La fianza de medio millón de euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto a los miembros del PP que formaban el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Gasteiz entre 2003 y 2007 por el alquiler presuntamente irregular de unos locales se corresponde con la cantidad que ese Tribunal calcula que el Ayuntamiento pagó sobre el precio estimado por los técnicos de su Unidad de Valoración.

El contrato de alquiler ahora investigado tiene una duración de 20 años y su importe asciende a seis millones de euros, cantidad que supera el doble de lo que el empresario propietario de los locales pagó un año antes por ellos; además, contempla su actualización por encima del IPC y el pago de la comunidad. Un escándalo más  intuido hace tiempo en Gasteiz, si bien ese tiempo no ha evitado que el Tribunal de Cuentas haya rechazado la prescripción del caso, posibilidad a la que hasta ahora se agarraban los responsables de esta muestra del desprecio de muchos responsables políticos hacia sus administrados. Alfonso Alonso, a la sazón alcalde de Gasteiz y hoy ministro de Sanidad del Gobierno español; Javier Maroto, entonces concejal de Hacienda y actual alcalde de la ciudad, o Jorge Ibarrondo, antes concejal y ahora senador, no serán recordados por su buena gestión del bien común, lo cual no ha sido óbice para su promoción. Al alcalde de Gasteiz y al ministro de Sanidad, en cualquier caso, la decisión del Tribunal de Cuentas no les parece incompatible con sus cargos.

Se mire por donde se mire, y a la espera de la decisión final, es inadmisible que quien tiene la responsabilidad de gestionar el dinero público lo haga como si fuera propio. Y resulta sangrante que el alcalde de Gasteiz y su partido hayan iniciado una cruzada en busca de quienes, dicen, defraudan a todos los ciudadanos por medio de las ayudas sociales. Unas ayudas que, en vez de reducir y dificultar el acceso a ellas, habría que mejorar, precisamente cuando son más necesarias que nunca. Algo posible cuando se gestiona como se debe.