagerados, a decir que tampoco es para tanto... pero dejó entrever que en un plazo de diez años muchas de las poblaciones que contamos con servicios de atención primaria deberemos desplazarnos unos cuantos kilómetros para ver a nuestro médico de familia... o pagarnos un seguro privado y buscarnos la vida. Se agradecería una explicación así, más sincera, más directa.
Pero han sustituido la explicación de su falta de convicción con respecto a las virtudes de los servicios públicos por relatos elaborados en laboratorios de comunicación política. Si no, no se puede explicar que a que cierren el ambulatorio de tu pueblo se le llame «cambio cultural» en lugar de recorte.
 
El cierre de servicios de atención primaria es un retroceso en nuestros niveles de calidad de vida. Los que siempre hemos tenido al médico en nuestro pueblo no entenderemos que nos tengamos que desplazar. Como tampoco entenderemos que nos atienda una enfermera y nos haga un diagnóstico para el que quizá no tenga conocimiento suficiente, porque sobre todo tampoco debe asumir esa responsabilidad sobre la salud y vida de las personas (¿qué pasará con la lex artis en diagnósticos erróneos? Se le exigirá una praxis y conocimiento acorde al de un médico? Esto podría incluso tener unas consecuencias jurídicas desastrosas para la propia Osakidetza en forma de responsabilidades patrimoniales millonarias).

La gestión de lo público debe tener la ambición de avanzar. Avanzar en los niveles de calidad de vida de la ciudadanía, avanzar en derechos, avanzar en servicios, avanzar en cercanía. Acercar los servicios a la ciudadanía y ampliar dichos servicios debe ser la ambición de cualquier gestor público que asuma dicha responsabilidad. Acercar los servicios médicos a las zonas rurales, avanzar en diagnóstico precoz de enfermedades, ampliar edades de revisiones anuales, aumentar ratios de médicos para que la calidad del servicio y la dedicación del tiempo sea mayor... Son estándares básicos que ahora se están poniendo en cuestión.

Pero lo peor es que esto no está pasando por las razones superfluas y desvergonzadas que nos ha ofrecido la consejera esta semana: que si las vacaciones, años sabáticos... como si se tratara de un problema creado por la suma de un montón de recién graduados caprichosos que se les ofrece unas condiciones de trabajo brutales y las rehusan... Lo del problema de acceso a los grados de medicina es cierto pero tampoco debe la consejera echar balones fuera cuando sabe que tiene este problema desde hace mucho tiempo con un simple «no es mi competencia».

Tampoco es un problema de falta de recursos públicos y esto es lo más hiriente de todo. Estas declaraciones, esta estrategia de desmantelamiento del servicio vasco de salud no responde a problemas presupuestarios sino a una distribución de las arcas públicas que responde a intereses cementeros antes que a servicios básicos. Pero sobre todo a una visión política ultraliberal de desviar las necesidades básicas de la gente hacia empresas privadas...

Ayuso es una desvergonzada pero no es la única. La decisión ya está tomada, el pistoletazo de salida hacia un mayor desmantelamiento de la sanidad pública está echado. Ahora solo nos queda que la ciudadanía y las trabajadoras de Osakidetza de manera conjunta no permitamos que esto pase.