Ayer se celebró el juicio por la denuncia interpuesta por «Ugarteko» contra dos periodistas, contra GARA y NAIZ, y contra la abogada de la familia de Cabacas por la publicación de algunos datos sobre lo ocurrido en el operativo policial que terminó con la muerte de Iñigo Cabacas. Es el primer juicio que se celebra relacionado con esta muerte y ha dejado algunas reflexiones a tomar en consideración.

En primer lugar, en el juicio ha quedado acreditado que el denunciante buscaba evitar que vieran la luz ciertas informaciones que aportaban datos sobre el modo en el que la Policía actuó aquel día. Una denuncia, por tanto, que buscaba limitar la libertad de expresión de este medio, el derecho a la información de nuestros lectores e incluso el derecho a la defensa. En nuestra opinión la repercusión va más allá, puesto que una condena afectaría a la libertad de prensa en general y por extensión a la sociedad en su conjunto, pues coartará el derecho a recibir información veraz y rigurosa que aporte elementos que permitan conformar una opinión pública crítica y madura.

Por otro lado, el desarrollo del juicio ha sido, asimismo, una muestra cabal de que persiste una cultura policial que pertenece a tiempos pasados. Pervive una visión sobre la democracia, sobre derechos y libertades, y sobre el papel y la responsabilidad de la Policía que están fuera de lugar y tiempo, y que deberían ser revisadas en profundidad. Acometer esta transformación es una obligación urgente de los responsables políticos, esto es, del Gobierno de Lakua; pero exigirla corresponde a toda la sociedad.

Conviene no olvidar que durante estos casi seis años la familia de Iñigo Cabacas ha vivido una situación cruel que ayer se vio neciamente acrecentada. Necesitan conocer la verdad de lo ocurrido, para lo que es indispensable que se termine con las zonas grises –algo con lo que este medio sigue comprometido–, pero también que se depuren responsabilidades, se haga justicia y reciban finalmente una reparación. La sociedad vasca tiene una deuda con ellos.