Nelson Mandela salió de la cárcel. Su cautiverio no tuvo que ver con la reeducación del delincuente, como citan los manuales. Su presidio fue un castigo político, su estadía más allá de lo humano, asentar su condición de rehén frente a las proclamas, literarias y armadas, contra el Apartheid. Una crónica que se nos hace excesivamente familiar. ¿Hay en Euskal Herria al día de hoy presos políticos? Mi impresión es negativa. No se escandalicen. Hay, y vaya si los hay, rehenes políticos.

No tengo interés en polemizar ni un segundo con conceptos que ya destripó Michel Foucault sobre la función de la prisión. No tengo ni la más mínima intención de ofrecer más datos que ahonden en lo que es sobradamente conocido, el código penal más duro y perverso de Europa (tasa de criminalidad en España es un 27% más baja que en Europa, la de encarcelamiento un 32% más alta). Para la disidencia, of course. La titularidad del sistema dispone de centenares de indultos al año, cuando no la prevaricación sistémica de un aparato judicial que de independiente tiene lo que Rajoy de ligereza verbal.

No tengo disposición para perder el tiempo en escuchar y destripar frases como «el que la ha hecho la paga», «las leyes están para cumplirse» o «matar estuvo mal». No somos inocentes, como los que envió al calendario Herodes. Para conocer quiénes somos los paganos: más de 14 millones de euros al año el coste de la dispersión, según Etxerat; más de 1,2 millones de euros de subsidio de desempleo a los ex presos sin cobrar, según Harrera. Las leyes las incumplen los gobiernos, alargando la condena a sabiendas de la transgresión y esperando que la rectificación de Estrasburgo llegue más tarde que pronto. Leyes redactadas, para más insidia, por sus escribanos.

Las normas Mandela, el de la canción de Specials, vigentes desde 1955 y revisadas en 2015 dicen: «El sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad». Denme un solo nombre de rehén vasco al que se le apliquen las normas. Y, «matar estuvo mal». Of course. Describan el derecho a la rebelión de la Carta Fundacional de los Derechos Humanos. Describan un solo país de Europa que no haya matado en el siglo XX en defensa de sus intereses. Uno sólo. Quedaré satisfecho. Quizás, como solía contar Mark Legasse, la diferencia estriba en matar «al por mayor» y matar «al por menor». No se puede frivolizar con la vida y la muerte como lo están haciendo los valedores de esa máquina infernal que se llama capitalismo.

La palabra rehén no es invento reciente. Fue una práctica habitual de los tiempos del nazismo, pero también de las épocas en las que los jóvenes vascos desertaban para no asistir a conflictos ajenos, llamados a filas para completar el cupo correspondiente. Los rehenes, en este caso, eran padres o hermanos, detenidos hasta que apareciera el desertor. Los modernos rehenes, de guerra como los llamó el propio colectivo de presos vascos ya hace dos décadas, a pesar de estar internados, sirven para modificar el escenario exterior. Para ejercer presión política. No es un concepto inventado por el sector que aboga por la excarcelación de los presos. Es una sensación generalizada. Una cuestión que ya la denunció Kepa Aulestia, hoy ideólogo del grupo Vocento, en una época secretario general de Euskadiko Ezkerra y negociador del sector polimili que abandonó las armas: «El Estado ha instrumentalizado el tema de la reinserción y en este momento los presos están siendo más rehenes que nunca».

Hace ya más de medio siglo que la organización en la que militaban la mayoría de encarcelados vascos actuales, hizo una definición de sus presos. Tengo la impresión de que esa es la razón, parece mentira que hayan pasado más de 50 años, que perdura. La que les convierte en rehenes: «Son ellos quienes, por encima de la inoperancia de instituciones esclerotizadas, de las egolatrías y de las imputaciones malévolas, personifican el espíritu de Resistencia y Liberación del Pueblo Vasco». Personificación del enemigo, focalización, deshumanización... normas elementales de los manuales de guerra. Ahí está la incidencia de la política penitenciaria. Se aplica el código penal del enemigo, se aplican medidas de guerra.

 La existencia de un numeroso colectivo de presos y exiliados, políticos por decisión propia y ajena, es la expresión visible de un conflicto no resuelto. Se adaptan leyes especiales, por tribunales especiales, se usan fondos reservados para desvirtuar el escenario, como esa compra masiva de funcionarios uruguayos por parte del Gobierno español que se ha sabido ahora, cuando la llamada Operación Filtro. Se ahonda en la guerra. El lehendakari Agirre contaba en el Congreso Mundial vasco celebrado en 1956, a cuenta de los hechos que ocasionaron la guerra civil y en particular el asalto a las cárceles del 4 de enero de 1937: «Quisimos humanizar la guerra, pero no nos dejaron».

Y resulta que el país, según cuentan, está ya en paz. Con una guerra actual que no existe, en medio de una deshumanización que, en consecuencia, no tiene sentido. No hay más conflicto que el de la supervivencia. Faluya y Alepo quedan a miles de kilómetros de distancia. Las imágenes bélicas se resumen en los últimos minutos de los informativos televisivos. A finales de 2016, España mantenía en el planeta 14 misiones militares internacionales: Irak, Afganistán, Líbano, Turquía, Malí, Mauritania. Un total de 2.330 efectivos. Según los últimos datos oficiales, 7.063 policías y guardias civiles están desplegados en Hego Euskal Herria. Tres veces más que en el resto del mundo mundial. ¿Es señal inequívoca de paz? ¿Son cascos azules los agentes, como los de Unifil del Líbano? La militarización del territorio, la utilización de los presos como rehenes para la política diaria... expresiones de una gestión de guerra para un tiempo aparente de paz.

Jamás en la historia de nuestro país, en la de ese conflicto que niegan a pesar de las evidencias, las venganzas hacia esos presos-rehenes han alcanzado la magnitud de nuestra época. Hace unas semanas falleció Marcos Ana, militante comunista y poeta español, «el preso que más tiempo pasó en una cárcel franquista», según la prensa carpetovetónica. Un total de 22 años. ¿Por qué invisibilizar a los presos vascos asimismo durante el franquismo? El también comunista, pero navarro, Jacinto Otxoa, estuvo encerrado durante 28 años. Marcos Ana no tuvo el triste récord, sino Otxoa. Hubo y hay, nuevos techos. Josemari Sagardui abandonó la prisión en 2013 tras 31 años encarcelado. La cadena perpetua a través de eufemismos.

Llevamos en la mochila colectiva la cárcel como parte adherida a nuestra piel. Horas, días, meses, años contados de manera irracional. Hace unos días oí a un ex preso decir: «yo apenas pisé la cárcel, sólo estuve tres años internado». Hasta qué punto hemos interiorizado una situación hasta convertirla en normal. Cristián Capuyan, un menor mapuche encarcelado al otro lado del océano, escribía a su familia: «Bueno, el motivo de esta carta es para recordarles que aún seguimos aquí, que nada ha cambiado desde el día de mi detención». Debemos romper esa dinámica de la normalidad. Los presos vascos son una anomalía, un reflejo de políticas reñidas con la humanidad y con la paz. Hay que terminar con la excepcionalidad que afecta a cada uno de ellos. Como cantaba The Specials, «You´ve got to free».