El 11 de diciembre de 2008, dos agentes del FBI arrestan al financiero Bernard Madoff en su apartamento de Nueva York. Madoff es por entonces un venerable anciano que opera en Wall Street y cuya firma de inversiones está a punto de cumplir cincuenta años. Todos los informativos abren con la noticia. Se ha destapado una de las mayores estafas piramidales que ha conocido jamás el mundo. 64.800 millones de dólares convertidos en humo.

El aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Texas, dijo en 1972 el matemático Edward Lorenz. Y debe de ser verdad, porque el estornudo financiero de una calle de Manhattan iba a desatar la tormenta en una oficina industrial de Bilbao. Todos los periódicos abrieron con la noticia. Zabalgarbi, la empresa semipública de residuos de Bizkaia, había palmado casi cuatro millones de euros en el fraude de Madoff.

La Diputación se llevó las manos a la cabeza. Quién lo iba a pensar. Qué mala pata. Tendrán que rodar cabezas. En una inquietante maniobra estética, el presidente y el director de Zabalgarbi terminaron de patitas en la calle. Juan Ignacio Unda y Domingo de la Sota se embolsaron una bonita indemnización de tres millones de euros. Lo comido por lo servido. Lo cobrado por lo estafado sin guardar siquiera las formas.

En aquel borrón y cuenta nueva quedaban, sin embargo, demasiadas preguntas por resolver. Nadie explicó qué hacía una empresa de residuos jugando a la timba especulativa de Wall Street con el dinero de los contribuyentes. Nadie contó por qué las instituciones habían entregado a fondos privados su participación en la empresa. Nadie dijo que Unda, el presidente de la estafa, había representado al PNV en la Comisión Nacional de Energía.

El vertedero de Zaldibar ha resucitado los peores fantasmas de la gestión privada de la basura. Una enorme montaña de mierda tóxica se precipita sobre la A-8. Se colapsa el tráfico entre Bilbao y Donostia. Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze desaparecen en el desprendimiento. Trabajadores de los servicios de emergencia se emplean a cuerpo descubierto para despejar la autopista. Nadie les previene de que están respirando cáncer. Solo después se revela que Zaldibar alberga 16.148 toneladas de amianto. Se incendia el vertedero. Se sofoca el fuego. Se vuelve a incendiar.

En noviembre, el Gobierno Vasco había detectado incumplimientos severos en las instalaciones pero nadie abrió expediente a la empresa. Al lehendakari se lo traga la tierra y solo comparece ante la prensa para adelantar las elecciones. Dice que no va a visitar el epicentro del desastre porque se lo reclamen en Twitter. Quien sí se prodiga en las redes sociales es el portavoz Josu Erkoreka, que en medio de la emergencia se fotografía vestido de montañista en Anboto. «El gobierno ha estado presente», dirá más tarde en Radio Euskadi. Había «irregularidades menores», dirá en Onda Cero.

Ese desconcierto inicial se convierte en una cuestión de salud pública. El 9 de febrero, el Gobierno ordena evaluar la calidad del aire. Cinco días después, salta la liebre. Erkoreka dice por la mañana que las mediciones del aire «están muy bien”. Por la noche, el viceconsejero de Salud revela el pastel: alrededor de la zona cero las dioxinas y los furanos multiplican entre 40 y 50 veces la tasa habitual. Hay que cerrar las ventanas. Hay que evitar el deporte. Guardad a los niños. Esconded a las embarazadas. Suspended el Eibar-Real Sociedad.

Dice Urkullu que ha sido una catástrofe natural. Algo «extraordinario, inusual, totalmente impredecible». Pero la prensa lo contradice. Resulta que uno de los desaparecidos en el derrumbe había advertido la inestabilidad del terreno tres días antes. Había grietas. La empresa envió topógrafos a examinar la zona. Un transportista habla con “Berria”: la Verter Recycling de José Ignacio Barinaga aceptaba toda clase de residuos sin control ni reciclaje. Bidones de material corrosivo. Sustancias inflamables. Amianto. Las hermanas de Joaquín Beltrán son categóricas: «Para nosotros es un asesinato. Tienen las manos manchadas de sangre».

La gente sale a la calle y se organiza en columnas. «Urkullu, Zaldibar será tu Vietnam», se escucha en las protestas. Se exigen responsabilidades. Todo lo que podía hacerse mal se ha hecho mal, pero aquí no dimite ni Cristo. El Gobierno dedica un último esfuerzo a salvaguardar su imagen y se deja fotografiar en torno a una mesa de crisis. Urkullu asiste durante media hora y después se pira a Gasteiz a inaugurar tres paradas de tranvía. «Desde la convocatoria de las elecciones queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración», dice la Ley Electoral. Qué más da.

Ha llegado el momento de echar balones fuera. Es culpa de la empresa, dice un representante del Gobierno que supervisa la empresa. Ha sido ETA, dice un señor en “Deia”. Ha sido la oposición, dice un diputado del PSE. Han sido los sindicatos, dice un plumilla que odia las huelgas. Ha sido un concejal de EH Bildu que una vez pasó debajo del vertedero y no dijo ni media, el muy zaino. Están de campaña electoral, dicen los mismos que han adelantado la campaña electoral.

La desmemoria es el mejor aliado de los malos gobernantes. En diciembre de 2000, Josu Jon Imaz firmaba una orden que dispensaba a su Gobierno de controlar industrias peligrosas para la salud. La jugada es redonda porque la privatización de los residuos sirve de coartada para evadir responsabilidades y externalizar culpas. ¿Que la empresa semipública de basuras de Bizkaia tenía 10,8 millones de euros en paraísos fiscales? A mí qué me cuentas. ¿Que los flamantes dueños de la incineradora, la FCC de las Koplowitz, untaron al PP con 60.000 euros? La culpa fue del chachachá.

El aleteo de una mariposa en Zaldibar puede desencadenar un tornado en Ajuria Enea. Los traficantes de basura, la mafia de talonario y escombrera, es la misma aquí y en Nápoles. Algunos creen que su negocio durará toda la vida. Pero torres más altas han caído.