El ejercicio mental es sencillo. Piensen en cientos de exmilitantes de ETA que, de manera orquestada, se presentan a una convocatoria pública de ayudas destinada a las víctimas de la violencia de ETA, intentando hacerse pasar por víctimas de sus propias acciones. Imagínense la reacción de los lehendakaris y del arco parlamentario vasco y español. Prevean la dimensión que semejante noticia hubiese recibido en el Teleberri y en otros noticiarios. Calculen la presión que hubiesen recibido los dirigentes de la izquierda independentista para condenar esa práctica inmoral e indecente desde todo punto de vista.

Puestos a imaginar, piensen en la decepción y rabia de todas las personas que en algún momento de su vida apoyaron a ETA –el 77,3% de la ciudadanía, según la última encuesta sobre este tema encargada a Gizaker por el Gobierno de Lakua–, al ver en qué se habían convertido esos militantes y qué poca disciplina mostraban.

En este fantasioso escenario, probablemente otro grupo de exmilitantes de ETA de la máxima autoridad hubiese salido a denunciarlo y a decir que una acción así va en contra de todo lo que defendieron, de su ética revolucionaria y de los principios que les guiaron. Que ni cuando creen que acertaron ni cuando piensan que erraron mostraron semejante bajeza moral. Seguramente, recurrirían a los comunicados y entrevistas en los que la izquierda independentista ha hablado de las víctimas en los últimos diez años. Quizás, terminarían con la Declaración del 18 de Octubre. Es de imaginar.

Este escándalo ha ocurrido y se ha ocultado

Ha pasado una semana desde que publicamos que en torno a 300 agentes de las FSE, especialmente guardias civiles, se han registrado en la llamada «ley de abusos policiales» de la CAV para ser aceptados como víctimas, intentando colarse en el apartado de «incontrolados». No ha habido declaraciones institucionales al respecto. El tema no ha sido tratado en los medios como el escándalo que es. Ningún intelectual ha formulado una tesis sobre las patologías morales que implica ser policía español. No se han pedido comparecencias de comisarios, generales o ministros para que expliquen qué medidas disciplinarias tomarán contra esos funcionarios.

Es difícil saber lo que piensan las personas que en algún momento del conflicto en Euskal Herria estuvieron del lado de las FSE. Si se han enterado, claro. Esas instituciones son responsables de la guerra sucia con fondos públicos. En sus mazmorras está acreditado que se torturó a más de 5.000 personas, y son muchas más. Realizaron más de 30.000 arrestos bajo legislaciones especiales, políticas, de los cuales solo un tercio terminaron en un proceso judicial. En general, ejercieron una represión feroz, con miles de cargas, varios muertos y centenares de heridos y mutilados en movilizaciones.

Todo ello lo llevaron a cabo impunemente, sin sufrir consecuencia penal alguna por sus crímenes, y en muchos casos siendo premiados por ello. Quienes les apoyaban, ¿qué piensan de su última hazaña? ¿No creen que no se puede maltratar a las víctimas de sus acciones de esta manera? ¿Basta ya, o no basta?

La impunidad genera mayor impunidad

La atmósfera de impunidad gamberra es contagiosa. Esta misma semana el sindicato policial Esan exigía a EiTB que rectificase una noticia en la que explicaban que Rosa Zarra murió por un pelotazo de la Ertzaintza. Y va el Ente y accede: «En relación con la noticia emitida el día de ayer respecto a la muerte del empresario José María Aldaia debemos rectificar la mención referida a que la muerte de Rosa Zarra fue causada por una pelota de goma de la Ertzaintza ya que no se pudo acreditar en sede judicial el nexo causal entre la muerte y el impacto». Plantear que Zarra había muerto por «causas naturales» fue muy cruel entonces, y es terrible 26 años después.

EiTB no debe actuar al dictado de policías indecentes, no puede contradecir los hechos para justificar la versión oficial. Sus periodistas no merecen que se les imponga una línea editorial supeditada a los equilibrios de poder que manejan sus responsables políticos. El Ente no puede poner el orgullo del exconsejero Juan Mari Atutxa por encima de la profesionalidad de sus periodistas. Y no puede insultar a las víctimas para contentar a quienes no solo no han pagado por sus delitos, sino que se aprovechan de esa impunidad para imponer su relato. Si quiere ser un medio público de prestigio, EiTB no puede ser un medio gubernamental de manual.