Ante el nivel de impertinencia alcanzado por nuestros instituciones a la hora de atender nuestras relaciones con los organismos públicos a los que, por cierto, pagamos con nuestros impuestos, ahora han avanzado un paso más en su cinismo y añaden a la falta de sensibilidad proverbial de los servidores públicos la exigencia de «cita previa» para gestionar los servicios a los que tenemos derecho sin necesidad de que le den un tono de  favor que tenemos que agradecer. Ciertamente es de justicia manifestar que los funcionarios en general muestran su sensibilidad y aportan lo que está de su mano para cumplir con su deber, el problema radica en los procedimientos arcaicos, reiterativos e inútiles que se diseñan para desarrollar los procesos y sobre todo la política de reducción de plantillas salvaje y sin otro criterio más allá de ahorrar en la parte más indefensa de la cadena humana que debe prestar su colaboración.

La cita previa es en realidad pasar al contribuyente una gran parte de la carga de la gestión que exige la prestación del servicio que la ciudadanía tiene derecho a recibir. A la inoperancia y lentitud natural de las gestión se han aprovechado de la circunstancia de  la pandemia que ha cogido inesperadamente a los políticos sin capacidad para analizar y  ordenar el caos habitual en el que está sumida la gestión de los asuntos públicos y en su falta de capacidad de gestión como se ha visto a la hora de los cambios permanentes de planes por perjudicar a determinados colectivos y se veían presionados modificando planes  imposibles de implantar. La reacción de las autoridades era culpabilizar a la ciudadanía, pedirle responsabilidad en su actuación y negar que la mayor parte de los problemas se han originado en el diseño en los niveles superiores de gestión. La «cita previa» constituye un sarcasmo que viene a ser el homónimo de «vuelva Vd. mañana», pero por internet y con una ciudadanía resignada y miedosa.