Un conflicto enquistado en el tiempo, donde la población es víctima de una grave crisis humanitaria a causa de los intereses de Occidente, y el Estado español se lucra descaradamente con el tráfico de armas.

La guerra civil en la nación yemení estalló en 2014 por la incapacidad política de un acuerdo entre las fuerzas surgidas tras las elecciones presidenciales. Han pasado seis años desde que los rebeldes hutíes tomaran la capital Saná y se hicieran con el control de gran parte del norte del país a pesar de los continuos bombardeos a los que han sido sometidos por la coalición internacional liderada por una de las principales potencias regionales: Arabia Saudí.

Este conflicto ha sumado al elevado número de víctimas la de desplazados internos y de personas que necesitan ayuda humanitaria. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) uno de cada diez habitantes se ha visto obligado a huir de su lugar de origen. Otro dramático dato es la amenaza de hambruna para la mitad de la población debido, en particular, al bloqueo naval saudita de los puertos del mar Rojo que impide el abastecimiento de gran parte de los alimentos y suministros médicos necesarios para la subsistencia de la población. La ayuda financiera de la ONU para paliar sus efectos va menguando año tras año sin conseguir recaudar suficientes fondos entre los países donantes.

Para comprender cómo el país se ha convertido en el más pobre del mundo árabe hay que mirar hacia atrás en el tiempo. Las Repúblicas de Yemen del Norte y del Sur surgieron de la lucha contra el régimen colonialista de Reino Unido, en la década de los ochenta alcanzaron un alto índice de desarrollo económico. Tras la unificación voluntaria de los dos Estados se produjo la Guerra del Golfo en la que el gobierno de Saná decidió no proporcionar apoyo a la coalición internacional contra el ejército iraquí. Como represalia Kuwait y Arabia Saudí expulsaron cerca de un millón de trabajadores yemeníes, con su regreso se terminaron las remesas para muchas familias reduciéndose drásticamente el consumo interno.

En 1994 el fracaso económico provocaba una guerra civil que concluyó con la victoria del militar norteño Ali Abdalá Saleh. La elevada inflación obligaría al nuevo presidente a aceptar un programa de reformas estructurales implementado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. A pesar de las medidas neoliberales, en 2011 el desempleo alcanzaba el 18% y la corrupción generalizada provocó las protestas de la población, conocidas como Primavera Árabe, que forzaron la dimisión de Saleh. Un político vinculado al gobierno saliente, Mansur Hadi, decidió presentarse como único candidato a la presidencia. Su victoria fue el detonante de la toma de la capital por las fuerzas rebeldes hutíes, formándose un Consejo Nacional encabezado por Saleh Ali al-Sammad, líder de la organización Ansarolá que sería asesinado en 2018 durante un ataque aéreo de Arabia Saudí. El saliente Hadi encontró refugio en Riad, donde ha sido reconocido por la ONU como el gobernante de Yemen.

Ansarolá es el grupo insurgente chií de los hutíes, fue creado en oposición a la influencia religiosa wahabita de Riad en la región. La doctrina del partido es la democracia islámica, corriente de pensamiento que defiende los valores culturales del Islam como inherentemente democráticos. Todo lo contrario al wahabismo, fuente ideológica de la monarquía absoluta saudita, donde el parlamento es solo un espacio simbólico y las familias de los jeques retienen en sus manos todos los poderes. Se afirma que esta es la razón por la que el príncipe heredero y viceprimer ministro, Mohamed bin Salmán, ha fracasado durante años en su ofensiva para tomar el control del país vecino. Las altas jerarquías militares lo son esencialmente por su afinidad con la casa Saúd y carecen de liderazgo; sus mandos no tienen carisma para imponer disciplina entre la tropa y crear el espíritu de grupo necesario.

Las consecuencias económicas de una guerra sin perspectivas de terminar han provocado en las arcas de Riad un déficit presupuestario de hasta el 17% del PIB. El país del oro negro ocupa el sexto lugar en el mundo importando armamento, sus principales proveedores son Reino Unido, Francia y España. Los Estados Unidos se descolgaron de esta lista tras la decisión del recién electo Joe Biden de suspender la venta por motivos humanitarios pero, a la vez, el presidente daba órdenes de desplegar un número indeterminado de aviones de combate en la base aérea saudí de Prince Sultan. Italia y Alemania también han paralizado el comercio obedeciendo la resolución no vinculante repetida en numerosas ocasiones por el pleno de la Eurocámara para imponer un embargo de armas a las tropas de Riad.

El Estado español es cómplice en la agresión contra la población civil en ataques aéreos a hospitales, escuelas o mezquitas. Desde los puertos españoles zarpan los conocidos «barcos de la muerte» saudíes previsiblemente cargados de armas. El pasado mayo Esquerra Republicana de Catalunya, con el apoyo de Unidas Podemos y la formación vasca EH Bildu, presentó una iniciativa en el Congreso para impedir el tránsito de los buques de la naviera Bahri sospechosos de transportar material bélico. El gobierno socialista votó en contra, junto con la oposición de derechas, alegando la ausencia de embargos por parte de Naciones Unidas o la Unión Europea a la exportación de su arsenal con destino a la guerra en Yemen.

Ahora el foco de atención se centra en los encarnizados combates por la ciudad de Marib. El Ejército de Saná, apoyado por el movimiento popular Ansarolá, está desplegado a una escasa decena de kilómetros de la última localidad importante controlada por el gobierno prooccidental de Hadi. Su conquista tendría una gran importancia estratégica al permitir a los hutíes avanzar hacia el oeste, en dirección a las cuencas de Masila y Shabwa, territorios ricos en petróleo y gas. Arabia Saudí está decidida a detener la ofensiva con constantes bombardeos aéreos y el apoyo de mercenarios de Al-Qaeda, consciente que la derrota perjudicará sus intereses a la hora de sentarse en la mesa de negociaciones.

Recientemente la televisión libanesa, Al Mayadeen, informó del intento por parte de la ONU de alcanzar un consenso internacional para revocar su Resolución 2216, en la que sé dictaminaba el embargo de armas a los rebeldes hutíes y la obstrucción de asistencia humanitaria. Se trata de una resolución alternativa que invitará a todos los partidos políticos y militares yemenitas a sumarse a las negociaciones pero que ha sido puesta en duda inmediatamente por el portavoz de Ansarolá al declarar: «Todos los movimientos de los estadounidenses conducen a la preservación de sus proyectos coloniales y destructivos y a la continuación de sus maliciosos complots en todo Yemen».