Hace cien años, los trabajadores de la eléctrica La Canadiense, apoyados por CNT, protagonizaron una de las huelgas más importantes de la historia del movimiento obrero. Tras 44 días de huelga y de paralizar Barcelona y la industria catalana, se mejoraron los salarios, se readmitieron los despedidos, se liberaron a miles de detenidos, y se consiguió que España fuera el primer país que establecía por ley las ocho horas de trabajo.

En 1976, la clase obrera de Gasteiz protagonizamos una lucha que puso en jaque al régimen franquista. Seis mil huelguistas durante dos meses, cientos de asambleas, manifestaciones y encierros, tres huelgas generales en la ciudad, cinco obreros asesinados y decenas de heridos de bala al disolver por la fuerza la policía una asamblea conjunta en la iglesia de San Francisco. Otros dos asesinados en Tarragona y Basauri, cuando la indignación se expresó en las calles, y medio millón en huelga en Euskal Herria el día ocho. Se frustró el intento del régimen franquista de homologar en Europa la Reforma Política avalada por el rey Juan Carlos, se dio un impulso decisivo a la conquista de las libertades, se redujo la jornada hasta las 40 horas efectivas, se rompieron los topes salariales, y se implantaron las comisiones representativas y las asambleas de fábrica.

43 años después, al tiempo que denunciamos la impunidad y exigimos el enjuiciamiento de los asesinos, y de quienes, como el ministro franquista Martín Villa, fueron responsables de las órdenes para que se ejecutara la matanza, recordamos las lecciones, las reivindicaciones y la organización que caracterizaron aquella lucha. Nos hicimos anticapitalistas para defender nuestros intereses, fortalecimos la unidad y la solidaridad, defendimos a nuestros representantes frente a la represión, extendimos y generalizamos la lucha, nos movilizamos codo con codo hombres y mujeres, desobedecimos leyes injustas y conquistamos libertades ejerciéndolas.

Las mejoras que conseguimos están hoy en retroceso. Cada semana se trabajan jornadas medias de 39,9 horas, y 7 millones de horas extras, muchas no pagadas ni compensadas. No se cubren necesidades básicas, como un trabajo estable y con derechos, una vivienda digna y asequible, o un nivel de vida suficiente. Y quienes se llevan la peor parte son las mujeres, nativas o emigrantes, que sufren una tasa de paro superior a los hombres, cobran de media un 30% menos, y sus pensiones son un 37% mas bajas.

Hoy, como ayer, el trabajo es central en la vida de las personas, pero cada vez es más difícil vivir de él dignamente. Las nuevas tecnologías se utilizan para reforzar el empleo precario. Proliferan los minicontratos y los contratos cero horas, y la economía de plataformas digitales fija sin control la remuneración, despide cuando quiere y desprecia los derechos sindicales. Grandes empresas fragmentan las tareas y subastan online su realización por quien lo haga mejor y más barato, sin ningún derecho. La llamada «modernización del mercado de trabajo» es la vuelta a prácticas del pasado, cuando se pagaba por tarea o a destajo. Aparece un nuevo mundo laboral lleno de autónomos mal pagados y aislados frente a los abusos y la explotación.

El conflicto capital-trabajo es total, y hace necesario integrar las luchas parciales derivadas de la precariedad, género, nacionalidad, edad o procedencia. Una tarea a la medida de un sindicalismo de clase y combativo, que rompa con los pactos sociales que legitiman la temporalidad y los bajos salarios, y repercuten en la pérdida de afiliación e influencia social.

El movimiento feminista convoca una «huelga grande que hasta el amor alcance», como dice Gioconda Belli; en lo laboral, cuidados, consumo, y estudiantil, exigiendo medidas contra la violencia machista, la precariedad o la brecha salarial. Los pensionistas llevamos más de un año con movilizaciones masivas, reivindicando una pensión mínima de 1.080 euros y su revalorización según el IPC. También para suprimir el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida, para no rebajar las pensiones tomando toda la vida laboral, para suprimir ayudas fiscales a fondos privados de pensiones, o para no retrasar la edad real de jubilación cuando millones de jóvenes tienen que marcharse del país o están en paro y sin futuro. Las plataformas antidesahucios llevan años movilizándose para que la vivienda sea un derecho y no un negocio, Las Mareas en sanidad, educación, justicia, dependencia o fiscalidad, se están reactivando contra los recortes sociales.

Todas estas luchas deberían ser coordinadas con un programa común que involucre al conjunto del movimiento obrero. Un salario mínimo de 1.200 euros, derogar las reformas laborales acabando con el despido libre y la subcontratación, a favor del empleo fijo y de calidad, generalizar las 35 horas semanales para avanzar en la igualdad de género, mejorar la salud y repartir el empleo, acabar con la ley «mordaza», garantizar un techo a todas las personas, blindar constitucionalmente las pensiones, o adoptar medidas para una igualdad efectiva.

Pero si algo hemos aprendido es que bajo el capitalismo cualquier conquista social está en peligro. Hay que expropiar la riqueza que no tiene utilidad social y socializar el patrimonio público que ha sido privatizado en perjuicio del empleo y la calidad de los servicios. Para ello, como decía el historiador romano Tácito: «No luchemos por separado para no ser vencidos juntos». Etorkizuna eraikiz; confluir, luchar, avanzar y reclamar verdad, justicia y reparación para las víctimas del 3 de marzo.