El periodista y fundador de Wikileaks, Julian Assange, salió el lunes de la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, rumbo a las Islas Marianas, territorio estadounidense en medio del Pacífico donde, si Washington cumple la palabra dada, esta semana acabará la insomne persecución contra uno de los protagonistas de algunas de las mayores filtraciones periodísticas de las últimas décadas. Según la información ofrecida ayer, Assange aceptará algunos cargos, castigados con una pena inferior a los cinco años que ha pasado ya en Belmarsh, a cambio de lo cual la Fiscalía estadounidense se compromete a cesar en su empeño de extraditar al periodista australiano.

Es una buena noticia, en primer lugar y evidentemente, para el propio Assange, que ha pasado un lustro encarcelado y, previamente, siete años refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres. Todo por una labor periodística impecable que puso negro sobre blanco los desmanes de EEUU en Irak o Guantánamo, entre otros lugares. Hablar de perdón en este caso sería de una frivolidad insultante. Assange ha pagado demasiado caro ejercer su profesión y dar cauce a unas filtraciones de un innegable interés público. Elocuentemente, la acusación fiscal estadounidense nunca fue por mentir, sino por revelar secretos y, supuestamente, espiar.

Pese a no haberse hecho justicia, la libertad de Assange y el final de la persecución en su contra, de confirmarse, serán en buena medida el fruto de una intensa campaña a su favor, la cual había acabado convirtiendo el caso en una molestia para el presidente estadounidense, Joe Biden, en plena precampaña por la reelección. El caso deja lecciones agridulces, como son la demostración de la voluntad cruel y vengadora de EEUU y la pleitesía rendida por países europeos subalternos al otro lado del Atlántico. Ni unos ni otros han dudado en atropellar principios democráticos como la libertad de prensa. Al otro lado de la balanza, y con situaciones como la de Pablo González en mente, el caso de Assange muestra la importancia y la utilidad de no cejar en el empeño de defender la justicia y el respeto a derechos democráticos básicos.