La situación de las personas sin hogar en Iruñea es cada vez más dramática. Alrededor de 100 personas sin comedor o recursos para la nutrición. Por si fuera poco, este año la campaña de frío ha dejado en la calle, fuera de los albergues, a más de 150 personas.

La esperanza de vida de las personas sin hogar es significativamente menor a la del resto de la población. La exposición a esas duras condiciones merma su salud y calidad de vida.

Con las bajas temperaturas, dormir la calle pone más que nunca en riesgo la vida y la integridad física de quienes sufren esa situación.

¿Hay que esperar a que alguien muera de frío para activar recursos habitacionales?

Txema Mauleón dijo que las comunidades gobernadas por el PP y Vox llevan a cabo estrategias de expulsión de la población migrante en situación de calle. Y desgraciadamente, esa parece ser también la estrategia que se está implementando aquí: expulsar dejando intencionadamente a la intemperie a las personas en situación de extrema vulnerabilidad, creando solo unas pocas plazas de albergue para quien lleva más de un año empadronado. Población que a menudo carece incluso de documentos para identificarse y a quienes se les impide de facto acceder al padrón, primer paso para llegar a tener derechos básicos, como sanidad o atención social.

Irse o arriesgarse a enfermar e incluso a morir de frío, el mensaje parece claro.

No podemos asistir a una violación tan flagrante de los derechos humanos de las personas más vulnerables.

Exijamos a quienes hemos elegido para gobernar que cumplan con sus obligaciones y que destinen el dinero público a lo que verdaderamente importa, en este caso a proteger a las personas sin hogar.

En una ciudad gobernada por la izquierda, con un Parlamento que dice apostar por la gobernanza feminista, no se pueden implementar las mismas políticas que allá donde gobierna la ultraderecha.

Pongamos las vidas y los cuidados en el centro, los de todas las personas, sin importar su situación administrativa ni su procedencia.