La sentencia del “caso Gürtel” condena a 29 personas a 351 años de cárcel por 28 delitos de prevaricación, 24 de cohecho, 26 de blanqueo, 36 de malversación y otros 20 contra la Hacienda Pública. Números que dan cuenta de la dimensión de una de las redes de corrupción montada por el Partido Popular. Pero más que los números, que también, lo reseñable es que el tribunal da por probada la existencia de una caja B, al menos desde 1989; es decir, desde el mismo momento de la fundación del PP. El fallo de la Audiencia Nacional vuelve a corroborar, por tanto, que no son casos aislados de abuso de confianza o mala praxis, sino que se trata de un modo de hacer las cosas que está presente en el partido desde el mismo momento de su creación. Acredita que, más que ante un partido político, estaríamos ante una organización criminal sobre la que debería estar actuando de oficio la Justicia. La sentencia, asimismo, no considera creíble el testimonio del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que negó en el juicio la existencia de una caja B. En cualquier país democrático, el Gobierno hubiera dimitido ya.

Es en este contexto de corrupción institucional cuando el PNV ha apoyado las cuentas del Gobierno del PP con el objeto explícito de evitar el abismo al que empujaría la ausencia de presupuestos a la situación política española y catalana. A la luz de esta sentencia, todo indica que el PNV apuntaló con su decisión a un partido, a un Gobierno y a un Estado que se van a pique, corroído por la corrupción, imbuido en una dinámica autoritaria y reaccionaria, y sin ninguna credibilidad. La apuesta por la estabilidad en el Estado puede que sirva al PNV para atraer a los votantes del PP y del PSE, pero en ese camino ata el futuro de Euskal Herria a la agonía de un régimen putrefacto.

Como decíamos el miércoles, asociarse a esta banda es, en todo caso, un mal negocio para el PNV. Y todavía peor para el país, que corre peligro de ser engullido por ese agujero negro. Ha llegado el momento de soltar amarras.