En esa línea y prolongando la máxima del ministro del Interior Rodolfo Martín Villa, «lo nuestro son errores, lo de ellos crímenes», la batalla del relato que ya adelantó otro de Interior ahora jubilado en tareas políticas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha abierto las puertas a la que se presupone joya de su corona, el llamado “Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo”.

Apunto estas notas previas de guerras, errores, etc. por una simple razón. En la última década especialmente se ha negado desde Madrid la existencia de un conflicto que hasta entonces se le llamaba «Guerra del Norte», precisamente para evitar ese futuro que se intuía. Si hay conflicto, hay sujetos, y si hay sujetos las salidas o enroques son políticos. Con esta transformación en el discurso, con esta negación de la evidencia, retrocedemos al punto de partida.

Y de esa forma, todo se queda en un paréntesis donde el Estado y la sociedad española han asistido al combate en «defensa de la democracia y las libertades» frente a un grupo de «desalmados». Como dijo ya Bush al otro lado del océano, «conmigo o contra mí». Así, ese grupo podía estirarse como un chicle en función de intereses inmediatos, «cuatro y un tambor» o la cantinela habitual de la «complicidad de la mayoría del pueblo vasco».

Partiendo de esta visión, que desde el Ebro hacia abajo ha contaminado sobremanera, la actuación del Estado pasa por ser pulcra. Aunque parezca una barbaridad para los que seguimos el día a día, los que circulamos por aceras y carreteras, el propio Estado se presenta como víctima. El Gobierno es la expresión de la democracia, por extensión su Estado, y el resto desestabilización, por tanto sin derecho a la existencia.

En esa estrategia, las víctimas no ya estructurales, sino las políticas, no existen. No es que haya una catalogación, como dicen algunos, de víctimas de primera, segunda, tercera... No la hay, al menos cuando escribo estas líneas. Ni siquiera de categoría diferente. Únicamente hay «víctimas del terrorismo», como en su tiempo fueron las de la República española, las que produjeron las «hordas marxistas y separatistas».

Si se da por bueno este relato, en ello están, la lógica es aplastante. La sublevación militar de 1936, golpe de estado, se transforma en una cruzada, en un Alzamiento Nacional. No hay víctimas, como no sean las propias, ya notariadas con la llamada Causa General. El resto, la limpieza étnica y política, es justificada por la ausencia de conflicto. Por el deber supremo, militar y entonces también religioso.

En esa medida, los parámetros que han hecho surgir el Memorial Nacional de Gasteiz son los mismos. La «democracia» se defendió, con errores achacables a una situación sin normalizar. Por tanto y nuevamente, no hay víctimas sino las propias, ni siquiera de rango. No hay siquiera víctimas del franquismo, como ha afeado Naciones Unidas a Madrid. Es la lógica de Areilza en 1937 y la de Fernández Díaz en 2015. Paradójicamente, no hay conflicto, pero sí, en cambio, «vencedores y vencidos».

El Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo se está construyendo en la capital de la Comunidad Autónoma Vasca, no en Madrid donde hubiera encajado. Un símbolo. En el lugar donde reside el icono más reciente de lo que es el terrorismo de estado, la matanza de obreros en 1976. No hay puntadas sin hilo.

Y se trata, lo han dicho sus creadores, de un Memorial. Para los no avezados, el Memorial recuerda únicamente, al menos en su concepto universal, a víctimas y combatientes de uno de los lados, tal y como sucedió al final de la década de 1950 con el proyecto inicial del Valle de los Caídos, también columbario.

La idea de Memorial es una obsesión norteamericana, de Washington, que la trasladó a su sociedad ya desde su guerra civil, pero especialmente desde el final de la Segunda Guerra mundial. A pesar de las razias de sus rangers y ejércitos, EEUU eleva a la categoría de héroes a sus subordinados que participaron y fallecieron en actividades militares. Una modernización de los antiguos «arcos del triunfo», el más cercano aún activo al final de los Campos Eliseos. EEUU celebra un día al año el Memorial Day, el último lunes de mayo, por cierto feriado.

En esa línea, España no tiene su Memorial Day, sino desde 2010 el Día de las Víctimas del Terrorismo, el 27 de junio. Como recordarán, en ese día de 1960 murió la niña Begoña Urroz por los efectos de una bomba incendiaria del grupo antifranquista DRIL. Se le atribuyó a ETA y, aunque el ministerio del Interior español y el vasco lo desligaron de la organización vasca, los medios con vocación de seguir siendo fácticos, entre ellos “Diario Vasco” y “El Correo”, continúan con la manipulación.

Paradójicamente, la Unión Europea, a la que de momento pertenece España, celebra otro Día de las Víctimas del Terrorismo, el 11 de marzo. Por lógica, Madrid, donde se produjo el atentado yihadista que provocó 191 muertos y más de mil heridos, debería haber unificado sus fechas, más aún cuando el día afecta de manera notoria a lo sufrido por sus ciudadanos. Pero la lógica del Gobierno, y en esto la sintonía entre PP y PSOE ha sido total, es otra.

Al hilo de estas reflexiones, el Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo sigue una estela que no hace falta desgranarla. El rey Felipe VI será su presidente de honor y Florencio Domínguez, a quien se le pagan servicios prestados, su director. De paso, Domínguez asienta sus posaderas en un medio público tras el cierre anunciado de la empresa en la que era redactor jefe, Vasco Press.

Las partidas presupuestarias para poner el proyecto en marcha, casi cuatro millones de euros, se me antojan tan elevadas como para creer que, efectivamente, las prisas son parte de la intención. Aunque, comparando con lo que ha ganado Ignacio Sánchez Galán como presidente de Iberduero en el primer semestre de 2015, justamente el doble, pueda parecer pecata minuta.

El Memorial de Gasteiz es un nuevo paso en falso, una nueva utilización de las víctimas como ariete político dentro de la estrategia compartida por quienes se han intercambiado en el Gobierno del Estado. Sobre todo porque obedece a las ideas que he ido marcando en los párrafos anteriores. Las mismas que han provocado la negación del Estado como origen de conculcaciones masivas de derechos humanos, entre ellos el de la vida.

Esa omisión de su responsabilidad nos acerca, irremediablemente, a tiempos anteriores, a la ofensa infinita a quienes han sufrido en propia persona la acción legal, ilegal o irregular del Estado y de sus agentes, reconocidos o no, y la larga mano de la impunidad. La misma impunidad de la que tantos testimonios hemos recogido por los que nos precedieron.